Fiscalidad

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluye la actualización de los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, con subidas de hasta el 50% en algunos de ellos. Es la primera actualización desde la entrada en vigor el pasado mes de noviembre de 2021 del nuevo método de cálculo de este tributo, tras la famosa sentencia del Constitucional contra la forma de calcular dicho impuesto.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha confirmado en una resolución vinculante que los extranjeros no residentes que posean inversiones en España de forma indirecta no tienen que tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio. Por ejemplo, si tienen inmuebles a través de sociedades. Según el despacho de abogados Bové Montero y Asociados, la sentencia aporta seguridad jurídica e impulsará las reclamaciones de lo pagado de más hasta ahora.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado una rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 30.000 euros anuales a través de nuevas deducciones en el tramo autonómico del impuesto, pero sin deflactar la tarifa. En concreto, la región aplicará deducciones de entre 100 y 200 euros, en función de la renta, y que serán ampliables si el contribuyente tiene hijos a cargo. En total, el ahorro previsto es de 75 millones de euros.

Se cumple un año de la sentencia del Tribunal Constitucional (número 182/2021) de 26 de octubre (STC 182/2021), que declaró la inconstitucionalidad del sistema de cálculo del impuesto de plusvalía municipal. Los efectos de dicha sentencia, muy favorables para los contribuyentes, se vieron, sin embargo, empañados por la limitación de dichos efectos. José María Salcedo, socio de Ático Jurídico, recuerda que desde el primer momento se planteó si era conveniente recurrir la plusvalía municipal una vez conocida la sentencia, pero antes de que ésta se publicara en el BOE, algo que ocurrió un mes después, el 25-11-2021. Con la perspectiva que da el transcurso del tiempo, aquellos que recurrieron salieron ganando.

El Gobierno ha confirmado que los Presupuestos de 2023 traerán cambios fiscales. En concreto, bajará el IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros y creará un impuesto temporal que afectará a los patrimonios de más de tres millones de euros. También aumenta la penalización sobre las rentas del capital y las plusvalías de más de 200.000 euros. Las pymes, por su parte, pagarán dos puntos menos de Impuesto de Sociedades, un 23%. Hacienda calcula que todas las medidas aumentarán los ingresos en más de 3.100 millones de euros en dos años.

El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando un plan de rebajas fiscales para las rentas bajas, mientras que también está preparando una subida fiscal para los contribuyentes con rentas más altas. La rebaja fiscal para las familias más modestas se hará de manera selectiva en el IRPF, sin deflactar el impuesto, una medida reclamada en el Congreso por PP y Ciu. En esta reforma fiscal también se encuadran medidas en beneficio de autónomos y pequeñas y medianas empresas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que en los próximos días presentarán un paquete de medidas fiscales que acompañarán en 2023 a los Presupuestos Generales del Estado. Esta batería de medidas incluirá el nuevo impuesto a las grandes fortunas, así como otras iniciativas del PSOE y Podemos que aumentarán la presión fiscal sobre las mayores rentas del país: un alza en el IRPF y mayor gravamen sobre los rendimientos del ahorro.

Más autonomías siguen los pasos de Madrid y anuncian una deflactación del IRPF. La Generalitat valenciana aumenta en un 10% de la cuantía exenta de tributación en el impuesto, el máximo que permite la norma, crea una nueva tarifa autonómica adaptada a la inflación, y amplía en un 10% de todas las deducciones y bonificaciones fiscales, que beneficiarán a las rentas de hasta 60.000 euros al año. La Xunta de Galicia, por su parte, bajará el tramo autonómico a quienes ganen hasta 35.000 euros. En ambos casos, la medida tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.

El pasado mes de julio el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid estimó un recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) que exigía desvelar los incentivos salariales de los inspectores de Hacienda. Ahora es público el complejo sistema de retribución variable que exige un mínimo de actuaciones anuales para cobrar el bonus que varía en función de la agilidad, calidad y complejidad de las actuaciones. El variable supone un 25% del salario total pero la cuantía liquidada sólo supone el 1,4% de cada 100 euros de su retribución total.

La declaración de la renta pueda presentarse de forma individual o conjunta, y es que la Ley del IRPF permite que en caso de que los contribuyentes tengan hijos menores de edad, puedan tributar de forma conjunta. Eso sí, todos los miembros de la familia quedan obligados, de forma solidaria, a pagar la deuda tributaria resultante de la declaración. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra ha resuelto un caso muy interesante donde la Agencia Tributaria obligaba al hijo menor a responder de la deuda tributaria. Sin embargo, la justicia considera que el hijo menor de edad que no ha obtenido rentas sujetas al IRPF no es responsable solidario del pago de dicha deuda.

Dos de las deducciones fiscales que aprobó la Agencia Tributaria el pasado otoño para mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario entran en su renta final. Solo se podrán beneficiar de las bonificaciones por obras que reduzcan la demanda de calor y frío de las viviendas y que reduzcan el consumo de energía no renovable aquellos particulares que lleven a cabo la reforma antes del 31 de diciembre. Los premios fiscales son de hasta el 40% de las cantidades invertidas y están sujetos a varios requisitos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado que ampliará la bonificación al Impuesto de Patrimonio, que pasará de un 25% al 50% en el presupuesto de 2023. Esta comunidad se posiciona al lado de otras gobernadas por el PP que también han adelantado medidas relacionadas con este impuesto. Andalucía ha anunciado que establecerá una bonificación del 100% del impuesto a partir del próximo año y se convertirá, junto con Madrid, en la segunda comunidad que lo elimina de facto.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado en el Congreso que el Gobierno aumentará los impuestos aplicados sobre grandes rentas y patrimonios. Pese a que no ha detallado qué fórmula utilizará, sí ha precisado que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo 1 de enero. Además, ha indicado que, dependiendo de las circunstancias, el gravamen podría prolongarse en el tiempo.

El Tribunal Supremo ha vuelto a ponerse del lado de los contribuyentes en contra del criterio de las haciendas autonómicas. En concreto, ha dejado sin tributar la adjudicación de la vivienda habitual tras un divorcio en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD) porque estima no hay una donación cuando uno de los excónyuges se queda con la vivienda habitual y asume el 100% de la hipoteca. En una sentencia del pasado 12 de julio de 2022 (recurso 6557/2020), el alto tribunal abre la puerta a solicitar devoluciones tributarias.

El Gobierno municipal ha aprobado las modificaciones en las Ordenanzas Fiscales que se aplicarán en 2023 y entre ellas destaca una bajada del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, que afecta a 526.300 inmuebles. A partir del 1 de enero, el tipo general pasará al 0,4%, el más bajo permitido por la Ley de Haciendas Locales, frente al 0,56% actual. Esta rebaja fiscal supondrá una merma recaudatoria de 1,5 millones solo durante el año que viene, según calcula el Ayuntamiento.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que deflactará un 4,1% los tramos de la tarifa autonómica del IRPF, con el objetivo de que surta efectos en la Declaración de la Renta de los madrileños.Así lo ha indicado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasq

Los contribuyentes cada vez están sometidos a una mayor presión fiscal en España. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, referentes al ejercicio 2020, la presión fiscal ligada al IRPF se ha disparado un 27% en menos de 20 años. Y es que cada contribuyente ha aportado de media 6.000 euros más en 2020 que en 2002, como consecuencia de las subidas de los salarios y las pensiones y el aumento del tipo efectivo del tributo.

El Gobierno regional ha aprobado el proyecto de Ley que desarrolla la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, y que inicia ahora su tramitación parlamentaria. Con esta medida, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de enero de 2023, se unifica e incrementa al 25% el porcentaje de deducción en todos los parientes por consanguinidad de segundo y tercer grado, frente al 15% y el 10% aplicados hasta ahora, respectivamente. Supondrá un ahorro fiscal de 48,3 millones de euros.

El pasado 11 de diciembre de 2019 el Tribunal Supremo sorprendía con una sentencia desfavorable para las empresas que compran oro y cualquier otro tipo de objeto usado a particulares, para su reventa. Y es que declaró que debían pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). La reacción de las administraciones autonómicas fue exigir el pago de este tributo a las empresas y de forma retroactiva, es decir, de los últimos cuatro años. Sin embargo, una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR, que depende de Hacienda) de Canarias rechaza el cobro de este impuesto y anula las liquidaciones dictadas por la Administración.

El Tribunal Supremo vuelve a poner contra las cuerdas a Hacienda al establecer que es posible la deducción de los gastos financieros, como los intereses de los préstamos, en el Impuesto de Sociedades. El Alto Tribunal deja claro que no es posible deducirse los gastos acreditados y contabilizados cuando constituyan donativos. Pero sí serán deducibles los gastos efectuados con clientes, proveedores o los realizados para promocionar la venta de bienes y prestación de servicios.

La famosa reforma fiscal del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprobada en 2014 y que entró en vigor el 1 de enero de 2015 está sobre la mesa del Tribunal Constitucional. En dicha reforma se eliminaron los coeficientes de abatimiento para quienes compraron casa antes de 1994. Pero también se suprimieron los coeficientes de actualización, que permitían que quien vendiera una casa pudiera ajustar la ganancia obtenida a la realidad y pagar menos en el IRPF. Ahora el Constitucional debe valorar si la eliminación de dichos coeficientes de actualización es contraria a la Constitución. En caso afirmativo, sería una gran alegría para muchos contribuyentes que hayan vendido una casa en 2015 y años posteriores.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un particular que interpuso un recurso para pedir a un ayuntamiento la devolución del impuesto de plusvalía, al considerar que esta liquidación "es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura". Así, esta sentencia va a facilitar las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia de ganancia con la venta de un inmueble sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

Son muchas las dudas sobre las herencias, sobre todo si no son las habituales. Conviene recordar que independientemente del grado de parentesco hay que pagar impuestos como Sucesiones o la plusvalía municipal y que a veces también afecta al IRPF. Repasamos de forma práctica los principales tributos que afectan a las herencias de tíos a sobrinos, cuánto se paga en cada comunidad autónoma y qué sucede si no existe testamento.

La deducción por compra de vivienda habitual desapareció hace 10 años, pero son muchos los contribuyentes que todavía se están beneficiando de esta bonificación en el IRPF gracias a su régimen transitorio. Según los datos de Hacienda, 3,2 millones de personas se aplican esta deducción, por la que el Estado y las CCAA dejan de ingresar 1.965 millones de euros. En plena burbuja, había 6,6 millones de beneficiarios y el coste para la Administración rondaba los 5.200 millones.

Los españoles que viven en el extranjero también pueden pagar impuestos en España. La startup IberianTax recuerda que el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes es el tributo específico al que deben hacer frente miles de expatriados cada año si disponen de una vivienda en territorio español, ya sea para uso personal o para alquilar.