IEE: "La incertidumbre política y los cambios regulatorios sobrevenidos amenazan la economía española"

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) repasa en su último informe la fortaleza que está mostrando la economía española en 2024 y su previsión de que el próximo año se ralentice la actividad. Sobre todo, lastrada por lo que considera las mayores amenazas que sobrevuelan actualmente a la economía: la incertidumbre política y los cambios regulatorios. De cara a los próximos meses espera un freno en la creación de empleo y la inversión empresarial, lo que mermará el crecimiento del PIB doméstico. 

Según el ‘think tank’ de la CEOE, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español se situará en torno al 3% este año, a pesar del impacto de la DANA que restará unas décimas al avance trimestral del PIB del cuarto trimestre, gracias al tirón de las exportaciones de servicios, el consumo privado y el consumo público.

Aunque desde el IEE han destacado la resiliencia de la economía española en un contexto económico tan complicado, la organización también ha alertado sobre la caída de la inversión privada. Frente a la favorable evolución de las exportaciones de servicios, y del consumo, la inversión continúa registrando un avance "muy limitado", sobre todo en lo que respecta a inversión en bienes de equipo y otros.

"Aunque la inversión pública, gracias a la implementación de los fondos Next Generation EU, está siendo algo más dinámica, no puede compensar la caída de la inversión privada", ha subrayado la organización.

Entre los factores que pueden estar condicionando las decisiones de inversión de las empresas se encuentran, según el informe, “la escasa rentabilidad de la inversión, la elevada incertidumbre nacional e internacional, la inseguridad jurídica y regulatoria, y las elevadas y cambiantes cargas fiscales”. 

Según el organismo, el complejo contexto geopolítico es el principal riesgo para el crecimiento económico mundial, mientras que en el caso de España las dos mayores amenazas son “la incertidumbre política y normativa y los cambios regulatorios sobrevenidos”, y sus consecuencias sobre el empleo y la actividad empresarial.

En este sentido, el informe subraya que “los riesgos de ámbito nacional provienen de la incertidumbre política y regulatoria, que está afectando a buena parte de los costes de las actividades empresariales, sobre todo porque las medidas de política económica implican una mayor carga fiscal y laboral, con anuncios de subidas en diversos impuestos y en los costes salariales, como cotizaciones sociales y salario mínimo. Todos ellos son obstáculos para la inversión empresarial, que sigue siendo la varia­ble más rezagada en este ciclo económico de recuperación, y uno de los elementos clave para consolidar el crecimiento y la competitividad en el futuro”.

De hecho, el IEE considera que ciclo positivo de actividad y empleo de los últimos años no se va a poder prolongar en el tiempo “si se siguen subiendo los impuestos empresariales o se incorporan nuevas cargas sobre las empresas que aumenten sus costes y/o deterioren su productividad”. Además, recuerda que también entran en juego otros factores externos, como el impacto en las políticas de la nueva legislatura de Donald Trump en los socios europeos y en algunos sectores exportadores de la economía española hacia EEUU.

Teniendo en cuenta todos estos factores, el organismo de estudios prevé un crecimiento del PIB en 2025 más moderado que este año, del orden del 2,1%, debido a la pérdida de intensidad de los factores tractores de la actividad y del empleo de 2024. 

"La incertidumbre seguirá siendo un factor que reste empuje a la inversión", han advertido el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, durante la presentación del informe de previsiones. 

Freno en la creación de empleo

En cuanto al mercado laboral, el IEE detalla que el empleo continúa mostrando una evolución favorable en 2024, con una creación de puestos todavía notable, aunque todo apunta a que la tendencia se desacelerará en el próximo ejercicio. En concreto, espera un crecimiento del empleo del 1,7% en 2025, cinco décimas por debajo del que pronostica para el conjunto del año en curso.

Así, el crecimiento del empleo será el más moderado de los últimos cinco años, como consecuencia de la elevación de los costes laborales en un contexto de estancamiento de la productividad y de debilidad de la inversión empresarial.

"Todo ello denota los elevados costes laborales que está soportando el tejido empresarial en los últimos años, lo que, junto con unos menores niveles de productividad, perjudica la competitividad de las empresas españolas frente a nuestros competidores", insiste el ‘think tank’ de la patronal. 

En cuanto a la tasa de paro en España, las estimaciones del Instituto de Estudios Económicos apuntan a que caerá del 11,6% en 2024 al 10,9% en 2025.

Inflación del 2,8% para el promedio de año y del 2,1% en 2025

En tasa media, la inflación de 2024 se situará en el 2,8% y, si no hay shocks externos en los precios energéticos, podría situarse en el 2,1% en 2025.

Por tanto, el IEE espera que la inflación continúe su senda de moderación a lo largo de 2025, aunque también sobre la mesa que existen elementos de riesgo sobre la inflación, tanto por parte de los precios energéticos como por los efectos de segunda ronda debidos a incrementos salariales y su traslación a precios finales.

Un déficit superior al que estima el Gobierno y la necesidad de reducir el gasto público

En cuanto a las cuentas públicas, el IEE espera para este año una disminución del déficit público respecto al ejercicio anterior, aunque las estimaciones del Instituto de Estudios Económicos calculan que se situará en el 3,3%, por encima del 3% proyectado por el Gobierno.

Si bien es previsible que en 2025 este déficit se sitúe entre el 2,7% y el 3%, el escenario central del IEE apunta a que, en los próximos años, se agota el margen de mejora de este saldo público en ausencia de medidas.

Según se advierte en el informe, desde el inicio de la pandemia se ha producido un sensible aumento de la presión fiscal, con el consecuente incremento de los ingresos públicos, impulsado, fundamentalmente, por el crecimiento de las bases impositivas, en el que la inflación ha tenido un papel protagonista, y por todas aquellas medidas de aumento de los impuestos y de cotizaciones sociales que se han implementado.

Por el lado de los gastos, los principales determinantes de su contribución al PIB han sido el incremento tanto de las prestaciones sociales en efectivo relativas a protección social, especialmente en pensiones, como del gasto en consumo final de las Administraciones Públicas, principalmente por las partidas de remuneración de los asalariados y consumos intermedios.

En el caso de la deuda pública, el organismo considera necesario que “se diseñen y aprueben un conjunto sustancial de medidas que mejoren la eficiencia del gasto público como vía fundamental para abordar la necesaria consolidación fiscal a medio plazo, esto es, tal y como recoge la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, es preciso la programación y ejecución del gasto público a partir de los criterios de eficiencia y economía”. En todo caso, argumenta, “la necesidad de este ajuste no debe comprometerse con subidas de impuestos y de cotizaciones sociales, tal y como se han sucedido en el periodo reciente, puesto que estos comprometen el necesario crecimiento económico, así como las expectativas y de la confianza de los agentes, desincentivando tanto los procesos de generación de ahorro y acumulación de capital, como los de inversión necesaria para superar los retos a más largo plazo que debe afrontar la economía española para mejorar su competitividad”.

Por último, el organismo de estudios de la CEOE considera que una de las cuestiones más importantes a las que tendrá que hacer frente el sector público a partir de ahora es “en qué medida un escenario macroeconómico caracterizado por menores tasas de crecimiento de la actividad y de los precios, junto con la retirada de algunas de las medidas temporales sobre los ingresos y gastos y la necesaria limitación del crecimiento del gasto primario neto, afectarán a la evolución de las finanzas públicas en lo relativo a la consecución de los objetivos marcados en el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo (PFEMP)”. Un plan que ya tiene el visto bueno de Bruselas, pero que “se ha validado en un contexto marcado por la falta de presentación del Plan Presupuestario y de los Presupuestos Generales del Estado para 2025”, según concluye el IEE.