Jóvenes menores de 40 años con rentas bajas, los grandes damnificados por el ITP del alquiler
Entre 1995 y 1999 Cristina Cifuentes fue directora del Colegio Mayor Universitario Antonio Miguel Caro, una residencia femenina de la Universidad Complutense de Madrid. Por aquel entonces Cifuentes era una treintañera que hacía sus pinitos en política y ocupaba su primer cargo de cierta responsabilidad. Sin embargo, apenas dos décadas después ha decidido recuperar un impuesto que penaliza especialmente a los jóvenes profesionales en los que hoy se han convertido aquella generación de estudiantes.
Los mayores damnificados por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de exigir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en los arrendamientos son los jóvenes menores de 40 años con rentas inferiores a los 25.620 euros. Este perfil se corresponde con más del 50% de los inquilinos de la región, según los datos de la empresa Alquiler Seguro.
Ellos serán los primeros en recibir la ‘amistosa’ carta que la Agencia Tributaria madrileña está enviando de manera masiva para requerir la liquidación del impuesto. ¿Por qué? Precisamente porque son el colectivo más fácil de ‘fichar’ por Hacienda: firmaron un contrato legal y solicitaron la deducción autonómica de alquiler, para lo que era necesario que el propietario depositase la fianza en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima).
“Sus datos son los más fáciles de cruzar”, apuntan desde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), además de confesar con cierta pesadumbre que “los que mejor cumplen con la Agencia Tributaria son los que más vigilados están y los primeros a los que van a pillar”. Argumento con el que está de acuerdo Carmen Giménez, especialista en fiscalidad de la vivienda de G&G Abogados, quien lamenta que “al final es lo de siempre, pringa la clase media-baja”.
Una medida recaudatoria
Pese a ser una decisión polémica, Cifuentes se ha visto obligada a recuperar esta tasa ‘fantasma’, que jamás se había cobrado desde su aprobación el 24 de septiembre de 1993 por el entonces ministro de Economía Pedro Solbes, para sanear las maltrechas arcas autonómicas después de más de ocho años de crisis. Madrid ha seguido los pasos de Andalucía y Cataluña, donde se cobra desde 2011 y 2013, respectivamente. Otras regiones como Asturias o Galicia también han ‘resucitado’ este tributo ante la falta de liquidez.
El año pasado la Generalitat ingresó 6,4 millones de euros gracias al ITP de alquiler, una cifra que podría estar animando a Madrid a incrementar sus ingresos por este concepto. Sin ir más lejos, entre 2012 y 2014 la recaudación por esta vía apenas ascendió a dos millones de euros, según han reconocido a idealista news fuentes de la Comunidad.
Las estimaciones de Alquiler Seguro hablan de entre 450.000 y 500.000 viviendas en el mercado legal de alquiler. Además, los expertos hablan de hasta un 25% más de alquileres no declarados, que son casi imposibles de perseguir para la Administración.
Sin posibilidad de recurrir
“Desde que empezó la crisis detectamos que Hacienda ha entrado en modo ‘guerra de guerrillas’. Antes no se perdía el tiempo en exigir lo que ahora sí exige”, asegura José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico. Para Salcedo la estrategia de cobrar el ITP en los alquileres es “perfecta para recaudar” sin que la Administración tenga que enfrentarse a los temidos recursos judiciales y sus elevados costes.
“Lo más normal es que todos esos inquilinos, que al final van a pagar muy poco, no se molesten en recurrir ante la posibilidad de perder y tener que pagar las costas judiciales. A lo mejor un contribuyente que reciba una reclamación de miles de euros sí recurre, pero dudo de que otro que debe pagar 80 euros lo terminara haciendo”, explica.
En este sentido, los técnicos de Hacienda estiman que lo lógico sería empezar por los inquilinos con las rentas más altas “dentro de los que se desgravan la vivienda, ya que serán los que deberán pagar más interés”.
Y es que la Comunidad de Madrid pretende aplicar el tributo con efecto retroactivo y cobrando intereses de demora por no haberlo abonado en tiempo y forma. El plazo para exigir el pago es el de cuatro años a contar desde el último día en el que es obligatorio el pago de dicho impuesto (hasta 30 días después de la firma del contrato). Es decir, cuatro años y mes y medio aproximadamente.
Además, desde Gestha también se recuerda que la medida “podría afectar a los inquilinos que en su día sí abonaron el impuesto pero no lo han hecho cuando han renovado el contrato. Cada vez que se renueva, al ser considerado un contrato nuevo, hay que pagarlo”.
Efecto sobre el mercado de alquileres
Aunque aún es pronto para valorar el impacto de la medida en el mercado de alquiler, la polémica que se ha generado en torno al ‘resucitado’ impuesto ha hecho que los más agoreros ya hablen de un efecto negativo sobre un sector que había recobrado la pujanza durante los años de crisis económica. Incluso hay también un amplio grupo de inquilinos que planea declararse ‘insumiso’ frente al ITP de alquiler.
Sin embargo, Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, considera que “exigir el cumplimiento de este impuesto es una manera de apoyar y fortalecer el régimen de alquiler” y propone destinar la recaudación “a dotar de más medios humanos y técnicos a los juzgados combatiendo así la morosidad, otra de las lacras que afectan negativamente al alquiler, o la creación de un censo fidedigno de viviendas en arrendamiento”.
Eso sí, Carroza también estima que es “imprescindible” modernizar las formas de recaudación del impuesto: “no solo debería liquidarse mediante el uso de papel timbrado o la presentación del modelo en el organismo correspondiente, sino que deberían instaurarse métodos telemáticos”.
Además, para ajustarlo a una realidad tan cambiante como el mercado de alquiler y evitar la tentación de no abonarlo, el consejero delegado de Alquiler Seguro que una fórmula viable de cobro sería “ligarlo al IRPF en viviendas o al Impuesto de Sociedades, en el caso de oficinas y locales”.
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Algunas comunidades autónomas con escasa liquidez han empezado a girar liquidaciones a los arrendatarios para cobrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en los contratos de alquiler. Si el inquilino no lo abona, se lo podrán reclamar al propietario. El plazo para exigir dicho pago es el de cuatro años. Salvo que se quiera iniciar un larguísimo pleito contra la Administración, no hay manera de librarse del pago.
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Quizá te haya llegado ya, si no estará a punto. Si vives de alquiler en la Comunidad de Madrid y has firmado un contrato de arrendamiento en los últimos cuatro años, es muy probable que en los próximos días recibas una carta nada amistosa firmada por Isabel Asenjo Arroyo, subdirectora general de gestión tributaria de la Comunidad de Madrid. En ella te exigirá que pagues el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Y no solo eso, además te cobrará intereses de demora por no haberlo abonado cuando tocaba, en el momento de hacer el contrato.
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La Comunidad de Madrid está empezando a exigir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en los arrendamientos. Aunque hasta ahora no se había controlado, su aplicación estaba prevista en el Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1993. Legalmente, el alquiler se considera 'adquisición onerosa' porque el inquilino adquiere un derecho de uso de la vivienda por un período determinado a cambio de un precio.
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En el sistema tributario español hay un pequeño impuesto prácticamente desconocido para los ciudadanos: el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en el alquiler de viviendas y que paga el inquilino. ¿Pero el itp no se paga sólo cuando se compra? pues no, también en el alquiler y es tan desconocido que apenas se paga y las comunidades autónomas tampoco lo reclaman. Sin embargo, existe y se contempla en la regulación del ITP La principal pregunta que surge es por qué se paga en el alquiler de la vivienda un impuesto que generalmente se habla sólo de él cuando se compra una vivienda. Ramón falcón de tella, catedrático de derecho financiero de la universidad complutense, explica que el alquiler también se considera una adquisición onerosa, como lo es la compra. “El inquilino adquiere un derecho a usar la vivienda por un período determinado a cambio de un precio, por tanto es una adquisición onerosa (TPO)”, señala. De hecho, así está regulado en la ley sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
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