Portugal endurece las penas por okupar viviendas: prisión de hasta dos años

El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha dado luz verde al decreto que endurece las penas por okupación de inmuebles un mes después de haber sido aprobado por el Parlamento. Se prevé, por ejemplo, una pena de prisión de hasta dos años o una multa de 240 días para quienes invadan u okupen una vivienda que no les pertenezca. Las autoridades también tendrán más poder para actuar rápidamente en la devolución de los inmuebles okupados.

“El presidente de la República ha promulgado el decreto de la Asamblea de la República que protege el derecho de propiedad, mediante el refuerzo de la tutela penal de los inmuebles objeto de ocupación ilegal, modificando el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal”, se lee en la nota publicada en la página web oficial de la Presidencia el lunes 17 de noviembre de 2025.

Se trata de la ley que fue aprobada el 22 de octubre en el Parlamento, con los votos a favor del PSD, PS, Iniciativa Liberal, CDS y JPP. En esta votación, el PAN optó por la abstención, mientras que Livre, PCP, Bloco de Esquerda y Chega votaron en contra.

La ley prevé una pena de prisión de hasta dos años o una multa de hasta 240 días para quienes invadan u okupen un inmueble que no les pertenezca, con la intención de ejercer el derecho de propiedad, posesión, uso o servidumbre. 

En los casos más extremos, las penas se agravan. Si la ocupación ilegal del inmueble se lleva a cabo mediante el uso de violencia o amenazas graves, la pena de prisión puede llegar a los tres años. En los casos más extremos, en los que existe intención lucrativa, la pena puede llegar hasta los cuatro años, según informa Rádio Renascença. También la tentativa de ocupación ilegal pasa a ser punible por ley. 

Si el inmueble ocupado ilegalmente es de titularidad pública y se utiliza como vivienda, el caso se tratará de otra manera. La ley prevé un análisis socioeconómico de las personas implicadas y la puesta en marcha de respuestas sociales antes de proceder al desalojo, explica el mismo medio.

Otra novedad es que las autoridades también podrán actuar más rápidamente en la devolución de los inmuebles ocupados, situación que siempre requiere la presentación de una denuncia. En caso de que existan indicios claros de ocupación ilegal y la persona que presenta la denuncia demuestre ser el propietario del inmueble, el juez puede proceder a la devolución inmediata de la vivienda. Hasta ahora, esto no era posible sin que existiera riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.