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Los precios de la vivienda en arrendamiento vuelven a 2017, según la Agencia Negociadora del Alquiler

Pixabay
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Autor: Redacción

Artículo escrito por Sergio Zurdo, director de estudios de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA)

Los datos de mercado siguen mostrando subidas en los alquileres. Según los datos de idealista, vemos que el precio que hay actualmente en septiembre de 2020 se sitúa en los 11,5 €/m2, es decir el precio de la vivienda en alquiler se encarece un 1,3% frente al trimestre anterior y más de un 5% interanual. El dato que facilita el portal se basa sobre la oferta viva de inmuebles en su web, pero si este dato lo trasladamos al precio medio de viviendas alquiladas, nos estamos encontrando una bajada importante de los precios, equiparándose los mismos a los que había en el tercer trimestre de 2017.

El mercado del arrendamiento, como también ocurre con el precio de la vivienda en venta, se está ajustando a la baja influenciado por la pandemia que estamos viviendo. El ejemplo más claro lo podemos ver en la evolución trimestral del primer trimestre de 2020, cuando la pandemia no se había establecido completamente en nuestra sociedad y el precio por m2 aumentó en torno a 3 puntos porcentuales con respecto el cuarto trimestre de 2019. En los siguientes informes trimestrales seguiremos viendo una tendencia de corrección de precios, se frenará el crecimiento y se pasará a una recesión en los mismos.

La variación anual del precio por m2 se ha incrementado salvo en tres comunidades autónomas (Baleares, Canarias y Madrid). Las comunidades en donde más se ha incrementado el precio en alquiler por m2 es Galicia y Castilla y León (un 7,6% y un 5,9% interanual, respectivamente).

Pero si miramos la variación del precio por m2 en término trimestrales encontramos hasta seis con un ajuste negativo y si nos vamos a la variación mensual son 12 comunidades autónomas las que experimentan bajadas en los precios del alquiler, además de que las que experimentan un crecimiento muy moderado. Los dos mayores incrementos son los de Navarra y Cataluña, con alzas inferiores al 2%.

Además de lo dicho anteriormente, podemos ver en el INE cómo el IPC ha bajado durante seis meses consecutivos, reflejando una situación de incertidumbre provocada por la pandemia. Una bajada tan continuada no se había visto desde 2016. 

Estos datos comentados anteriormente reflejan la evolución del mercado, cómo se ha incrementado la oferta (un 63% desde el inicio de la pandemia, según idealista) y cómo dicha subida no ha ido acompañada de un incremento de la demanda, por lo que los precios se están regulando a la baja.

A todo ello hay que añadirle, como se ha dicho en párrafos anteriores, el impacto de la pandemia, que, aunque no ha sido determinante, sí ha afectado en cierta medida a que los precios bajen, provocando que muchos inquilinos con salarios afectados por el covid-19 o en situación de ERTE decidan no cambiar de vivienda esperando a una bajada de precios y a que se arroje un poco de luz sobre este problema.

Algo totalmente distinto puede suceder en el mercado de alquiler en Cataluña, con la ley recientemente aprobada por el Parlament catalán, para establecer un control de precios. Esta es una medida populista que va a ser contraproducente ocasionando a corto y medio plazo una situación de inseguridad e incertidumbre entre los propietarios que deseen alquilar sus viviendas y una disminución de la oferta de vivienda que no podrá satisfacer toda la demanda de alquileres que hay en Barcelona, además de que podrá estimular la economía sumergida con el pago en B.

Esta nueva normativa prevé multas de entre 3.000 y 90.000 euros (Infracción grave) por alquilar el piso por encima de los establecido por la Agencia de Vivienda de Cataluña, exceptuando subidas por mejoras que se hagan en la vivienda, y que si no hay un control provocará la misma situación que se dio en Berlín en el año 2015, que los precios se dispararon debido a que los propietarios evitaban el control acometiendo pequeñas reparaciones en la vivienda.

Este control de precios es inconstitucional y atenta contra la propiedad privada, según el Consejo de Garantías Estatutarias y los letrados del Parlamento. Todo dependerá del Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra para aprobar o tumbar dicha ley, pero que hasta su decisión seguiría activa, salvo que el recurso lo presentara el Gobierno.