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La Comunidad Valenciana se pone seria con los pisos vacíos. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Comunidad Valenciana impondrá sanciones por infracción "muy grave" a aquellas entidades bancarias y grandes tenedores que no comuniquen su stock de viviendas vacías.

El gobierno valenciano avisará de que si no comunican sus viviendas vacías durante los próximos seis meses, se les impondrá una sanción de entre 600 y 3.000 euros. Posteriormente, en caso de no ponerlas a disposición para alquiler social o de no alquilarlas a un precio asequible, podrán ser multados con cantidades similares.

Para llevar a cabo estas sanciones, la Consellería recurrirá a la Ley de Función Social de la Vivienda, publicada el 3 de febrero de 2017. Desde entonces han aflorado 7.000 viviendas vacías procedentes, en su mayoría, de diez entidades financieras. Para proceder, la Conselleria enviará una carta a los bancos para recordarles su obligación de cumplir la ley.

Con el objetivo de lograr un alquiler asequible, María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, también ha explicado que su departamento prepara un de referencia para un alquiler asequible que, además, identificará, por barrios, las zonas "tensionadas" con mayor presión en los precios del alquiler.

Este índice tendrá en cuenta la ubicación, el tamaño de la vivienda, las calidades de los materiales, la certificación energética, y toda una serie de parámetros, para fijar una horquilla de precios de referencia del alquiler y limitar su subida. La idea es "consensuar" los márgenes con los propietarios, dado que hay experiencias en otros lugares en los que imponer precios de forma "unilateral" no ha funcionado, ha recordado.

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