El Gobierno defiende en Bruselas la limitación de la compra especulativa de vivienda

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha defendido en Bruselas la limitación de la compra especulativa de vivienda para frenar los procesos de gentrificación y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

"Las viviendas son para vivir, no para la actividad económica", ha subrayado tras la reunión informal de responsables de Vivienda celebrada este lunes en la capital comunitaria.

Lucas ha reclamado a la Comisión Europea fondos específicos para adoptar medidas "rápidas, urgentes y eficaces" para solucionar el problema de la vivienda, que afecta a todos los países de la Unión Europea.

El secretario de Estado ha reivindicado la colaboración entre administraciones públicas como la mejor vía para conseguir soluciones efectivas.

"Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. Para eso, es imprescindible nuestro esfuerzo, pero también que la UE se implique porque tiene mecanismos, financiación e instrumentos", ha recalcado.

La limitación de las compras de viviendas es una medida que han defendido en los últimos meses otros miembros del Gobierno, como Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Según el ministro, el hecho de que el 60% de las compraventas de viviendas sean sin hipoteca es una pueba de que son compras especulativas. En su opinión, "eso no son familias, eso no son jóvenes que se independizan, eso no son ciudadanos haciendo sus proyectos de vida, eso son agentes especuladores".

Recordemos que el Govern de Cataluña y los Comunes han alcanzado un acuerdo para limitar las transacciones en la región catalana a solo dos finalidades: destinar los inmuebles a residencia habitual o ponerlos en alquiler bajo los controles de precios. Una medida que se hará efectiva a través de una modificación de la Ley de Urbanismo que debe tener el beneplácito del Parlament y que exige la aprobación de planes especiales urbanísticos por parte de los ayuntamientos de los municipios declarados como zonas tensionadas. 

La iniciativa ha levantado una polvareda entre ciudadanos, abogados, economistas y sector inmobiliario, ya que no solo afectaría a los grandes tenedores de viviendas, sino también a los pequeños propietarios, que solo podrían tener una segunda residencia en zonas tensionadas y se verían obligados a vender o destinar al alquiler las viviendas heredadas en las que no residieran si sale adelante la proposición de ley en sus términos actuales. 

Actualmente se desconoce el texto definitivo, aunque los Comunes han registrado en el Parlament una proposición de ley al respecto que ya ha sido admitida a trámite. El texto planteado impide a los particulares comprar una tercera residencia en municipios tensionados y obliga a destinar las viviendas heredadas al alquiler si no se venden o se usan como hogar principal. 

El Parlamento regional debe validar el texto, mientras que los municipios declarados como zonas tensionadas tendrán que aprobar planes especiales urbanísticos para limitar los inmuebles a dos finalidades: residencia habitual o alquiler con límite de rentas.