Sí a la modificación del Código Técnico de Edificación, pero de otra manera

Llevo casi dos años escribiendo esta columna mensual en idealista/news. Desde el primer artículo, y ante tanta ideología y tantos intereses políticos en vivienda, intento aplicar los tres tamices socráticos, es decir, lo que escribo debe ser verdadero, bondadoso y, sobre todo, útil. Como dijo el propio Sócrates: “Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no”. Y ser injusto me obsesiona. 

Hacer un análisis del Código Técnico de la Edificación (CTE) y dar mi opinión, es lo más difícil que he escrito, ya que lo debo escribir desde el conocimiento de otros. El CTE es una cuestión muy compleja y técnica, y debo interpretar el conocimiento de los que saben, que están trabajando desde la comisión técnica de ASPRIMA para poner un poco de cordura en el texto. 

El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo español que establece los requisitos básicos de calidad que deben cumplir los edificios, garantizando la seguridad, habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad de las construcciones. Este reglamento, aprobado por el Real Decreto 314/2006, se divide en exigencias básicas y Documentos Básicos (DB), que detallan los requisitos técnicos específicos.

Os puedo decir que nuestro CTE es de los más exigentes del mundo. Por tanto, la calidad de las viviendas de obra nueva que se realizan en España (es una norma estatal de obligado cumplimiento en todo el territorio) superan con creces todos los países de nuestro entorno. 

Como ejemplo, tuve oportunidad de estar con el CEO mundial de un proveedor de material constructivo, cuyo valor bursátil es de 480.000 millones de euros y están presentes en más de 160 países, y cuando le contábamos que los requisitos técnicos del CTE son los mismos para una vivienda libre de millones de euros que para nuestra vivienda protegida, no daba crédito y me preguntaba: "¿Con el problema de precios de vivienda que tenéis os lo podéis permitir?" Yo le contesté otra cosa políticamente correcta, pero, para mis adentros, pensaba, “todavía no te has enterado de que vivimos en el país de los Quijotes”.

La Directiva de eficiencia energética en edificios (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) es la principal norma europea dirigida a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la UE respecto a la edificación en lo referente a contención de emisiones de gases de efecto invernadero, del consumo energético y eficiencia energética y de generación de energía a partir de fuentes renovables.

Aquí Europa hizo de Quijotes más que nosotros y se metió en un lío importante, ya que la Directiva (UE) 2024/1275 busca la descarbonización total de edificios para 2050, estableciendo hitos clave: 2028 para edificios públicos nuevos (cero emisiones), 2030 para todos los edificios nuevos, y objetivos intermedios de renovación para edificios residenciales.

Cosa que nos va a costar un ojo de la cara, cuando de partida de los 8.000 millones de personas que habitan en el mundo, en Europa somos sólo 750 millones. 

Latinoamérica, África y gran parte de Asia no tienen en cuenta nada de esto. La población y las ciudades crecen de forma desordenada y sin criterios técnicos o muy bajos; subsistir es el único objetivo y los criterios ESG, poco importan cuando lo importante es cobijarte y llenar la tripa cada noche.

Solo Yakarta tiene una población de 42 millones de habitantes, casi como toda España. ¿De verdad creéis que en Indonesia se está aplicando alguna medida para mejorar el protocolo de Kioto? 

Pero es lo que tiene ser líder, que debes dar ejemplo y, sin duda, damos ejemplo y seguiremos dando, pero hay muchas maneras de llegar al objetivo y no debemos ser talibanes. Transición ecológica, no revolución ecológica. Con el problema que tenemos en vivienda, ahora no es el momento.

Técnicamente tenemos dos grandes dificultades: la medición de qué es un edificio 'Net Zero' y ligado viene el concepto de Análisis del Ciclo de Vida. 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de un edificio es una metodología científica para evaluar su impacto ambiental a lo largo de todas sus etapas, desde la extracción de materias primas hasta su demolición o reutilización, analizando el consumo de energía, emisiones y recursos para diseñar construcciones más sostenibles y eficientes 

Pues bien, todas estas cuestiones, y algunas más, como pueden ser las referidas a medidas contra incendios, es lo que regula la actualización del CTE, que está en trámite de consulta pública. 

Analizando el anteproyecto, nos hemos encontrado los siguientes excesos de regulación con respecto a la Directiva Europea:

• Exceso regulatorio en el “control de recepción en obra” para productos con marcado CE.
• Exigencia de certificación nacional obligatoria para productos sin marcado CE.
• Obligaciones adicionales de documentación técnica no previstas en el Reglamento 2024/3110.
• Obligación de instalación mínima de energía solar fotovoltaica (HE6) no exigida por la Directiva. (Qué obsesión: la electrificación no es sinónimo de descarbonización; hay otras fuentes de energías renovables que debemos introducir y más con los problemas de potencia eléctrica que tenemos).
• Metodología del cálculo del Potencial de Calentamiento Global (PCG) más rígida que la exigida por la EPBD (muy perjudicial, en términos económicos).
• Inclusión de ampliaciones y cambios de uso dentro del ámbito obligatorio del PCG.
• Definición nacional de “edificio de cero emisiones” más restrictiva que la Directiva (¿De verdad es necesario?).

• Regulación de movilidad sostenible más estricta de lo exigido por la Directiva. Autonomía municipal.

  Toda esta sobre regulación marcada por los técnicos del Ministerio de Vivienda tiene dos agravantes: no son potestativas, es decir, no se pueden plantear alternativas; y además evita que puedan ser financiadas o sufragadas con ayudas al fomento de descarbonización, como podrían ser alternativas de mayor edificabilidad para sufragar el aumento de costes que va a suponer la aplicación de estas normativas. Esto es un verdadero dislate. Además, a mi humilde entender, invade las competencias autonómicas y municipales en materia de vivienda.

  Una reflexión. Si la introducción del coche eléctrico está dopada de ayudas públicas, ¿por qué la electrificación y descarbonizacion de obra nueva no solo no tienen ayudas, sino que además se legisla para que autonomías y ayuntamientos no puedan dar ayudas? ¿Qué es más importante. los coches o la vivienda? ¿De verdad hay alguien al volante?

  En el momento en que una de las mayores preocupaciones sociales es el problema de accesibilidad a la vivienda, donde el coste de la construcción es un vector del significativo aumento del precio por la falta de mano de obra, la aplicación de este nuevo código técnico va a suponer incrementar el precio de la vivienda entre 12.000 y 15.000 euros más IVA en un primer momento y más de 18.000 euros cuando estén plenamente implantadas todas las medidas, según cálculos aportados por el Colegio de Aparejadores de Madrid (mis cálculos eran mayores).  

  Lo peor, hace que algunos proyectos sean inviables, como la aplicación del tema de las bicicletas, que hará que por perdida de edificabilidad, o tener que realizar un sótano más, el proyecto no se pueda llevar a cabo ante lo constreñidos que están los márgenes en la actualidad. Un verdadero dislate. 

  Sólo se puede entender esta falta de sensibilidad por parte del Ministerio por dos motivos. Uno de fondo, la ideología nunca resuelve ningún problema de nada y menos de vivienda. Otro de forma, si dejamos a técnicos que llevan alejados de la obra, que es algo muy vivo, legislar, pasa que no son conscientes de los problemas reales de la edificación, sobre todo, desconocen el precio real de las cosas.

  Por todo ello, mi enmienda a la totalidad de esta revisión del CTE, a riesgo de ser injusto, porque he de reconocer que las personas que dirigen la DG, encargada dentro del MVAU, están trabajando de forma incansable y desde dicha DG, escuchan de verdad.

  Mi esperanza, y estoy convencido que lo lograremos por esta escucha activa de esta parte del MVAU, son las enmiendas que les vamos a hacer llegar desde el sector privado. Las nuestras las han recibido desde APCE. Trabajando conjuntamente, saquemos un real decreto que no les cueste tanto a los españoles y no paralice aún más el desarrollo de la obra nueva. 

  Modificación del CTE sí, pero no de esta manera.