El Consejo de Ministros portugués ha anunciado un paquete de medidas ante el incremento de los precios de la vivienda y de la subida de los alquileres vividos en los últimos años. Estimulará, sobre todo, el mercado del arrendamiento con excesiones fiscales a los alquileres de larga duración, junto a ayudas para la rehabilitación y el acceso a viviendas asequibles.
El Gobierno socialista de António Costa pretende mitigar la subida de los precios de las viviendas y de los alquileres con medidas que potencien arrendamientos de larga duración, sobre todo a aquellas personas de mayor edad o con algún grado de minusvalía.
Este proyecto se basa en siete medidas y ha sido bautizado como la Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH) y ahora debe pasar por la Asamblea de la República. Según datos del Gobierno, más de medio millón de alquileres son contratos de solo un año. "Pretendemos garantizar el acceso de todos a una vivienda adecuada y fomentar la rehabilitación de los edificios, según afirmó el ejecutivo lujo.
Para ampliar la duración de los contratos de arrendamiento, se ofrecen deducciones fiscales en las rentas por el alquiler a los propietarios que firmen contratos de tres años o más de duración. El Gobierno informó tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros que se ha aprobado un paquete de medidas que aseguren que el arrendador va a cobrar el alquiler y que permita a los inquilinos seguir pagando la renta.
Para aquellos contratos de alquiler de larga duración, de 10 años o más, tendrán también aún más beneficios fiscales, bajando las tasas del 28% al 14%. "Que estos alquileres representen una verdadera alternativa a la adquisición de casa propia".
Los inquilinos mayores de 65 años podrán tener lo que se ha llamado 'alquiler vitalicio', a los que se unen aquellos inquilinos que presenten un grado de discapacidad por encima del 60%. Si estos arrendatarios llevan más de 25 años en la misma tendrán derecho a la renovación garantizada en el contrato, algo parecido a los alquileres de renta antigua en España.
Entre otras medidas del gobierno portugués se encuentra las ayudas para las familias más desfavorecidas y un programa de alquiler social para las personas con ingresos medios pero que tengan dificultades para poder adquirir una casa en propiedad. Se ofrecerán ayudas a aquellos edificios que se rehabiliten y dediquen sus viviendas al alquiler.
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