Los deberes de las inmobiliarias al nuevo Gobierno: más seguridad jurídica y transparencia

El 66,6% de las redes de intermediación inmobiliaria afronta el segundo semestre del año con una perspectiva de crecimiento “igual o similar” a la de los seis meses precedentes. Sin embargo, el sector no se muestra impasible frente al nuevo ciclo político inaugurado tras el escrutinio de votos del 23J. Estos profesionales demandan al nuevo ejecutivo actuaciones concretas, sobre todo encaminadas a dotar su actividad de mayor seguridad jurídica y profesionalización, para lo que incluso demandan medidas regulatorias de control y transparencia, pero siempre alineadas con los intereses reales del sector.

Nueve de las principales redes de agencias inmobiliarias españolas han aceptado responder a un cuestionario enviado por idealista/news con el título ¿Qué espera el sector de la intermediación inmobiliaria de la nueva legislatura? En una primera entrega, conocimos que entre sus demandas más importantes destacaban el fin al tope del alquiler y la petición de alcanzar un pacto de Estado en materia de vivienda. En esta segunda entrega, los encuestados responden a la pregunta de ¿qué tres medidas principales considera que deberían promoverse a lo largo de la nueva legislatura?

En conjunto, sus opiniones representan a 1.612 puntos de venta y un operador exclusivamente online. Una muestra representativa con nombres propios, en orden alfabético: Alfa Inmobiliaria, Century 21, Coldwell Banker, Engel & Völkers, la proptech Housell, Look and Find, Redpiso, Re/Max y Tecnocasa.

Un segundo semestre igual que el primero

La opinión generalizada es que la formación del nuevo Gobierno de España no va a impactar de modo positivo ni negativo en una cuenta de resultados, ya marcada por el propio devenir del mercado. El 66,6% de las respuestas (seis redes) optan por la opción de que en el segundo semestre del año su actividad continuará igual o similar. Sin embargo, dos se despegan del consenso, indicando que sus previsiones apuntan a un empeoramiento. Tan solo una opta por un segundo semestre mejor.

No es ninguna sorpresa, “la demanda ha bajado como consecuencia de la subida de los tipos de interés”, resume Lázaro Cubero, Director de Análisis del Grupo Tecnocasa.

Su efecto desacelerador está presente en todas las opiniones: “En los últimos meses estamos observando tomas de decisión más largas, ofertas más agresivas y mayores dificultades para conseguir crédito”, resume Juan-Galo Macià, CEO de Engel & Völkers España y Portugal.

François Carriere, CEO de Coldwell Banker, introduce un matiz al señalar que “depende de la situación económica de cada persona. Aquellos a los que afecte directamente en su economía diaria la subida de precios o de los tipos de interés, dejarán su decisión para ver cómo evoluciona la coyuntura, y se mantendrán a la espera”.

Razón por la que muchos esperan una ralentización del mercado. Es el caso de Jorge Torrent Dolz, gerente de Franquicias de Look & Find: “El mercado inmobiliario está experimentando una ligera desaceleración. El número de compraventas de viviendas lleva meses descendiendo, mientras que los precios se mantienen relativamente estables. Consideramos que esta seguirá siendo la coyuntura durante el segundo semestre del año”.

Qué pide el sector al nuevo Ejecutivo

A juzgar por el número de demandas y su disparidad, el nuevo Gobierno no debería esperar mucho para poner manos en el asunto. El sector de la intermediación inmobiliaria sobre todo pide al nuevo Ejecutivo que se forme tras las Elecciones Generales seguridad jurídica, medidas que dinamicen el mercado y apoyo a la profesionalización a través de mayor transparencia y algún tipo de habilitación formativa.

Acción política alineada con el sector

Sorprende que el sector demande medidas, eso sí alineadas con sus necesidades reales. Desde Tecnocasa se apunta directamente a la importancia de “promover un pacto de Estado de la vivienda”, desde Engel and Völkers, “regulación”.

Javier Sierra, director regional de Re/Max España, explica su propuesta: “Crear a nivel estatal y autonómico los organismos específicos que trabajen con los agentes inmobiliarios y con toda la industria para identificar y resolver los problemas de vivienda en España. Viviendas para nosotros, y para los millones de extranjeros que desean comprar en nuestro país”. 

Sierra considera que el futuro del sector pasa por “promover una política de vivienda a futuro. España es, o puede ser, algo así como La Florida de Europa, y de ello más que de ninguna otra cosa, depende nuestro futuro económico como país”.

Pero la intermediación es consciente de que estas políticas deben ser equitativas para atender a todas las necesidades. Ricardo Sousa, CEO de Century 21 para España y Portugal, pide “promover el parque público de viviendas, ya sea de iniciativa cien por cien pública o mixta. Esto incluye fomentar la producción de vivienda pública-privada destinada al alquiler asequible, como se ha implementado con el Plan Vive Madrid”. Además, recuerda, “que actualmente solo representa el 2% del total de inmuebles, mientras que en otros estados europeos como Países Bajos esta cifra alcanza el 30% del total”..

También considera importante “buscar solución a la situación de endeudamiento, o exceso de esfuerzo, al que se enfrentan las familias españolas al acceder a una vivienda a través de alquiler o crédito hipotecario, cuyo porcentaje puede igualar o superar el 50% de sus ingresos”. Como tercera medida propone prestar atención al acceso a la vivienda de los jóvenes.

Desde el operador online Housell, su CEO, Guillermo Housell, apunta una propuesta novedosa: “Se debería incentivar que las tasadoras reguladas por el Banco de España cobren una mayor relevancia e importancia en el inicio del proceso de venta”. Su apuesta pasa por convertirlas en un agente imprescindible para quien pone una casa a la venta, del mismo modo que se exige el Certificado de Eficiencia Energética: “Porque si las tasadoras hacen una regulación de los precios en el área bancaria o en el momento del préstamo hipotecario, creo que también deberían tener un papel importante en la certificación de las valoraciones en el momento en el que se pone a la venta un inmueble”.

Las peticiones en el orden fiscal también están presentes en este apartado de peticiones dependientes de la acción política: François Carriere, de Coldwell Banker, recuerda la pertinencia de bajar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Potenciar la imagen del sector

Sorprende que parte de estas demandas apuntan a la mejora de la imagen de sus servicios, incluso reclamando un mayor control de la actividad.

 “Aumentar la seguridad jurídica de forma simétrica y equilibrada para ofertantes y demandantes”. Es la petición de Torrent Dolz de Look and Find, que además viene acompañada de la petición de medidas para “promover y vigilar desde las administraciones que correspondan la calidad en el servicio, la transparencia, la seguridad y la protección del consumidor”.

Y es que la reputación del sector preocupa. Como recuerda Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, “cómo en todos los sectores hay quien daña la imagen del resto de profesionales”. Por ello considera que “una de las acciones que más ayudaría a las agencias inmobiliarias es cambiar la percepción que se tiene”, y para hacerlo propone una campaña informativa, “orientada a compradores, arrendatarios y propietarios, para que conozcan sus derechos y los puedan exigir, seleccionando de esta manera con qué agencias quieren trabajar”.

Llegados a este punto, Manuel Fernández, CEO de Redpiso, pone el acento en la disparidad de la regulación geográfica: “Hay que unificar criterios entre las distintas comunidades y organismos para simplificar los procesos e interpretaciones de forma notable, tanto para las inmobiliarias como para los clientes”.

La profesionalización pasa por una habilitación

Entre la cascada de medidas propuestas, un buen número también apunta a trabajar por la profesionalización del sector. Y aquí, además de la digitalización, la formación se considera esencial, como señala Manuel Fernández de Redpiso: “Hay que promover la formación certificada, por ejemplo, con ciclos de grados superiores en Intermediación inmobiliaria”.

Con similar finalidad, Jesús Duque de Alfa Inmobiliaria, propone “crear un título habilitante para ser agente comercial de una inmobiliaria y un registro donde el consumidor pueda comprobarlo”. En su opinión hay que apostar por la transparencia: “En la publicidad debería ser obligatorio poner los honorarios de la agencia y quien los tiene que pagar que, por supuesto, será quien efectúe el encargo”.

Desde Housell, Guillermo Llibre, insiste en regular con títulos acreditativos al agente: Es un sector muy atomizado de más de 40.000 profesionales que juegan un rol muy relevante a la hora de llevar a buen puerto algo tan importante en la vida como es una compraventa y, por ende, en gestionar los intereses de compradores y vendedores. Creemos que los intermediarios son importantísimos, pero es necesario que se le forme y certifique”.