Información sobre vivienda y economía

Un año de moratorias, ayudas al alquiler, rentas congeladas, contratos ampliados y sin desahucios

Repasamos las medidas de ayuda que se han activado en los últimos 12 meses para paliar los efectos de la pandemia

Gtres
Gtres

Desde que estalló la pandemia sanitaria, Gobierno, comunidades autónomas, bancos y sector privado han puesto en marcha un aluvión de medidas en materia de vivienda, encaminadas a ayudar a los hogares más golpeados por las consecuencias de la crisis del covid.

A lo largo del último año se han activado moratorias hipotecarias y del alquiler, una línea específica del ICO para pagar la renta, se han prorrogado de forma automática los contratos de arrendamiento y se han paralizado los lanzamientos por impago de los hogares vulnerables, así como el corte de los suministros básicos. Muchas de estas medidas siguen activas y lo estarán durante unos meses más. Repasamos una por una:

Moratorias hipotecarias (legal y sectorial)

El Gobierno aprobó el 17 de marzo de 2020, en el primer Consejo de Ministros tras el decreto de estado de alarma, un paquete de ayudas económicas para hacer frente a la pandemia sanitaria, entre las que se encontraba una moratoria de la hipoteca, incluyendo tanto el capital como los intereses.

Se trataba de una moratoria del pago del préstamo que podía ser solicitada por los trabajadores afectados por la crisis del covid. Pocos días después la medida se amplió también al colectivo de los autónomos y se incluyó, además de la vivienda habitual, la hipoteca sobre los inmuebles vinculados a la actividad económica (como por ejemplo una pequeña oficina o un local). Eso sí, para poder acogerse a esta posibilidad, el Ejecutivo definió unos requisitos muy concretos… y muy exigentes.

Entre ellos, haberse quedado sin empleo o haber sufrido un fuerte recorte de los ingresos; que la cuota de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, resultara superior o igual al 35% de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad familiar, o que antes de la moratoria los ingresos de todos los miembros del hogar no superaran en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual, que es de 537,84 euros (en adelante IPREM), lo que significa que no podían superar la cantidad de 1.613,52 euros al mes. Además, las familias estaban obligadas a acreditar si situación de vulnerabilidad, así como un plazo para presentar la documentación.

La medida fue prorrogada en el mes de julio hasta el 30 de septiembre y en 2020 no hubo más aplazamientos. Pero a principios de febrero, en plena tercera ola del virus, el Gobierno decidió reactivar las moratorias de hipotecas y préstamos al consumo y reabrió las solicitudes hasta el 30 de marzo. Estas nuevas moratorias tienen una vigencia de hasta nueve meses, mientras que las concedidas durante el primer estado de alarma pronto llegarán a su fin.

De forma paralela, en 2020 también se puso en marcha la bautizada moratoria hipotecaria sectorial, que fue la alternativa que puso la banca encima de la mesa a principios de abril al margen de la legal (la aprobada por el Gobierno), con el objetivo de llegar a más hogares vulnerables.

En este caso, la medida estaría vigente durante un periodo máximo de un año y los requisitos eran menos exigentes: bastaba con haber entrado en un ERTE, haber perdido el empleo o haber sufrido una pérdida significativa de ingresos o un cese de actividad en el caso de autónomos. Eso sí, la formalización de la hipoteca debía ser anterior al 14 de marzo de 2020. Además, establecía diferentes maneras para devolver el dinero: podía prorratearse en la cuota mensual una vez terminada la moratoria, o bien podía prolongarse la vida de la hipoteca en el mismo periodo temporal que se produzca la interrupción del pago, entre otras opciones.

La alternativa sectorial es la que ha tenido mejores cifras, como consecuencia de que establecían menores requisitos. Según los últimos datos del Banco de España, a cierre de febrero se habían concedido 222.256 moratorias legislativas (las promovidas por el Gobierno), de las 265.061 solicitudes totales presentadas, que suman un saldo pendiente de amortización de casi 20.000 millones de euros. 

En el caso de las moratorias sectoriales (las de la banca), el número de concesiones superaba las 820.000, incluyendo hipotecas y otros préstamos, y con un volumen de 32.500 millones de euros. Este resultado mejora con creces la previsión que habían hecho los notarios, quienes esperaban medio millón de estas moratorias hipotecarias. A pesar de que estas moratorias sectoriales dejaron de concederse de forma oficial a finales de septiembre, la banca se mostró abierta a negociar caso por caso con aquellos clientes que siguieran en dificultades para pagar el préstamo.

La moratoria del alquiler y prórroga de los contratos

A finales de marzo de 2020, tras anunciar las moratorias hipotecarias, también llegaron las medidas anticovid específicas en materia de alquiler, con las que el Gobierno quería ayudar a medio millón de inquilinos vulnerables.

Entre las medidas estaban una prórroga extraordinaria de seis meses en los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual que vencieran en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. En septiembre se anunció una nueva prórroga hasta el 31 de enero de 2021, pero pocos días antes se amplió otra vez. De momento, seguirá activa hasta el próximo 9 de mayo, cuando está previsto que finalice el estado de alarma.

Otra de las medidas estrella fue la moratoria en el pago de la renta durante el estado de alarma o si persistiese la vulnerabilidad del inquilino, con un máximo de cuatro meses. Una medida que ha sido prorrogada en varias ocasiones y la última, hasta el 9 de mayo.

Esta alternativa solo está disponible en el caso de que la vivienda esté en manos de un gran tenedor (considerando como tal el propietario que tuviera más de 10 inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, y ya fuera persona física o jurídica). En tal caso, el propietario está obligado a aplicar la moratoria (siempre que no hubiera llegado a un acuerdo previo con el arrendatario), aunque puede decidir entre realizar una quita del 50% de la deuda generada o una reestructuración de la deuda durante un plazo de tres años. Para el pequeño propietario, la opción de aplicar una rebaja de la renta es optativa.

De nuevo, es necesario cumplir una serie de requisitos para poder acogerse a esta moratoria (estar en paro o en un ERTE, tener una jornada laboral reducida por motivo de cuidados de terceros, o haber sufrido una pérdida sustancial de los ingresos en el caso de los autónomos). Algunos de los principales propietarios de viviendas en España se adelantaron a la moratoria y anunciaron diferentes planes de ayuda para sus inquilinos, desde fondos a socimis y bancos, pasando por ayuntamientos y gobiernos autonómicos.

En ese paquete de medidas también estaba incluida la paralización de los desahucios y los cortes de suministros básicos para el hogar en el caso de los hogares vulnerables. Unas medidas que seguirán vigentes

Los créditos ICO para pagar el alquiler

Dentro de la batería de medidas relacionadas con la vivienda que anunció el Ejecutivo a finales de marzo de 2020 se encuentra también la puesta en marcha de una línea de financiación específica para pagar la renta del alquiler que podían solicitar los inquilinos vulnerables. Una línea que se articuló a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del sector financiero.

Son ayudas de un importe máximo de seis mensualidades de hasta 900 euros al mes (lo que supone un montante total de 5.400 euros). Estos ‘minicréditos’ están avalados al 100% por el Estado y no suponen coste alguno para el beneficiario, ni gastos ni intereses a familias que, como consecuencia de la pandemia, se encuentren en dificultades para hacer frente a la renta de sus alquileres de vivienda habitual. El plazo para devolver el dinero es de seis años, prorrogables por otros cuatro ejercicios más (10 años en total), aunque se pueden realizar amortizaciones parciales o totales sobre el importe solicitado sin que el banco pueda aplicar comisiones por ello. 

Ahora bien, como ha sucedido con el resto de las ayudas, es necesario cumplir una batería de requisitos para conseguir un préstamo ICO de este tipo, como estar en ERTE, que los ingresos familiares no superen en cinco veces el IPREM o que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Además, el interesado acreditar su situación y rellenar una solicitud a entregar en cualquiera de los bancos que están adscritos a esta línea de financiación especial.

Los préstamos ICO llevan tres prórrogas. Fue una de las pocas medidas que se amplió en septiembre y la última prórroga, publicada en el BOE a principios de diciembre, establece que la nueva fecha límite para solicitar estas ayudas es el 31 de mayo y deben ser formalizadas hasta el 30 de junio. Por su fuera poco, el Gobierno ha dejado la puerta abierta a una nueva ampliación,  que podría ser el 31 de agosto para presentar las solicitudes y el 30 de septiembre para que sean formalizadas. 

Las ayudas al alquiler de las CCAA

Al margen de los préstamos ICO, en el último año también se han activado medidas para pagar el alquiler a través de las comunidades autónomas. El Gobierno creó en 2020 un fondo específico de 100 millones de euros a repartir entre todas las regiones, aunque muchas tuvieron que ampliar los recursos con los del Plan de Vivienda e incluso sus propios Presupuestos para poder atender la elevada demanda de peticiones de los inquilinos.

La puesta en marcha de esta línea de ayudas fue anunciada por el Gobierno a finales de marzo, junto con el paquete de medidas destinadas al arrendamiento, y contemplaba ayudas de un máximo de 900 euros al mes durante seis meses y del 100% de la renta, en caso de no superar dicho límite, y de 200 euros adicionales para suministros básicos, comunidad y mantenimiento. El dinero podría usarse para distintos fines (por ejemplo, pagar el alquiler o bien, el préstamo ICO del punto anterior. Estas ayudas debían solicitarse en la autonomía de residencia y, aunque debía pedirla el inquilino, el importe iba directamente a la cuenta del arrendador en un pago único. De nuevo, los beneficiarios debían cumplir una serie de requisitos y cada autonomía establecía diferentes criterios en lo que se refería al plazo para solicitar la ayuda o la cuantía máxima.

Las ayudas tardaron semanas (e incluso meses en algunos casos) en estar operativas y las CCAA criticaron al Gobierno la tardanza en la transferencia de los fondos, así como en unos recursos insuficientes y la lentitud administrativa para poder activar las convocatorias. Además, autonomías como Cataluña y Canarias se vieron obligadas a interrumpir el proceso ante el aluvión de solicitudes recibidas, mientras que Andalucía y Baleares fueron las últimas en abrir el proceso (julio en ambos casos). Comunidad Valenciana, por su parte, cerró el periodo de solicitudes a finales de junio.

Prohibido desahuciar y cortar los suministros básicos

Esta fue otra de las medidas más destacadas de los últimos 12 meses y, quizá, la más controvertida que ha aprobado el Gobierno desde que estalló la crisis del coronavirus. Al igual que en los casos anteriores, la prohibición de desahuciar por impago del alquiler y de cortar los suministros básicos del hogar a los inquilinos vulnerables entró en vigor en las primeras semanas del estado de alarma, y ha sido prorrogada en varias ocasiones. De momento, estará activa hasta el 9 de mayo.

En las últimas semanas de 2020, esta medida se convirtió en un tira y afloja en el seno del Gobierno de coalición. Podemos, ERC y Bildu, por ejemplo, llegaron a plantear unas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 en esta materia con el objetivo de aplicar la paralización hasta 2023, pero la Comisión parlamentaria las rechazó. Finalmente, fueron retiradas después de que Podemos lograra, ‘in extremis’, un acuerdo para sacar adelante la paralización de los desalojos a través de un real decreto, cuya letra pequeña fue publicada en el BOE el pasado 23 de diciembre.

El texto prolongaba la paralización de los desahucios y los lanzamientos durante la vigencia del estado de alarma (9 de mayo), ampliaba el abanico de beneficiarios (los inquilinos que eran vulnerables antes de que estallara la crisis sanitaria y los okupas), incluía la prohibición de cortar los suministros básicos del hogar (luz, agua y gas natural) y establecía una compensación a los propietarios afectados, siempre que la Administración no fuera capaz de realojar a las familias en un plazo de tres meses.

A pesar de que la normativa contempla indemnizaciones para los propietarios que lo soliciten (equivalente al precio del alquiler de la zona en la que se encuentre el inmueble, según establece el Índice de Precios de Vivienda del Ministerio), el sector inmobiliario criticó con dureza la medida. Por ejemplo, destacó que el decreto significa legalizar la okupación en España y que supondrá de media unas pérdidas de 9.000 euros por propietario, disparando la morosidad hasta los 132 millones de euros.

El sector alertó de que el Estado, y no el sector privado, debería hacerse cargo de pagar esa renta, pagando directamente al propietario, convirtiéndose por ejemplo en avalista de los inquilinos más indefensos. También advirtió de una oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica del Estado, de un efecto llamada a la ocupación ilegal y de la necesidad de poner en marcha un sistema de compensaciones claro e inmediato, además de acorde al daño causado.

Y las críticas dieron un paso más cuando semanas después de que se publicara en el BOE la normativa, el Gobierno cambió por sorpresa algunos artículos de la misma a través de otra ley para incluir entre los beneficiarios, además de a los inquilinos vulnerables que no pueden hacer frente a la renta por verse afectados económicamente por la crisis, a aquellos okupas vulnerables que hubieran cometido un delito. Así, las víctimas de violencia de género, los dependientes o los hogares que tengan menores a cargo, según el Ejecutivo, tampoco pueden ser desalojados de la vivienda al menos hasta 2l 9 de mayo.

El Gobierno, en plena lluvia de críticas por parte del sector inmobiliario, recordó que la suspensión de los procedimientos no es automática, sino que dependen en última instancia de la justicia y de que las familias vulnerables, tengan contrato de alquiler o no, cuenten con un informe de los servicios sociales que acredite su situación de vulnerabilidad. En cualquier caso, sí que están permitidos los desalojos cuando la okupación se haya producido a través de la intimidación o violencia sobre las personas. 

Un año después del covid, y tras la batería de las ayudas para mitigar el efecto de la pandemia sobre los hogares más vulnerables, toda la atención del sector inmobiliario se centra en la futura Ley de Vivienda, en la que el Gobierno está debatiendo, entre otras cosas, cómo controlar los precios del alquiler sin contraer la oferta de pisos ni vulnerar el derecho a la propiedad privada.

Llegan 11.000 millones en ayudas a las empresas

Justo un año después de que estallara la pandemia, por fin han llegado las ayudas directas a las empresas. El pasado 12 de marzo el Gobierno aprobó un plan valorado en 11.000 millones de euros que va dirigido sobre todo a los pequeños negocios.

El importe se reparte entre tres fondos: el más cuantioso alcanza 7.000 millones de euros. Son ayudas directas dirigidas a pagar facturas y deudas, por ejemplo los suministros básicos, el alquiler del local o los salarios, así como deudas pendientes de saldar con proveedores. Unos 2.000 millones de euros irán destinados a Baleares y Canarias, las dos regiones más golpeadas económicamente por el desplome del turismo, mientras que los 5.000 millones de euros restantes se repartirán entre el resto del país.

El segundo fondo está dotado de 3.000 millones de euros y está destinado a reestructuraciones de deuda financiera con aval del Estado. Entre las medidas que contempla están la ampliación de los plazos de los préstamos, la prórroga hasta diciembre de 2021 para solicitar las líneas ICO, la posibilidad de convertir estos préstamos en participativos o la realización de transferencias directas a empresas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia

El último fondo incluye los 1.000 millones de euros restantes, con el objetivo de recapitalizar empresas. Estará gestionado por COFIDES, empresa público-privada que depende del Ministro de Turismo, y contará con diferentes instrumentos para reforzar el balance de las empresas que eran viables en 2019 y evitar una innecesaria entrada en concurso. Por ejemplo, en forma de préstamos ordinarios, préstamos participativos o capital.

Estas ayudas pueden ser solicitadas a través de las CCAA por empresas de los sectores más afectados por la pandemia (destacan, por ejemplo, el sector de la hostelería y la restauración, las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas), aunque el Gobierno estudia ampliar la lista para dar cobertura también a otros negocios como las peluquerías o los talleres de vehículos. Y para beneficiarse de las ayudas es necesario cumplir con una serie de requisitos, recogidas en el Real Decreto-ley 5/2021 y como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).