En un movimiento que marca un nuevo capítulo en el pulso entre el Govern catalán y el Gobierno central, la Generalitat ha enviado un requerimiento desde Cataluña para reclamar que la aplicación del tope del precio del alquiler incluya el índice catalán, y no solo el índice español. Esta solicitud refuerza la postura previamente anunciada por la consejera de Territorio, Ester Capella, el pasado 20 de marzo.
El requerimiento, enviado por el departamento de Territorio al ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, está firmado por el secretario general del departamento, Joan Jaume y Olmos. En él, se exige al gobierno español que enmiende la resolución con la que aprobó el sistema estatal de índice de precios de referencia, el cual determina el alquiler máximo que los propietarios pueden pedir a sus inquilinos.
El Gobierno catalán lamenta que no se haya permitido aplicar el índice catalán, considerado más apropiado para las peculiaridades de la región. Territorio recuerda al gobierno español que su propia normativa lo obliga a tener en cuenta los índices que puedan existir en las comunidades autónomas, como Cataluña.
Según el documento enviado, la resolución del ministerio de Vivienda vulnera claramente las previsiones normativas y supone una invasión competencial en materia de vivienda. El Gobierno considera que esta resolución podría ser anulada por los tribunales si no se enmienda.
En este sentido, se solicita que se modifique la resolución para que mencione los índices de referencia autonómicos en coexistencia con el estatal y prevea mecanismos de colaboración entre autoridades, tal como se había acordado en los trabajos técnicos previos.
El objetivo del Govern catalán es que el límite del tope de precios se determine con el índice catalán cuando este se sitúe dentro del rango establecido por el índice estatal, y que cuando el índice catalán salga de dicho rango, se aplique el superior o inferior del índice estatal que esté más próximo.
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