Las sociedades anónimas digitales, una vía para armonizar los impuestos en Europa

Las multinacionales americanas surgieron hace bastantes décadas y acabaron dominando el mundo empresarial internacional. En muchas ocasiones, se las ha calificado como entidades más importantes e influyentes que muchas de las naciones en las cuales habían abierto una filial, todo sea dicho, con la aquiescencia de los gobiernos de turno, que veían como una muestra de su prestigio como país el que esas multinacionales les “concedieran” la dádiva de establecerse en ese país y generar empleo, precario en muchos casos, pero, al fin y al cabo, empleo.

Por su parte, la Unión Europea lleva tiempo pergeñando la posibilidad de establecer impuestos mínimos y normas específicas que acoten la ausencia práctica de pago de impuestos de estas multinacionales que, aprovechándose de la competencia fiscal entre los propios Estados, sitúan su radicación donde más les conviene, y cuando no, simplemente ponen grandes centros corporativos en paraísos fiscales, desde donde pasan facturas relevantes por “management fee” a sus filiales en los diferentes países en los que se han establecido a lo largo del mundo.

Pensar en un acuerdo multilateral de los principales países del mundo occidental sobre cómo debe tributar una multinacional, especialmente si es americana, es como pedirle peras al olmo; ni las da ni las va a dar. Acordar un impuesto de sociedades mínimo queda muy bien, pero luego llega la picaresca de cómo minorar las bases imponibles en los países en los que se vaya a tributar a un tipo mayor.

A Estados Unidos le viene muy bien el modelo actual, y no digamos a sus altos ejecutivos que cobran sueldos multimillonarios por maximizar el valor de los accionistas, aunque parte de ello sea por pagar menos impuestos o por someter a los trabajadores de producción en países subdesarrollados a un nivel de precariedad desconocido desde el denominado liberalismo “manchesteriano” de la primera mitad del siglo XIX.

Probablemente, el problema radique en la conformación de los estados nacionales que se produjo en la Edad Moderna. La vinculación de ciudadanos y empresas con la nación en la que radican se ha considerado como un axioma para el funcionamiento tanto nacional como internacional de dichos Estados. No se concibe que exista una sociedad anónima que no tenga un domicilio social real en uno de los 200 países que, más o menos, existen en la actualidad. Pero, hete ahí, que sí se permitió la existencia de paraísos fiscales desde los años 50 del siglo XX, y de grandes multinacionales que tienen su ámbito de producción y distribución en todo el mundo.

Habría que preguntarse por qué los países, al menos los del mundo occidental, no reaccionaron ante esta ofensiva que permitía que tanto las empresas como sus principales ejecutivos fueran capaces de realizar movimientos de capital, salarios e impuestos entre países, con el objetivo de maximizar tanto los beneficios netos de sus accionistas como los suyos propios como ejecutivos.

Puede que parezca que no hay solución a esta situación, pero resulta que desde hace unos 30 años se ha generalizado el uso de Internet como eje del proceso de globalización que, en paralelo, ha cambiado tanto cultural como empresarialmente, los modelos de actuación de particulares y empresas. Todo está conectado; todo está en la red. Los que siguen pensando en cómo no pagar impuestos se han inventado las criptomonedas, y con servidores situados en Eslovenia o en Macao mueven dinero y obtienen beneficios sin que los Estados nacionales sean capaces de detectarlo y de realizar la lógica exacción fiscal sobre estas plusvalías.

¿Cuál es el fundamento de este nuevo panorama digital en el que ya estamos inmersos? Sencillamente que muchos prefieren la soberanía de Internet a la soberanía nacional. Un auténtico golpe al concepto de Estado nacional que sirvió de base para los grandes pensadores que dieron a luz el modelo con el que convivimos: Locke, Montesquieu, Rousseau, etc.

Bueno, a lo mejor, es que tenemos que evolucionar, igual que se hizo en los siglos XVII y XVIII, saliendo para siempre de la oscuridad medieval. Ahora, es posible que tengamos que cambiar nuestro paradigma por otro que asuma como líneas básicas la globalización y su vehículo, Internet.

El primer paso para un cambio cultural de esta naturaleza sería la radicación de las empresas multinacionales, así como el modelo de gestión financiera basado en bancos nacionales. Se ha podido comprobar, después de 30 años, que no existen bancos paneuropeos; como mucho, se compra una filial, y en muchos casos, pasados unos años se vende o se cierra, porque la idiosincrasia de cada Estado nacional hace inviable la lógica integración, con las sinergias que ello supondría.

Pero se supone que vamos a ser capaces de incorporar una nueva moneda, el euro digital, que estaría disponible para el año 2026, y que estaría controlado por el Banco Central Europeo (BCE) y, por tanto, no sería sospechoso de ser un vehículo de evasión fiscal, como lo son los bitcoins y el resto de las criptomonedas.

Realmente, un euro digital sería simplemente un euro que, en lugar de estar impreso en papel o en moneda física, estaría emitido de forma electrónica, con todas las garantías europeas. Sería el primer paso para la futura eliminación del dinero físico, y el punto de partida de las sociedades anónimas digitales.

En el fondo, el euro digital sería un medio más de pago sin tener la obligación de tener nuestro dinero en efectivo o en la cuenta corriente de un banco, y se utilizaría para hacer pequeños pagos en el día a día. Sería un primer paso para democratizar el uso del dinero, monopolizado actualmente por el sistema bancario.

La propuesta que hacemos desde estas páginas es la creación de las nuevas sociedades anónimas digitales europeas (SADE… mejor en su acrónimo inglés, EDPLC (European digital public limited company)) las cuales tendrían su domicilio en Internet, concretamente en el dominio “eu”, y estarían sometidas a una legislación única europea, aprobada por el Parlamento Europeo, que crearía una Autoridad Digital Europea (ADE), es decir, una unidad de gestión societaria, bajo dependencia de la Comisión Europea, encargada, entre otras cosas, de la tributación de estas nuevas sociedades, cuyo ámbito de negocio sería la totalidad de la Unión Económica y Monetaria y, dependiendo de la opinión de polacos, húngaros y demás, en relación con la potencial pérdida de soberanía, podría extenderse a la totalidad de la Unión Europea.

El capital de estas nuevas EDPLCs se establecería exclusivamente en euros digitales, lo que significaría que todas las transacciones mercantiles y financieras que realizaran las empresas entre los diferentes países europeos tendrían este soporte. Con ello, se potenciaría notablemente la nueva moneda digital del BCE que, además, ya no tendría que utilizar exclusivamente al sistema bancario para implementar su política monetaria, es decir, podría hacer una política directa (al menos para las empresas medianas y grandes con la adecuada solvencia), sin depender de que, a pesar de que facilite liquidez a los bancos, estos estén o no por la labor de incrementar el crédito a las empresas (como ocurrió en 2012/2013 cuando dejaron “secas” a las empresas en España).

Otra de las ventajas sería, obviamente, la armonización fiscal, tan deseada e ignorada por los países europeos. Si toda multinacional europea tiene necesariamente que transformarse en una EDPLC, no podrá radicar en Irlanda, Holanda o Luxemburgo; sencillamente, tendrá que aceptar el consenso fiscal fijado por la futura y todopoderosa ADE, evitando de una vez por todas la competencia fiscal entre estados europeos.

La pregunta del millón sería qué se podría hacer con las poderosas multinacionales norteamericanas. En lógica, habría que obligarlas a que crearan una EDPLC para que pudieran operar en el mercado europeo, pero eso, obviamente, les obligaría a abandonar sus cuasi paraísos fiscales en Europa, y tendrían que tributar como las demás empresas. También es cierto que no pueden negarse a abandonar el enorme mercado europeo en el que venden sus productos, por lo que se impondrá una dura negociación, en la que afortunadamente ya no está (y esperemos que no esté) Donald Trump.

La recaudación del Impuesto sobre Sociedades Europeo (ISSE) llegaría a ser muy importante y, simplemente, se utilizaría para rebajar las aportaciones anuales de los Estados miembros de la UEM, una vez descontados los gastos de la ADE. En condiciones normales, debería ser una operación neutra fiscalmente para los Estados nacionales, aunque beneficiaría a la mayoría y habría algunos perjudicados respecto de la actual recaudación, obviamente Irlanda, Holanda y Luxemburgo.

Naturalmente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) seguiría sus cauces habituales, ya que el objeto imponible es el consumo en cada país, y cada nación sería soberana para imponer sus tipos dentro de las limitaciones que marca la política común europea en materia fiscal. En cuanto a los trabajadores europeos de las EDPLCs, seguirían también tributando a título personal por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que es un impuesto personal y seguiría a la radicación de las personas. Por tanto, el impacto real sobre la organización fiscal de las naciones europeas no debería ser excesivamente importante.

Si hemos sido capaces de crear los mecanismos de supervisión y resolución bancarias a nivel europeo (nos falta el fondo de depósitos, pero todo se andará), por qué no vamos a poder crear el concepto de sociedad anónima europea, al margen de la radicación de los estados nacionales, y más aún en un entorno digital que, claramente, es el futuro. Si queremos una moneda única digital para todos los europeos, el euro digital, y deseamos potenciarla y que sirva de unión para todos, sencillamente, hagámoslo.

Por supuesto, habrá infinidad de flecos que ajustar, así como talibanes de la ortodoxia de los códigos civil y mercantil del siglo XIX, pero con una macro directiva europea de obligatoria traslación a la normativa jurídica de todos los países, y unos plazos razonables de implantación, estimamos que sería suficiente para conseguir acabar por fin con ese “dumping” fiscal, que no ayuda nada para la integración europea.

Además, puede ser un primer paso para conseguir la armonización fiscal europea con el resto de los impuestos, algo que potenciaría ese sueño que algunos tenemos: los Estados Unidos de Europa.