Y llegó la fecha. Hoy 26 de abril de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra la sesión en la que debatirá si aplicar la retroactividad total en las cláusulas suelo declaradas nulas o mantener la doctrina del Tribunal Supremo español, que ofrece dicha retroactividad a partir de su sentencia de 2013. Una medida que si finalmente se valida puede hasta 7.600 millones de euros a la banca española. La sentencia del Alto Tribunal Europeo no se conocerá previsiblemente hasta el verano.
Los abogados de la Comisión Europea ya emitieron un informe en el que se mostraron a favor de aplicar la retroactividad de estas cláusulas declaradas nulas y abusivas desde la fecha de la firma del contrato hipotecario. Es decir, que los afectados puedan recuperar el dinero cobrado de más por los bancos desde que comenzó a aplicarles esta cláusula suelo sobre los intereses que tenían que pagar en la cuota mensual de su hipoteca.
Por lo general, entre 2009 y 2010, la paulatina caída del euríbor, principal índice de referencia en la mayoría de hipotecas variables españolas, debería haber favorecido a los hipotecados. Pero esta cláusula suelo impedía que se bajará de un determinado interés.
La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que no se conocerá aproximadamente hasta el verano, podría aumentar la retroactividad que establece el Tribunal Supremo español que actualmente lo fija en mayo de 2013, fecha en la que Alto Tribunal declaró nulas las cláusulas suelo.
Desde hace poco, el Tribunal Supremo ha suspendido tramitar todos los recursos sobre las cláusulas suelo abusivas que tiene pendientes hasta que se conozca la decisión del TJUE.
Distintos juzgados provinciales y asociaciones de consumidores llevan pidiendo que la retroactividad que aplica el Supremo se amplíe a su totalidad. La última más conocida, la macrosentencia de Adicae con 15.000 afectados por cláusulas suelo.
Si finalmente el TJUE decide aplicar la retroactividad total, la medida que podría suponer a los bancos entre 4.500 millones, según la propia banca, o hasta 7.600 millones de euros, según el Banco de España, para los bancos afectados, entre los que se encuentran BBVA, Popular, BMN o Unicaja.
Las entidades financieras llevan provisionando dinero durante los últimos dos años para hacerse cargo de este montante, que puede suponer la mitad de todo lo ganado por el sector bancario el año pasado.
El siguiente paso de este proceso será el próximo 12 de julio. Ese día, se conocerá la postura del abogado general del TJUE sobre el alcance de la retroactividad. Aunque la posición del letrado no es vinculante para el TJUE, suele servir como base legal para que el tribunal adopte una postura similar en su fallo, que se conocerá después del verano.
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