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Lazora desmiente a Colau: los 20 pisos protegidos siempre estuvieron alquilados

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador contra Azora y ésta lo desmiente

Exterior del edificio / Lazora
Exterior del edificio / Lazora
Autor: Redacción

La guerra entre el Ayuntamiento de Barcelona y Lazora sigue abierta. Tras abrir un expediente sancionador por “incumplir la obligación de alquilar”, la empresa desmiente rotundamente que las 20 viviendas protegidas estuvieran vacías: “los pisos han estado y están alquilados desde que comprara el edificio con protección oficial en el año 2010.

El consistorio asegura que en el inmueble, situado en el número 11 y 12 de la plaza Alfons Comín, han detectado 20 pisos desocupados durante periodos de hasta tres años entre 2016, 2017 y 2018. Sin embargo, Lazora lo desmiente y asegura que se trata de una campaña de desprestigio contra la empresa por razones ideológicas e intereses partidistas.

En opinión de Lazora, “con un mínimo de diligencia y de forma muy sencilla, el Ayuntamiento podría haber comprobado en registros públicos que dichas viviendas habían estado ocupadas antes de iniciar el expediente”.  Además, desde la firma añaden que “el uso de la potestad sancionadora de los poderes públicos con fines propagandísticos y políticos para acosar a los administrados es ilícito. Tanto Azora, como sujeto erróneo del expediente incoado, como Lazora, como propietario del edificio, van a iniciar las acciones legales (civiles, administrativas y penales) que en su caso puedan corresponder contra el ayuntamiento y las personas físicas responsables de estas actuaciones, incluido aquellas dirigidas a denunciar procedimientos administrativos llevados a cabo de forma irregular.

Lazora ha referenciado los más de 50 contratos de arrendamiento firmados durante los períodos señalados de las 20 viviendas denunciadas en los que el Ayuntamiento de Barcelona afirma que estuvieron desocupadas, y ha entregado pruebas de la intensa labor de comercialización realizada en el edificio donde en 4 años se han firmado 124 contratos sobre un total de 66 viviendas.

Al tratarse de viviendas protegidas los contratos se visan y autorizan por la Administración Pública. “Resulta extraño e inexplicable que la Concejalía de Vivienda no haya solicitado a la Agencia de L’Habitatge los contratos de alquiler de esas viviendas, pudiendo haber comprobado que han estado y están alquiladas de forma acorde a la normativa y precios establecidos por la propia Administración”, señalan desde Lazora.

Además, añaden que con la divulgación de la apertura del Expediente Sancionador declarando a Azora culpable de la infracción, el Ayuntamiento ha infringido el principio de presunción de inocencia, los principios de “objetividad” y el de “buena fe” que establece la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del sector Público, y el derecho de los administrados a la confidencialidad que establece la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo y la Ley Estatal de Transparencia. “Igualmente, las personas concretas del Ayuntamiento que han divulgado los datos relativos al expediente han incumplido numerosos principios regulados en el Estatuto Básico del Empleado Público como el de confidencialidad e imparcialidad”, señalan desde la firma.