Información sobre vivienda y economía

Los dos párrafos desconocidos del derecho a una vivienda digna en la Constitución (art. 47)

Gtres
Gtres

El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica trajo durante años un aumento de los desahucios de vivienda, especialmente por la incapacidad de muchas familias de pagar las hipotecas, y también imposibilitó que muchos jóvenes se independizaran ante los bajos salarios. Por aquel entonces muchos expertos recurrieron al artículo 47 de la Constitución española que habla del derecho a una vivienda digna para denunciar la falta de ayuda por parte de instituciones y empresas privadas.

Hoy en día, con la crisis superada, este artículo vuelve a estar sobre la mesa de políticos y movimientos sociales para reclamar una vivienda digna ante las subidas del precio de la vivienda tanto en compra como de alquiler en determinadas ciudades españolas, como Madrid o Barcelona.

Desde un punto de vista legal, el artículo 47 es un principio de política social y económica en la Constitución, no un derecho fundamental, una crítica que le hacen algunos partidos y movimientos sociales a la CE. Esto en la práctica significa que el constituyente entendió que este principio no debería ser vinculante para el legislador, con el objetivo de que se transformara en derecho a través de la actividad ordinaria de los legisladores. Pero al no ser un derecho fundamental, hay un margen más amplio a interpretaciones ideológicas, algo que deja claro Javier Burón, gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.    

Javier Rodríguez Heredia, director de inversión de Azora Europa, insiste en que no es un derecho fundamental, por lo que no está por encima de todo y “su defensa no puede ser a costa de atacar Derechos y Libertades de la Constitución, tales como el derecho a la propiedad privada (art.33) o el de libertad de empresa en una economía de mercado (art.38), cuya garantía y protección corresponde precisamente a los poderes públicos según la propia Constitución”.

José Luis Ruiz Bartolomé, consultor y analista inmobiliario, pone de relieve dos interpretaciones que se hacen sobre el artículo:

- Una de ellas es “desde una posición colectivista o comunista, que interpreta que se trata del reconocimiento de un derecho real y efectivo a tener una vivienda”, señala Ruiz Bartolomé. Pero la objeción que hace el experto a esta interpretación es que se trata de un mero principio rector de la política socioeconómica y no un derecho fundamental, como lo son el derecho a la propiedad privada y a la herencia. “Por lo tanto, y en cuanto que sería lesivo para estos derechos especialmente protegidos, la interpretación comunista del precepto no tiene cabida en nuestro ordenamiento por mucho que desde algunos altavoces se esté difundiendo de esta manera”, sostiene.

- La otra interpretación es que la Constitución reconoce el derecho que tienen los ciudadanos a que los poderes públicos garanticen, desde la igualdad de oportunidades y del respeto de la propiedad privada, que las viviendas que el mercado ofrezca sean dignas y adecuadas. “De hecho, el artículo hay que leerlo en su totalidad, no sólo la primera frase, que puede dar lugar a confusión”, insiste Ruiz Bartolomé.

“Esta lectura es compatible con que un Estado social y democrático de Derecho como es el nuestro tenga entre sus atribuciones la de proporcionar techo a los excluidos o amenazados de exclusión social”, añade.

En líneas generales, cuando se habla del derecho a una vivienda digna, casi siempre se alude sólo a la primera frase del artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero se obvia el resto del artículo que es igual o más importante:

“Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

El papel de los poderes públicos y el uso del suelo

El artículo 47 hace referencia al papel de la Administración Pública para hacer efectivo este derecho. En este sentido, Javier Rodríguez hace hincapié en que no es responsabilidad de la iniciativa privada. Y añade que para promover este principio rector se debe “regular el uso del suelo para evitar la especulación. Es inaudito que estando en manos de los poderes públicos la creación el suelo, este sea un bien escaso. Y es también insólito que estando en manos de las administraciones la regulación del suelo, no se haya regulado para que sea rentable fabricar vivienda protegida a precios asequibles por debajo de mercado”.

“Queda claro que la norma está conminando a los políticos a promover condiciones de mercado sanas y equilibradas, lejos de burbujas especulativas”, subraya Ruiz Bartolomé.

Javier Burón, en cambio, señala que, aunque el artículo hable directamente de los poderes públicos, no son los únicos en promover las condiciones para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, sino que también debe haber colaboración privada para que sea realidad. "Los medios que hay no son suficientes para facilitar una política pública que dé resultados. Y no sólo se trata de construir obra nueva, también está la opción de comprar edificios de viviendas o rehabilitar edificios", añade. 

El artículo 47 también menciona al suelo como un elemento para evitar la especulación. Mikel Echavarren, CEO de Colliers España, considera que lo que se quiso decir en ese artículo se refería a que para evitar posibles especulaciones en el mercado de la vivienda las Administraciones Públicas gestionarían y tutelarían la evolución del coste del suelo a través de los instrumentos urbanísticos que tienen.

“Es decir, en ningún caso se indica que intervendrían directamente en el mercado de la vivienda, sino que su herramienta se centraría exclusiva o fundamentalmente en evitar que el mercado especulase con el suelo. Es por tanto en esa gestión en la que deberían centrarse, y en la que han fracasado estrepitosamente al dilatar los procesos de desarrollo urbanístico favoreciendo el incremento del coste del suelo y añadiendo incertidumbres que precisamente atentan contra el derecho de la vivienda. En resumen, su falta de diligencia en la gestión ágil del desarrollo del suelo ha provocado que el derecho al acceso a la vivienda sea limitado”, sentencia Echavarren.

Las plusvalías de la acción urbanística pública

Por último, también se habla de plusvalías de manera abstracta. Javier Rodríguez Heredia aclara que este párrafo lo que quiere decir es que son las plusvalías de las acciones urbanísticas y no los ahorros privados los que deben financiar este principio rector. “Con un parque público de vivienda 10 veces menor a lo que tienen nuestros vecinos comunitarios, nos preguntamos qué ha pasado con todo el dinero que se ha generado con las cesiones de suelos a las administraciones durante los últimos 20 años”, sostiene. 

Critica que sólo se lea la primera línea del artículo 47 para “justificar la intervención del mercado, para exigir que sea el ahorrador privado y los inversores institucionales los cubran la ausencia de un parque público y asequible, y para tapar 15 años de ausencia de políticas de vivienda y cubrir el desvío de las plusvalías de la acción urbanística a otros fines distintos que el promover el derecho a una vivienda digna”.