Los COAPI cargan contra los avales hipotecarios del ICO: "Son insuficientes e ineficaces para los jóvenes"

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España vuelve a la carga con los avales hipotecarios del ICO. Una medida que el Gobierno desatascó a mediados de febrero, dotada con 2.500 millones de euros y que va destinada a la adquisición de la primera vivienda de jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo.

Según el organismo, esta línea de avales, así como la de 2.000 millones de euros por cuenta del Estado para facilitar la promoción de vivienda social, son "insuficientes e ineficaces" para lograr el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda por parte del colectivo joven.

A pesar de que el organismo que representa a los agentes inmobiliarios considera que los avales ICO son una medida interesante, afirma que "en más del 60% de los casos no permitirá la compra real de una vivienda, pues muchos de los que reúnen las condiciones necesarias para obtener la ayuda pública no cumplirían con los requisitos de las entidades bancarias ni pasaría un futuro estudio de solvencia financiera para la concesión del préstamo hipotecario. Es decir, acaba siendo una medida insuficiente para que los más jóvenes puedan acceder al mercado de compra”.

Cómo funcionan los avales ICO

El pasado 13 de febrero, el Consejo de Ministros definió las condiciones, los criterios y los requisitos de acceso a la línea de avales del Estado por valor de 2.500 millones de euros destinada a facilitar que unos 50.000 jóvenes y familias con menores a cargo, según las estimaciones del Gobierno, adquieran su primera vivienda. Casi un mes después, el 9 de abril, el Consejo aprobó el convenio que activa el despliegue de la línea y, finalmente, el 23 de abril se firmó el convenio entre el Ministerio de Vivienda y el ICO con la presencia de representantes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El aval podrá cubrir hasta el 20% del importe del préstamo, llegando hasta el 25% en aquellos casos en los que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior, en cuyo caso se podrá avalar hasta el 25% de este importe.

La medida está dirigida a personas cuyos ingresos no superen los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). Si la vivienda es adquirida por dos personas dos, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno. Pero hay excepciones, como tener menores a cargo (en este caso el IPREM se incrementará en 0,3 veces (2.520 euros brutos anuales) o en el caso de una familia monoparental (el límite se podrá incrementar en un 70% adicional).

El aval tendrá una vigencia de 10 años desde que se formalice la operación, con independencia de los plazos de carencia que hayan podido acordar la entidad y el cliente, o de si el plazo de vencimiento del préstamo suscrito entre el cliente y la entidad fuera superior a 10 años. El plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, estableciéndose la posibilidad en el convenio de poder ampliar el plazo hasta 2027. Mientras, el precio de la vivienda no podrá superar los 325.000 euros. 

Actualmente, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha suscrito adhesiones similares con más de 60 entidades, entre ellas Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja, EVO Banco, ABANCA, Caixa Ontinyent, Arquia, Banco Cooperativo Español, Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) o las Cajas Rurales de Almendralejo, Extremadura, Soria, Teruel, del Sur, Granada, Salamanca, Utrera, San José de Alcora y Cajasiete.

Críticas al tope del alquiler y aprovechar los fondos europeos

El Consejo General de los COAPI insiste en que en “el momento de relativa certidumbre que estamos atravesando ha de ser aprovechado por las Administraciones Públicas para relanzar un sector que ha sufrido muchos vaivenes económicos y legislativos en muy pocos años”. En concreto, critica medidas como los topes a los alquileres y pide aprovechar los fondos europeos Next Generation para aumentar la oferta de viviendas asequibles.

Así, detalla que la limitación de los precios del alquiler a nivel nacional “provocaría un ‘efecto dominó’ a lo que ya ha ocurrido en Cataluña: una reducción de la oferta disponible y un aumento del precio medio de las rentas; es decir, un resultado diametralmente opuesto al que persigue la medida. Por no hablar del deterioro que sufrirá el parque inmobiliario privado, pues los propietarios dejarán de invertir en el correcto mantenimiento de sus viviendas para seguir obteniendo una mínima rentabilidad por su alquiler”.

Sobre los fondos europeos, el organismo critica que el aprovechamiento de los mismos sigue estando por debajo de lo que el sector necesita. “Para aumentar y modernizar nuestro parque residencial hemos de aprovechar esos recursos para implementar ayudas, pero también políticas fiscales que fomenten la inversión inmobiliaria e inviten al capital privado a promover y mejorar un sector que, hasta el momento, lo único que ha recibido son cambios en su regulación y una fiscalización excesiva”, insiste.