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El Gobierno Foral de Bizkaia han dado luz verde a la subida de los valores catastrales sobre las más de 500.000 propiedades inmobiliarias en este territorio, que llevan sin actualizarse desde hace 40 años. La media de esta actualización cuadriplicará su tasación global pero deja en manos de los ayuntamientos la aplicación de los tipos a aplicar sobre el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que quedarán entre el 0,0,2% y el 0,6% del valor catastral.

Después de casi cuatro décadas sin ponerse de acuerdo, las Juntas Generales de la Diputación Foral de Bizkaia han decidido actualizar las normas forales del Impuesto de Bienes sobre Inmuebles (IBI) y del Catastro Inmobiliario. el valor catastral que afecta a los inmuebles, ya sean urbanos o rústicos, dentro de la provincia española. Esta medida afecta a alrededor de medio millón de inmuebles que llevan 40 años sin actualizar su valor.

Muchos inmuebles se han alejado de su valor ‘real’ después de tantos años sin actualizar los datos del catastro que afectan directamente al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En muchos casos el valor catastra los inmuebles ha llegado a ser hasta 30 veces inferior a su actual valor en el mercado.

La media realizada afirma que de un valor tasado de 16.630 euros, con la actualización el valor se cuadriplicará hasta los 68.000 euros de media. El valor catastral afecta directamente al cálculo del IBI. En el País Vasco, como llevaba años sin actualizarse creo un impuesto del valor mínimo atribuible (VMA), que se modifica cada año en función de la evolución del mercado.

Para que no afecte tanto la modificación del valor catastral y evitar el llamado ‘catastrazo’ y una gran subida de impuesto, la normativa modifica los porcentajes que deban aplicar los ayuntamientos de la provincia vizcaína. Hasta ahora era entre 0,4% y el 3% del valor catastral, y con la nueva regulación pasa a entre el 0,02% y el 0,6% como máximo.

Otra norma que el Ejecutivo foral amplía es la de permitir a los ayuntamientos subir hasta un 50% el IBI por las viviendas vacías. Una decisión que se deja en manos de los propios consistorios municipales.

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