La Ley de Vivienda catalana empieza a dejar rastro más allá de los anuncios políticos. El Govern ha impuesto ya 13 sanciones por incumplimientos de la normativa, con un importe acumulado de unos 120.000 euros, en un movimiento que visualiza el arranque efectivo del régimen sancionador en un mercado del alquiler sometido a fuerte presión en Cataluña.
El dato lo han hecho público los Comuns, que desde hace meses reclamaban que la administración autonómica activara de forma real las multas previstas en la regulación. Las sanciones afectan tanto a propietarios como a intermediarios y se centran, principalmente, en irregularidades en zonas declaradas tensionadas, donde la ley fija obligaciones específicas en materia de precios y transparencia.
Entre los incumplimientos detectados figuran la ausencia de información obligatoria en anuncios y contratos, la aplicación incorrecta de los índices de referencia o la repercusión de costes al inquilino que la normativa no permite. Son infracciones de distinta gravedad, con sanciones que varían en función del tipo de falta y de su impacto.
Más allá de estas 13 multas, la administración tiene abiertos numerosos expedientes que podrían resolverse en los próximos meses, lo que elevaría la cifra total de sanciones. La voluntad del Govern pasa por reforzar la supervisión y trasladar al mercado la idea de que la regulación no es solo declarativa.
La activación de las sanciones llega en paralelo a la negociación política en torno a los presupuestos y a las políticas de vivienda, uno de los ejes centrales del debate en Cataluña. Mientras los partidos que defienden la intervención en el mercado consideran que las multas son clave para contener los precios, buena parte del sector inmobiliario insiste en que el desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo el problema estructural y reclama medidas que incentiven la salida de más vivienda al alquiler.
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