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La disolución de las Cortes ‘mata’ la ley para modificar la plusvalía en caso por venta de una casa a pérdidas

Interior del Congreso de los Diputados
Salón de sesiones un día de Pleno / Congreso de los Diputados

La disolución de Las Cortes del pasado 5 de marzo para convocar las elecciones generales ganadas por el PSOE ha supuesto la desaparición de muchas iniciativas legislativas de calado. Entre ellas se encuentra la proposición de ley para modificar el impuesto de la plusvalía municipal, con el objetivo de anular el pago de este tributo cuando se transmitiera una vivienda a pérdidas y cambiar el coeficiente que establece cada Ayuntamiento. El contribuyente se queda desamparado y a la espera de que algún grupo parlamentario inicie de nuevo la tramitación de la ley.

En mayo de 2017 el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad de varios artículos que regulan la plusvalía municipal y estableció que no se podía cobrar este impuesto cuando se vendiera un inmueble a pérdidas. También ordenó al legislador la modificación de la normativa para dejar claro en qué supuestos existe incremento de valor del terreno y en cuáles no.

A finales de julio de 2017, el Gobierno del PP aprobó el proyecto de ley para eliminar el pago de la plusvalía municipal cuando se transmite una casa en pérdidas. Llegó a convertirse en una proposición de ley, pero con la disolución de las Cortes para convocar las elecciones generales del pasado 28 de abril la iniciativa se ha quedado en agua de borrajas. El último trámite realizado fue la concesión de un plazo a la Comisión de Hacienda para la elaboración de un informe. En dicho trámite se encontraba la Proposición de Ley desde el 27-10-2018.

Desde el Congreso de los Diputados confirman que esta iniciativa ha caducado y que ahora habrá que esperar a que algún partido político inicie de nuevo la tramitación parlamentaria para regular este impuesto. Según el artículo 207 del Reglamento del Congreso, “disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente”.

Por qué es tan necesaria la modificación del impuesto

José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, recuerda que el Tribunal Constitucional dio un mandato al legislador para que regulase la forma de determinar en qué supuestos hay incremento de valor, y debe exigirse el impuesto, y en cuáles no. Ante la falta de esta legislación, ahora son los Ayuntamientos y los Juzgados los que deciden por su cuenta y riesgo, con el consiguiente perjuicio para el contribuyente.

“Inevitablemente la disparidad de criterios es total y es frecuente que Juzgados de lo Contencioso-Administrativo ubicados en la misma capital de provincia mantengan interpretaciones distintas de un mismo supuesto de hecho. La prueba que en un Juzgado se considera suficiente para demostrar la inexistencia de incremento de valor, no basta en el Juzgado de al lado”, señala Salcedo.

El abogado sostiene que la plusvalía municipal se ha convertido en un “auténtico reino de taifas” y que eso no es bueno ni para los contribuyentes ni para los ayuntamientos.

Consecuencias negativas para los contribuyentes

Son los principales damnificados. En muchas ocasiones se ven obligados a acudir a la vía judicial porque los ayuntamientos desestiman su reclamación. Y en vía judicial el caos es pleno. “A pesar de que el Tribunal Supremo ha dejado claro que la comparación de escrituras es un indicio de prueba válido, suficiente para acreditar la inexistencia de incremento de valor, algunos Juzgados siguen su propio criterio, obligando a los contribuyentes a aportar una prueba pericial. Dicha prueba tiene un coste que, si el importe que se reclama no es muy elevado, convierte el recurso en inviable”, subraya Salcedo.

Y la aportación de una prueba pericial tampoco garantiza ganar el caso, ya que cada juzgado tiene un criterio en cuanto al contenido que deben tener los informes técnicos que se aporten. Mientras tanto, los ayuntamientos siguen desbordados y sin saber cómo actuar.

“La caducidad de la proposición de Ley es sin duda una muy mala noticia, y es de todo punto injustificable. Cuando se cumplen dos años desde la sentencia del Constitucional, y del mandato al legislador para que modificase el impuesto, no es de recibo que dicha modificación legal aún no haya sido aprobada”, denuncia José María Salcedo, que hace un llamamiento a los políticos para que se apruebe la reforma legal del impuesto de plusvalía municipal (regulada en La Ley reguladora de las Haciendas Locales).