El Gobierno de Canarias ha presentado el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, por el que se dotará a los ayuntamientos de herramientas para planificar y ordenar el uso turístico de viviendas. La nueva norma establece que el 90% de la edificabilidad residencial deberá destinarse a domicilio permanente y fija las razones por las que se puede habilitar el uso de hospedaje. Las actuales viviendas destinadas al uso vacacional y/o turístico deberán cumplir requisitos mínimos de sostenibilidad, calidad y competitividad.
La nueva norma establece, con carácter general y flexible, que el 90% de la edificabilidad residencial deberá destinarse a domicilio permanente, mientras que en las Islas Verdes se aplicará el 80%.
Este anteproyecto fija además las razones por las que se puede habilitar el uso de hospedaje. Las viviendas destinadas al uso vacacional y/o turístico deberán cumplir requisitos mínimos de sostenibilidad, calidad y competitividad.
Habrá una un régimen transitorio de cinco años para las viviendas vacacionales que ejercen legalmente la actividad para que se adapten a estos criterios. Deberán pasar una inspección para comprobar que cumplen estos parámetros y en caso de ser penalizados no podrán ejercer la actividad turística durante 10 años.
Según datos facilitados por el Gobierno canario, hay 53.938 de pisos turísticos registrados en el Registro General Turístico de Canarias, para un total de 220.409 plazas, un 39,7% más que en noviembre de 2022.
Tenerife (22.756) es la isla con más apartamentos turísticos. Le siguen Gran Canaria (13.229), Lanzarote (7.577), Fuerteventura (7.046), La Palma (1.667), La Gomera (1.119) y El Hierro (544). El porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas alcanza al 4,37% de total en la provincia de Las Palmas, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife asciende al 3,78%.
En municipios como Yaiza (Lanzarote), la vivienda vacacional supone el 22% del total de viviendas. Otro destacados son La Oliva (Fuerteventura), con el con el 21,5%, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con el o el 10,62%, Adeje (Tenerife), con un 13,35% o Hermigua (La Gomera), con hasta un 10,72%.
La consejera de Turismo y Empleo de Canarias, Jéssica de León, ha afirmado que "esta ley busca el equilibrio entre el derecho a la vivienda, el de libertad de empresa, el de todos los canarios a preservar su identidad, su medioambiente, sus ciudades, sus pueblos y el de los 54.284 propietarios de viviendas vacacionales a tener una renta adicional”.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) denuncia que se deja fuera a las viviendas en edificios plurifamiliares, adosadas, en asentamientos agrícolas y fuera de ordenación y también las que ofrezcan más de ocho plazas.
La patronal ha mostrado su rechazo al anteproyecto de ley al dejar “herida de muerte a las viviendas turísticas en Canarias”, y la tildan de ser una de las directrices más limitativas de España y de la UE. “El anteproyecto publicado por el Gobierno regional es una auténtica moratoria a las viviendas vacacionales, pues no se van a admitir más altas salvo lo que autorice expresamente el planeamiento municipal”.
Asimismo, las viviendas de nueva construcción deberán destinarse como mínimo 10 años a un uso residencial, antes de solicitar su comercialización como vivienda vacacional. El inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable, que deberá ir acompañada de una memoria técnica de actividad clasificada, así como de una cédula urbanística, y no podrán dedicarse a fines turísticos las viviendas sometidas a ningún régimen de protección pública (VPO).
Además, pretende proporcionar herramientas a los ayuntamientos que les permitan adecuar su normativa urbanística y delimitar dónde quieren esas viviendas turísticas. El Gobierno canario ha puesto en marcha el Cuadro de Mandos de la Vivienda Vacacional, una herramienta digital que permite consultar en tiempo real y de forma georreferenciada la evolución de esta modalidad alojativa.
“Serán los municipios que tengan desarrollados o desarrollen sus planes urbanísticos los que puedan articular medidas para hacerlo de una forma más eficiente", subrayando que "solo podrá haber vivienda vacacional cuando el planeamiento urbanístico diga que puede haberlo", apuntó la consejera del área durante la presentación del Anteproyecto.
Con la nueva ley, una parcela residencial no va a permitir el uso exclusivo de hospedaje en ninguna modalidad de alojamiento turístico. Esto supone un cambio respecto a la regulación actual, que no establece límites cualitativos ni cuantitativos, y donde cualquier vivienda puede destinarse a este fin con una declaración responsable.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, apuntó por su parte que "cuando los ayuntamientos no hayan especializado los usos no podrá haber vivienda vacacional" y agregó que "será necesario acreditar que el municipio dispone de suelo suficiente para vivienda permanente, que no está afectado por las normas de mercado residencial tensionado; será imprescindible también argumentar que esa habilitación es compatible con el uso turístico residencial y tendrán que usar indicadores de sostenibilidad”.
El inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable, que deberá ir acompañada de una memoria técnica de actividad clasificada, así como de una cédula urbanística, y no podrán dedicarse a fines turísticos las viviendas sometidas a ningún régimen de protección pública (VPO).
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