La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica.
Así lo ha manifestado en el programa 'Mirada Crítica' de Telecinco, en el que ha argumentado que esta decisión es consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se pronunció en dos sentencias en dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado.
En concreto, los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios, y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos.
"A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en este tipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, afecta a todo el mundo y a las principales capitales del entorno europeo", ha explicado.
En esta línea, Rodríguez ha criticado que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial.
Por ello, durante su intervención ha celebrado que las comunidades autónomas estén tomando "cartas en el asunto", poniendo el ejemplo reciente de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de querer eliminar todos los pisos turísticos en noviembre de 2028.
A la hora de valorar esta propuesta, la titular de Vivienda ha destacado que "va a beneficiar a la ciudadanía de Barcelona que quiere vivir en su ciudad, que no quiere sea un parque temático y que prioriza el derecho al acceso a la vivienda frente a intereses económicos".
Madrid defiende equilibrio entre descanso y actividad económica
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reiterado la apuesta del Gobierno regional para mantener el "equilibrio" entre el derecho de los vecinos al descanso y los pisos turísticos como actividad económica.
En declaraciones a los medios desde la Consejería, Rodrigo ha recalcado que el Gobierno madrileño apuesta por que haya "un equilibrio entre el derecho al descanso, fundamentalmente de los vecinos que tienen cerca pisos turísticos y, sobre todo, también, al mismo tiempo, respetar esa actividad económica que son los pisos turísticos".
En la misma línea, ha recalcado que el Gobierno regional lo que está haciendo actualmente es trabajar con el fin de tener una mayor seguridad jurídica respecto al establecimiento de los pisos turísticos en la región, recordando que ya se ha anunciado desde la Consejería de Cultura y Turismo un incremento en el número de inspectores.
MIVAU, Turismo y la FEMP abordarán la lucha contra los pisos turísticos ilegales
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, han encabezado la reunión del Gobierno Central con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar la situación de los pisos turísticos.
Como adelantó la ministra, una de las posibles soluciones pasa por estudiar modificaciones legislativas, como la de la Ley de Propiedad Horizontal, para que los vecinos tengan poder de decisión sobre el establecimiento de pisos turísticos en sus fincas.
Otra medida será la creación de la Plataforma de Registro Único Estatal que aunará los alojamientos turísticos, alquileres de temporada y de habitaciones de corta duración. “Entre otras cosas, esa Plataforma nos va a permitir perseguir algo en lo que todos coincidimos: hemos de abordar el fraude, el abuso de este tipo de situaciones que están lesionando el derecho a la vivienda con un uso residencial”, ha expuesto la ministra.
Esta situación “preocupa a todos los alcaldes y trabajamos con la FEMP, convencidos de que estamos ante una actividad económica y eso implica también algunas afectaciones normativas”, ha agregado Rodríguez. “Los estándares de calidad han de estar contemplados en este tipo de alojamientos y cuando se trata de alojamientos ilegales, normalmente esos estándares no se ajustan a las normativas en vigor. Por tanto, perseguir el fraude y esos alojamientos ilegales es uno de los objetivos a los que estamos comprometidos todas las administraciones públicas”, ha destacado la ministra.
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