Los economistas alertan de los efectos adversos de limitar el alquiler y piden incentivos

Los economistas de Madrid y Cataluña se unen para criticar el índice de referencia de los precios del alquiler que puso en marcha el Gobierno hace un mes para topar los precios en zonas tensionadas. 

En unas jornadas organizadas por los Colegios de Economistas de ambas autonomías, han alertado de los efectos adversos que tiene para el mercado la penalización y el control de las rentas. Y han insistido en que la solución al problema del alquiler en España pasa por los incentivos para aumentar la oferta y por consensuar las políticas con el sector. 

Durante la inauguración del acto, la decana del CEMAD, Amelia Pérez Zabaleta, ha recordado la importancia que el acceso a la vivienda tiene entre las máximas preocupaciones de los españoles. “Además de los problemas económicos, el paro, la sanidad o la educación, la vivienda se ha posicionado como una inquietud creciente”, ha afirmado. Y también ha añadido que la puesta en marcha del índice suscita dudas en un sector preocupado por los "efectos adversos que este tipo de medidas puedan tener" sobre el mercado.

Por su parte, Carles Puig de Travy, decano del Colegio de Economistas de Cataluña, ha insistido en la necesidad de más inversión pública. “La vivienda es un derecho fundamental y está maltratado por los políticos. Se dedica sólo el 1% del gasto público a la vivienda”, ha remarcado. En su opinión, ante la “falta de oferta, hay que hacer políticas expansivas. En materia de vivienda la colaboración pública-privada es muy importante”, y es necesario que haya más diálogo en esta materia entre Administración y sector. “La regulación sobre la vivienda tiene que consensuarse con el sector”, ha remarcado. 

Las jornadas estuvieron moderadas por Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, quien defendió que “la solución no pasa por la penalización y por el control de precios, sino por la creación de incentivos que incrementen la oferta de vivienda a medio y largo plazo”. Sobre la declaración de zonas tensionadas, activa de momento solo en Cataluña, ha recordado que las administraciones tienen que elaborar planes específicos “como exige la ley” y esos planes “tienen que ser realistas, que tengan un calendario y estén consensuados con todos los actores involucrados”.

El acto promovido por los economistas también contó con la participación de varias voces inmobiliarias. Una de ellas fue la de Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), quien se mostró muy crítico con la regulación actual: “Esta ley surge de la necesidad del apoyo de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que la aprobación de una ley de estas características va a tener un efecto contrario al deseado, vulnera el derecho a la propiedad y produce unos efectos asimétricos entre propietarios y grandes tenedores”.

También afirmó que, "en un país que necesita viviendas, sobre todo nueva, estamos asistiendo a la marcha de la inversión internacional. Aquellas zonas donde se está reforzando la seguridad jurídica es donde más inversión atraen. Estamos a las puertas de entrar en una dinámica de difícil retorno. Las políticas de la vivienda tienen que plantearse desde un punto de vista pragmático y no ideológico”.

Mikel Echavarren, presidente y CEO de la consultora Colliers España y Portugal, también criticó la normativa y afirmó que “es una hipocresía considerar que los ingresos netos de muchos españoles no llegan para pagar el alquiler, pero que, sobre el salario medio, el Estado se lleve el 50% del coste salarial”. “Te quitan el dinero, pero es solidario con tu pobreza” ha ironizado.

Según el directivo, “la intromisión del Estado limitando tus rentas -y, antes, limitando cuánto pueden incrementarse tus rentas- es ilegítima e inmoral porque es un contrato entre privados en el que los riesgos y los beneficios deben estar equilibrados”.

Echavarren recordó que hasta el Banco de España cree que “las intervenciones tienen siempre efectos nocivos; trasvase a contratos de temporada, a contratos turísticos, al mercado negro, trasvase a viviendas en venta, a alquiler por habitaciones, etc”. Y pidió un “pacto nacional” de los principales partidos y que se escuche a todas las partes, incluidos inversores y promotores. 

Otra de las intervenciones la protagonizó Óscar Gorgues Griñán, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, quien explicó que la tensión en los precios viene provocada por el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. En este sentido, argumentó que “la oferta es escasa y la demanda tiene menos poder adquisitivo”.

Según Gorgues Griñán, “estamos a la mitad de la oferta inmobiliaria en alquiler que antes de la pandemia y la oferta en venta está en una tendencia negativa que no ha tocado suelo”. Así, teniendo en cuenta el contexto actual, “es dudoso que la regulación de precios pueda dinamizar el mercado”, alertó. 

En la clausura del encuentro, José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, expuso que la regulación sobre la vivienda debe cumplir ciertas condiciones: la búsqueda de la transparencia para conocer la evolución del mercado, aplicar políticas públicas para incrementar la oferta y facilitar la aplicación de medidas fiscales.

“Ninguna de las tres se cumplen”, expuso. Y añadió que estamos ante legislación de excepción, se legisla por Real Decreto Ley y eso da inseguridad jurídica. Estamos en una legislación viciada de origen en cuanto a su capacidad y calidad técnica normativa. Por tanto, los efectos no son perversos, son anunciados”, apostilló. 

En opinión de García Gómez, estamos ante políticas que “pretenden un cambio de estructura social y económica. La pérdida de valor de un derecho fundamental, del derecho a la propiedad, en favor de la Administración Pública es un cambio de modelo que busca la dependencia del Estado”. Y concluyó que“la inversión extranjera ha caído de los 58.000 millones de euros a los 26.000 millones de euros. La desconfianza afecta a toda la Marca España”.