Fiscalidad

El pasado 8 de julio el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 14/2022 sobre Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, una normativa en la que el Gobierno, vía enmienda, ha “colado” un nuevo impuesto que afecta a parte de la población española. Se trata de una reforma del impuesto de gases fluorados, que ya existía, pero sólo se repercutía a los que vendían directamente los gases fluorados al consumidor final. Sin embargo, con el cambio, se grava la fabricación o instalación de equipos de refrigeración, como es el aire acondicionado o un congelador. El precio subirá hasta un 10%.   

Se cumple un año de la entrada en vigor en el BOE de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, una normativa que ha traído un aumento impositivo en las operaciones inmobiliarias en el ITP, IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio. Desde el pasado mes de enero toda compra de vivienda usada o toda herencia o donación de un inmueble debe tributar en base al nuevo valor de referencia de Catastro, un valor que, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, ha aumentado en un 17,1% de media los impuestos a pagar. Resumimos las principales medidas que afectan a la vivienda.

El 41% de los españoles considera que en España se paga mucho en impuestos, frente a un 46,5% que considera que regular y un 9,6% que poco, al tiempo que casi un 80% no cree que los impuestos se paguen con justicia y más de un 90% piensa que hay bastante o mucho fraude fiscal, según el estudio 'Opinión pública y política fiscal (XXXIX)' realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El verano es la época del año en que más tiempo solemos pasar en la segunda residencia, ya sea en la playa o en la montaña. Y es importante saber que este tipo de viviendas no están exentas de declararse en el borrador del IRPF, aunque se haga un uso residual de ellas a lo largo del año. No incluir una segunda residencia vacacional en nuestra declaración de la renta, podría conllevar al pago de intereses o incluso enfrentarnos a un procedimiento sancionador por parte de la Agencia Tributaria.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid obliga a la Agencia Tributaria a facilitar toda la información sobre las normas que regulen los incentivos que se aplican a los inspectores de Hacienda en el desarrollo de sus funciones. Así, da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) que tendrá acceso a los incentivos contemplados en el denominado “complemento de productividad” y también a los criterios para la aplicación de esas normas.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid acaba de mover los cimientos de la credibilidad de la Agencia Tributaria. Ha condenado a dos años de cárcel y una multa de 18,8 millones de euros a Leonor Sánchez-Caballero, una alta funcionaria de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, por estafar, junto a otras tres personas, 6,2 millones de euros en devoluciones del IRPF a varios futbolistas y algunas estrellas del baloncesto. Estos contribuyentes de alto poder adquisitivo no han sido nunca ni evasores fiscales ni defraudadores, sino víctimas de una trama cuyos tentáculos llegaban hasta el fisco.

Dos sentencias del Tribunal Supremo han declarado que el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad profesional, en respuesta a sendas demandas interpuestas por CC.OO. en Euskadi.

Se acerca agosto y aunque gran parte del país se paraliza, la Agencia Tributaria no descansa… prueba de ello es que, pese a existir los famosos días de cortesía (30 días al año) en los que, supuestamente, el fisco no puede enviar notificaciones electrónicas al contribuyente, Hacienda se salta esta medida y puede seguir enviando notificaciones, pero en papel. Así lo ha confirmado en una resolución el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

La Dirección General de Tributos ha resuelto una consulta hecha por un contribuyente sobre si puede dejar de pagar las cuotas de un fraccionamiento de la plusvalía al haber sido declarada inconstitucional y, por tanto, resulta imposible recaudar este tributo. Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda rechaza esta posibilidad porque la sentencia del Constitucional impide beneficiarse de la declaración de inconstitucionalidad a los que no reclamaron la devolución de la plusvalía antes del 26 de octubre de 2021, fecha en que se hizo pública dicha sentencia.

La Agencia Tributaria ya lleva seis años enviando avisos a los contribuyentes a través de los borradores de la renta para que declaren de forma voluntaria los ingresos que obtienen por arrendamientos de inmuebles. Solo este año ha enviado más de 700.000 notificaciones. Desde que empezó su lucha contra el fraude fiscal, ha destapado 7.100 millones de euros vía alquileres en negro y ha recaudado 860 millones de euros extra.

El Tribunal Supremo reconoce el efecto retroactivo de la nulidad de las sanciones por parte de Hacienda a particulares que no han declarado sus bienes y derechos situados en el extranjero, el conocido como modelo 720. Así, considera, al igual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el régimen sancionador vulnera las obligaciones que le incumben a España y lesionan la libre circulación de capitales, dado que tales sanciones resultan "desproporcionadas" respecto a las sanciones previstas en un contexto puramente nacional.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias carga contra Hacienda tras analizar el impacto que está teniendo en el mercado la llegada del nuevo valor de referencia de Catastro como base imponible de impuestos como el ITP, que grava la transmisión de viviendas usadas. Según la FAI, tres de cada cuatro agencias inmobiliarias en España han intermediado en operaciones donde dicho valor superaba el valor de escrituración de los inmuebles, lo que ha provocado que los compradores paguen hasta un 17% más de impuestos de media.

La Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado cómo deben tributar las empresas promotoras y constructoras en la nueva plusvalía municipal, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó la forma de cálculo de este impuesto. Las compañías deben pagar este tributo cuando compren terrenos para levantar viviendas y posteriormente venderlas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una ampliación de hasta el 25% de la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, dando continuidad a las bajadas tributarias llevadas a cabo en esta legislatura. “Actualmente está al 15% entre los hermanos y 10% entre tíos y sobrinos, pero en cuanto esta medida se pueda aprobar en el Parlamento de Madrid, será efectivo al momento y empezará a beneficiar a más de 11.500 contribuyentes”, ha desgranado la dirigente madrileña. Además, supondrá un ahorro de 48,3 millones de euros a los madrileños.

En 1999 el Gobierno español modificó la normativa que regula la plusvalía municipal, el impuesto que se paga al vender un inmueble y desde entonces los extranjeros no residentes en España quedan liberados de declarar y pagar este tributo. Es decir, el Estado les ha liberado de esta obligación, pero se la traslada, por ley, al comprador. Conviene tener en cuenta cinco cuestiones básicas a la hora de comprar un inmueble a un extranjero no residente, como, por ejemplo, que es posible exigir al vendedor el impuesto pagado.

“La voracidad de Hacienda me ha devuelto a mis orígenes, la pobreza”. Así lo afirma Agapito García. Pero ¿quién es? Muy pocos lo saben, pero ha llegado a ser la persona física que más dinero debía a Hacienda. Según la última lista de deudores publicada por el ministerio que dirige María Jesús Montero, García debía 15 millones de euros, lejos de los 26,8 millones de euros que llegó a adeudar al fisco en 2015, primer año en que se hizo pública la lista de los mayores morosos de España, tanto empresas como personas. El hecho de ser la persona más deudora de nuestro país llamó la atención del cineasta sevillano Alejo Moreno, que ha producido el documental “Hechos Probados” y que gira en torno a Agapito, pero que el trasfondo es otro: es la continua vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles. Porque en el fondo… todos podemos llegar a estar en la misma situación que Agapito García.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que bajará el tipo del IBI del 0,456% actual al 0,4%, el mínimo legal, a partir de 2023. Esta medida supondrá un ahorro de 110 millones de euros para las familias a través de 2,2 millones de recibos y empresas de la ciudad. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, durante el debate del estado de la ciudad. Esta medida se incluirá en el proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año, aunque para que salga finalmente adelante tendrá que aprobarse definitivamente en el Pleno de diciembre.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo que cada año tienen que pagar los propietarios de todos los inmuebles –viviendas, garajes, locales…- sólo por tenerlos. Constituye una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos. A la hora de vender un inmueble, éste queda afecto al pago de las deudas pendientes de dicho tributo, lo que significa que el comprador puede verse obligado a pagar el IBI que el vendedor haya dejado sin pagar. Por eso, antes de formalizar la compraventa, es importante saber el alcance de dicha responsabilidad y cómo evitarla.

La crisis económica derivada de la pandemia, ha hecho estragos en la economía mundial. Muchos trabajadores han visto modificada su situación laboral debido al coronavirus.

Europa acaba de condenar a España a indemnizar a aquellos contribuyentes que vean el derecho comunitario vulnerado. Aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sólo cuestiona los requisitos para reclamar en caso de infracción del Derecho europeo, interesa preguntarse si dicha resolución podría abrir la puerta a flexibilizar los requisitos exigidos para reclamar una indemnización cuando se haya vulnerado la Constitución española. En esta situación se encuentran aquellos contribuyentes afectados por la última declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal.

España de nuevo sale liderando un ranking en negativo. Esta vez, nuestro país sale en la foto por contar con el tipo máximo a las herencias más alto del mundo, ya que llega al 81,6%, según datos de EY y el Consejo General de Economistas y recogidos por el diario Expansión.

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2021 finaliza este jueves, 30 de junio, si bien hoy miércoles es el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas, según el calendario de la Agencia Tributaria.De esta forma, los contribuyentes disponen ya poco más de un día para con

Tirón de orejas del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España. En una sentencia hecha pública ayer, el organismo dicta que España tendrá que indemnizar a los particulares que han reclamado responsabilidad patrimonial al Estado por incumplir leyes comunitarias. Así, se anulan las trabas que el Gobierno español puso en 2015 para evitar resarcir a los ciudadanos, mediante la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.

Los divorciados que se vieron obligados a abandonar su casa por decisión judicial están en vilo. El Tribunal Supremo va a decidir si tienen derecho a aplicarse la exención por reinversión en vivienda habitual del IRPF. Porque uno de los requisitos para disfrutar de este beneficio fiscal es que la vivienda vendida sea la habitual y que ésta no haya perdido tal carácter ya que el contribuyente dejó de vivir en la misma hace más de dos años. Ahora, el Alto Tribunal puede abrir la puerta a que los contribuyentes afectados puedan solicitar la rectificación de autoliquidaciones presentadas y así recuperar lo indebidamente pagado a Hacienda.