El anuncio oficial del Anteproyecto de Ley de Vivienda de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, abre el proceso de tramitación parlamentaria que se espera concluya tras el verano de 2022. Entonces, serán las comunidades autónomas las que decidirán si finalmente ponen en marcha los mecanismos habilitados para declarar zonas tensionadas del mercado de alquiler y todo lo que implica: congelación de las rentas a cambio de dar incentivos fiscales a pequeños propietarios o aplicar un límite de precios a grandes tenedores cuando el índice este preparado, a más tardar en 2024.
Una parte importante de las medidas que contempla la futura Ley de Vivienda quedará en manos de la decisión de los gobiernos de las comunidades autónomas de aplicarlas o no. La congelación de las rentas del alquiler o la mayoría de incentivos fiscales a los pequeños propietarios de pisos estarán limitados al visto bueno de las autonomías. El presidente del PP, Pablo Casado, y varios presidente autonómicos ya han comunicado que no van a aplicar las medidas incluidas en la Ley de Vivienda en las regiones donde gobiernan.
Las bonificaciones en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF), que para los nuevos contratos se reducirá al 50% del impuesto, frente al 60% actual, solo subirá de forma general en toda España, independientemente de la decisión de la comunidad autónoma sobre la Ley de Vivienda, en los casos de realizar una rehabilitación o mejora de la vivienda para ponerla en alquiler, en los dos años anteriores, con lo que bonificación alcanzará al 60% de los ingresos obtenidos. Y subirá al 70% si se cede el inmueble residencial a las administraciones públicas o a una organización sin ánimo de lucro.
El resto de bonificaciones anuncidas, de hasta el 90% en algunos casos, solo serán aplicadas si la CCAA correspondiente decide declarar un municipio, o parte de él, como zona tensionada en el mercado del alquiler. Para alcanzar ese 90% de bonificación en el IRPF, el pequeño propietario con un piso de alquiler en una zona tensionada debe rebajar voluntariamente un 5% el precio de la renta a su arrendatario.
La otra deducción planteada es la del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Igualmente, dependerá de la declaración oficial como zona tensionada, siguendo los trámites a cumplir y pasos planteados en la Ley de Vivienda.
Además de la congelación de precios, y los beneficios fiscales a pequeños propietarios, quedará aproximadamente para 2024 la posibilidad de limitar las rentas del alquiler en zonas tensionadas a las viviendas en alquiler de personas jurídicas declaradas como grandes propietarios, aquellos con más de 10 viviendas o más de 1.500 m2 residenciales.
El Mitma se ha dado un plazo máximo de 18 meses una vez que se apruebe la ley, previsto para el segundo semestre de 2022, para poner en marcha los índices de referencia de zonas tensionadas, que servirán de referencia para aplicar un control de precios.
Dicho índice de precios se basará en referencias en datos catastrales, de otros ministerios o en registros ya existentes en las autonomías, como el depósito de fianzas, según fuentes del ministerio dirigido por Raquel Sánchez. El objetivo es que los datos sean lo más actualizados posibles, ya que las cifras basadas en la fiscalidad tienen un año de retraso respecto a los precios actuales de la vivienda.
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