Círculo Legal avisa: la inseguridad jurídica sobre la propiedad reduce la oferta de viviendas en alquiler

Muchos han sido los cambios normativos que se han producido en España en los últimos dos años. Desde que estalló la pandemia, el Gobierno ha aprobado 11 reales decretos con medidas que han afectado a los contratos de alquiler, lo que, según el despacho de abogados Círculo Legal Barcelona, ha alimentado el clima de inseguridad jurídica en torno a la propiedad.

Y esto está provocando una reducción de la oferta de viviendas de alquiler lo que, a la postre, podría traducirse en un incremento de las rentas.

Desde 2020, "los legisladores autonómicos y nacionales han introducido constantes y ciertamente contradictorias modificaciones sobre la normativa de propiedad. Todos estos cambios, orientados a buscar dar una mayor importancia a la función social de la vivienda, no han hecho sino contribuir a un creciente clima de incertidumbre e inseguridad jurídica para los propietarios", reconoce Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal.

Y advierte de que la principal consecuencia es "una disminución clara en la oferta de alquiler, motivada por este marco legislativo cambiante, y una clara intención de los propietarios de vender las propiedades para sentirse más seguros".

Según los datos de idealista, el stock de viviendas en régimen de arrendamiento se ha desplomado un 37% en España en los últimos 12 meses, siendo las grandes capitales las más afectadas por la reducción de oferta. En Barcelona, por ejemplo, la oferta se ha reducido un 58% en estos 12 últimos meses, mientras que en Madrid lo ha hecho un 45%. La reducción es del 64% en Granada y del 62% en Girona, y destaca también el descenso en Las Palmas de Gran Canaria (-49%), Valencia (-47%), Tarragona (-47%), Cádiz (-44%) y Palma (-41%).

"El sinfín de actividad legislativa, con entrada en vigor de hasta 11 reales decretos entre los años 2020 y 2022 con medidas sobre los contratos de arrendamiento, ha fomentado un mercado inmobiliario inseguro y con cambios constante en el que ninguno de los agentes termina de conocer la norma vigente", insiste la letrada. Y añade que "no entendemos qué necesidad hay de complicar, todavía más, unos juzgados que ya funcionan mal por el exceso de trabajo que tienen y la falta de medios”.

Entre las medidas aprobadas desde el inicio de la crisis sanitaria se encuentran, por ejemplo, la moratoria de la renta del alquiler si los propietarios eran grandes tenedores, la prórroga automática de los contratos, la prohibición de desahuciar a inquilinos vulnerables, la limitación de los precios en Cataluña (tumbada recientemente por el Tribunal Constitucional) o la limitación a un máximo del 2% la actualización de los alquileres para desligarlas del IPC, que se encuentra actualmente al borde del 10% y en máximos de 1985.

Todas iban enfocadas a ayudar a los inquilinos, aunque desde Círculo Legal insisten en que han tenido un impacto negativo para los propietarios: “Si bien eran lógicas las facilidades que se le daban a los arrendatarios por la paralización de la actividad, hay que tener en cuenta que esta situación también afecta a los propietarios que dejan de cobrar esa renta. No se les tiene en cuenta y quien tiene la obligación de cumplir con esto es la Administración Pública, no los particulares”, señala Goenaga. 

A todas esas medidas se suma la Ley de Vivienda, que todavía está en trámite parlamentario, y que incluye un control de los alquileres en zonas tensionadas. Sobre este texto, la socia de Círculo Legal se une a los argumentos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y afirma que existen “multitud de imprecisiones jurídicas y vulgarismos”, sino que la nueva norma no puede desplazar por completo a lo que ya venían haciendo las comunidades autónomas. “El Estado debería hacer una intervención mínima y no máxima", porque se puede dar "un conflicto de aplicación", recalca. 

Con todo, Goenaga cree que el futuro viene cargado de incertidumbre y que "estamos en una época en la cual se legisla de cara a la galería sin tener en cuenta la realidad jurídica y económica. Esto nos lleva a una inseguridad y una manera de trabajar que no es sana, porque nunca sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que se le va a ocurrir al Gobierno”, concluye.