La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sancionado con 120.000 euros a Sareb por "obstruir" las medidas de la administración regional para garantizar la función social de las viviendas protegidas. Según la Ley Antidesahucios andaluza, que está recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, las entidades financieras deben facilitar el inventario de las viviendas protegidas que poseen.
Pese a que esta norma regional se encuentra suspendida de forma cautelar por el Constitucional, lo cierto es que esta medida solo afecta a algunos de sus artículos como el que permite la expropiación temporal del uso de viviendas para evitar desahucios.
Sin embargo, según la Junta, siguen vigentes los artículos que permiten "sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas", lo que ha posibilitado multar a la Sareb.
La Consejería de Fomento asegura que la Sareb señaló primero que disponía de 911 viviendas de protección oficial (VPO) en Andalucía, un dato que se incluyó en el recurso del Gobierno contra la ley autonómica, aunque después, en las alegaciones a raíz del expediente abierto por la Junta, reduce ese número a 98.
Andalucía cobrará al desahuciado por expropiar su vivienda al banco
La junta de Andalucía ha aprobado el real decreto que contempla la expropiación temporal de viviendas embargadas por los bancos para evitar el desahucio. Aunque este real decreto se va a tramitar como proyecto de ley en el parlamento, el gobierno andaluz ha matizado quiénes serán los beneficiarios de esta medida: deudores hipotecarios al borde de ser desahuciados de su vivienda habitual, con sólo una casa en propiedad y en insolvencia sobrevenida. A cambio, deberán pagar una contribución
Echavarren: "probablemente ningún fondo desembolsará un euro en comprar viviendas en Andalucía en los próximos tres años"
El pasado 11 de abril se publicó en el boletín oficial de la junta de Andalucía el decreto ley 6/2013, de 9 de abril de “medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda”. Dicha ley pretende presionar a las entidades jurídicas propietarias de viviendas desocupadas, ubicadas en dicha comunidad autónoma, para que arrienden sus viviendas desocupadas, fundamentalmente mediante medidas coactivas alegando que la vivienda tiene una finalidad social que no se c
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