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La Generalitat destinó 109 millones de euros en 2016 para ayudas en vivienda y evitar desahucios

"Más dinero que nunca". Así resumió la consellera de Gobernación y Vivienda, Meritxell Borràs, el balance de las prestaciones y ayudas en materia de vivienda durante 2016. Borràs, junto al secretario de Vivienda, Carles Sala, presentó los datos aprovechando el anuncio de la nueva web de vivienda y la puesta en marcha de la campaña "Una porta oberta a l'habitatge" (una puerta abierta a la vivienda) que tiene como objetivo informar de todas las herramientas que dispone el ciudadano en esta materia.

En la misma línea, la consellera hizo hincapié en que la Generalitat prioriza no solo paralizar desahucios, sino evitarlos. El gobierno catalán dispone de varios instrumentos para garantizar la vivienda y evitar la última consecuencia, dejar en la calle a las familias en riesgo de exclusión social. Las ayudas a los pagos, tanto del alquiler como de la hipoteca, la mediación para resolver casos de sobre endeudamiento o realojamiento son algunas de las fórmulas a las que recurre la consellería y que han supuesto un gasto de 109 millones para las arcas públicas de 2016, un incremento de 25 millones de euros respecto a 2015.

Todos los recursos están destinado a prevenir desahucios. Las prestaciones al pago del alquiler, una opción cada vez más extendida en oposición a la propiedad de una vivienda, son las que más han crecido en el último año. Mientras que en 2012 ofrecieron 17.093 ayudas al pago del alquiler, en 2016 creció hasta 50.357. Desde la consellería consideraron que esas prestaciones fueron también una forma indirecta de parar desahucios que no se materializaron por prevenirlos a tiempo.

Borrás recalcó la intención de la nueva campaña que es la de que las personas no acudan tarde a resolver los problemas con la vivienda y así evitar la situación más trágica. "Todo son facilidades para que puedan quedarse en su casa", dijo la consellera. Respecto a interlocutores como entidades financieras, celebraron tanto Borràs como Salas que haya habido un cambio de actitud por su parte, si más no, una mayor predisposición a mediar en situaciones de sobre endeudamiento. 

El borrador de los presupuestos para 2017 que presentó el conseller de Economía, Oriol Junqueras, el pasado noviembre reservaba 400 millones para vivienda, que se desglosaban en 329,2 millones para vivienda y actuaciones urbanas y 71 millones para ordenación del territorio y urbanismo. Vivienda formaba parte de la partida de Territorio y Sostenibilidad en 2016 y se trasladó la competencia a Gobernación en los futuros presupuestos. Entre las medidas que pretende llevar a cabo el Ejecutivo es el de reducir pisos vacíos e impulsar nuevos programas sociales en materia de vivienda. En 2016 fueron 88.052 familias las que se beneficiaron de ayudas en vivienda.

PdeCat pedirá desalojos exprés en el Congreso

Las ayudas para no llegar al desahucio y, por ende, a que esas familias acaben o en la calle u ocupando la vivienda, por eso, van en línea con la proposición de ley que PdeCat, la nueva marca de CiU, que gobierna la Generalitat, presentará mañana en el Congreso de los Diputados la medida contra la ocupación ilegal de viviendas a través de "desalojos exprés" que en palabras de Lourdes Ciuró, la portavoz de Justicia de PdeCat en el Congreso, "quien ocupe ilegalmente una vivienda deberá desalojarla por orden judicial inmediatamente, a menos que acredite en un corto plazo de tiempo un título de propiedad o alquiler que le habilite para permanecer en ella".

Esta iniciativa presentada por el equipo liderado por Francesc Homs en el Congreso busca garantizar la propiedad privada y advierte no busca que se aplique en personas que impaguen sus rentas de alquiler o cuotas hipotecarias. Tampoco podrá afectar a los grandes tenedores de fincas. Según PdeCat, la propuesta tiene como objetivo "combatir las mafias que organicen okupaciones ilegales en viviendas, aprovechándose del vacío legal actual para extorsionar al pequeño propietario que quiere recuperar su piso".