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Las claves para entender el nuevo “mazazo” judicial de Europa a la normativa hipotecaria española

Autor: Redacción

Artículo escrito por Carmen Giménez, abogado titular de g&g abogados

Todavía tenemos en “mantillas” la ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que se publicó tras la sentencia dictada por el tjue en el caso aziz, de 14 de marzo de 2013, y Europa nos ha vuelto a dar un nuevo “revolcón”, con su sentencia dictada el pasado 17 de julio, por el procedimiento acelerado

Somos muchos los profesionales del derecho que hemos alegado la superioridad que, a favor de las entidades financieras, nuevamente se pone de manifiesto en dicha regulación legal, la ley 1/2013, siendo que a pesar de plasmarlo ante los tribunales españoles en asuntos absolutamente críticos para las familias al borde de un desahucio, en la mayoría de los casos no se nos ha hecho caso por obedecer a la legislación española y no al derecho que obliga a todos los estados miembros por ser de carácter supranacional o superior

De esta manera se ha vuelto a pronunciar el tjue, en virtud de una cuestión prejudicial planteada por la audiencia provincial de castellón, en referencia a que la nueva regulación del procedimiento hipotecario, y más concretamente la oposición al mismo, contraviene y se opone a la directiva 93/2013/cee sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores así como al artículo 47 de la carta de los derechos fundamentales de la unión europea

Nuevamente el alto tribunal europeo recuerda que la legislación española, contraviniendo claramente la numerosa jurisprudencia de dicho órgano jurisdiccional dictada desde muy antiguo (por poner una fecha próxima nos remontamos a sentencias del año 2.006), faculta, es decir, no obliga, al juez nacional o español, a revisar de oficio si el título ejecutivo o escritura de préstamo hipotecario, contiene cláusulas abusivas. Nuestros legisladores olvidan que lo establecido por la normativa y jurisprudencia europea obliga a los estados miembros, que se trata de normas y exigencias de orden público, y vuelven a caer en más y más errores con el gravísimo perjuicio para los deudores hipotecarios (principales y avalistas) y sus familias

Pero llegando más lejos es que la nueva normativa, la ley 1/2013, tiene previsto que en el caso de oposición a la ejecución hipotecaria por cláusulas abusivas, la resolución que se dicte, si es favorable al deudor hipotecario el banco podrá recurrirla; por el contrario, si es favorable para la entidad financiera, el deudor hipotecario tendrá que “callar”, no podrá recurrir, y se verá abocado a que definitivamente le “despidan” de su vivienda

Y es precisamente esto lo que critica duramente la sentencia dictada el pasado 17 de julio por el tjue, por ir en contra, dicha regulación legal: a la directiva 93/2013 sobre cláusulas abusivas, a la tutela judicial efectiva reconocida en nuestra constitución española y al artículo 47 de la carta de los derechos fundamentales de la unión europea que prohíbe expresamente la desigualdad de armas procesales

Transcribo un interesante párrafo de la importante citada sentencia: “en el supuesto de que se desestime la oposición formulada por el consumidor contra la ejecución hipotecaria de un bien inmueble de su propiedad, el sistema procesal español, considerado en su conjunto y tal y como resulta aplicable en el litigio principal, expone al consumidor, o incluso a su familia, al riesgo de perder su vivienda como consecuencia de la venta forzosa de ésta……..” el sistema procesal hipotecario español  “no constituye un medio adecuado y eficaz para lograr que cese la aplicación de la cláusula considerada abusiva del documento auténtico de constitución de hipoteca sobre el bien inmueble”

Es decir, a partir de ahora, por obligación legal, porque el derecho europeo está por encima del derecho español, nuestros jueces deben de admitir los recursos de los deudores hipotecarios cuando su oposición a la ejecución sea desestimada, y yendo aún más lejos, los jueces españoles tienen la obligación, y por tanto el deber, de examinar con carácter previo, cuando se les plantea un procedimiento hipotecario, si el título en el que se basa el mismo, normalmente la escritura, contiene cláusulas abusivas. Y esto es el carácter “tuitivo” o de “tutela” que debe de tener la administración de justicia para quien acude en busca de su auxilio

Como decía una excma. Magistrada jubilada en una conferencia a la que asistí: “en nuestras oposiciones para jueces no está contemplado, en su temario, el estudio del derecho comunitario, por lo que difícilmente los jueces españoles están preparados para su aplicación”

Y una última reflexión: acaso solo somos Europa porque tenemos el euro? Señores legisladores, pónganse “las pilas” y equiparémonos a la gran mayoría de los países de la unión europea de la que formamos parte. ¿Cuánto van a tardar en redactar esta nueva normativa que ahora exige Europa?

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