La cruzada contra el inmobiliario de Ada Colau puede salirle cara. La alcaldesa de Barcelona deberá comparecer a finales de marzo como imputada ante la jueza que investiga si cometió los delitos de coacciones y prevaricación al sancionar al fondo de inversión Vauras por haber intentado desahuciar a familias vulnerables del edificio Bloc Llavors, sin ofrecerles antes alquiler social.
La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona también ha citado a declarar como investigados por los mismos delitos al concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra; a la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y a la jefa de la Unidad de Antiacoso y Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento.
Los responsables municipales han sido citados los días 10 y 13 de marzo, cuando faltarán dos meses y medio para las elecciones. La alcaldesa se ha mostrado “muy tranquila, no tenemos nada que esconder” y confiada en que el caso se archive y como en “otras 10 querellas que han sido archivadas”.
Colau ha arremetido contra las empresas cuyos intereses se ven afectados por actuaciones municipales o la aplicación de legislación vigente, ha dicho, y “hacen un mal uso” de la justicia, con “recursos y recursos”, “hasta que consiguen la imagen de una alcaldesa declarando”.
La jueza investiga la querella de Vauras Investiments, en que se acusa a Colau y a los otros tres denunciados de presionarlos para forzarlos a destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social bajo la "amenaza" de no concederle licencias de obras.
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