Esquerra Republicana ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reclamar al Gobierno medidas urgentes que garanticen el acceso a la vivienda asequible para los estudiantes universitarios. "Estudiar no puede ser un lujo que dependa también del precio del alquiler", denuncia la diputada Etna Estrems.
Según datos recientes, las habitaciones para estudiantes se han encarecido un 14% con el inicio del curso 2025-2026, y en los últimos tres años el coste medio del precio mensual de las habitaciones se ha disparado: "En Barcelona, hemos pasado de 383 euros mensuales en 2022 a los 648 euros actuales. Y la situación es igualmente preocupante al resto de capitales universitarias catalanas: 400 euros de media en Girona, 370 euros en Tarragona y 320 euros en Lleida".
"El derecho a estudiar no puede depender del hecho de que tu familia te pueda pagar o no una residencia o un piso. Hay que poner fin a la desigualdad que los precios de la vivienda están generando entre los jóvenes de Catalunya", denuncia Estrems.
Esquerra hace tiempo que reclama soluciones a las brechas que los propietarios han encontrado en la Ley por el Derecho a la Vivienda para eludir el tope de los alquileres, especialmente a través de contratos de temporada o de alquiler de habitaciones, que han convertido en una nueva vía de especulación. Esta práctica deja a los estudiantes sin estabilidad y los obliga a cambiar constantemente de vivienda, a menudo expulsados en verano por el mercado turístico.
Por todo esto, la Proposición no de Ley presentada insta el Gobierno español a regular los precios de los alquileres de temporada y de habitaciones, de acuerdo con la Proposición de Ley que los republicanos también llevaron en el Congreso; y a que adopte medidas urgentes para reducir las desigualdades que genera el mercado de la vivienda entre los estudiantes universitarios. En último lugar, exigen que la imposibilidad de conseguir una vivienda deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a los estudios universitarios.
"Hace falta que el Estado actúe ya para poner fin a esta especulación encubierta que expulsa los estudiantes de las ciudades universitarias catalanas y les condiciona sus opciones educativas", recalca Estrems, que defiende que "el derecho a la vivienda y el derecho en la educación tienen que ir de la mano".
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