El debate sobre el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales vuelve a tensionar el escenario político catalán. En pleno aumento de los flujos migratorios y con Cataluña superando ya los ocho millones de habitantes, Junts per Catalunya ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca endurecer los requisitos de acceso a los llamados “derechos de alta intensidad”, entre ellos, la vivienda protegida.
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La formación liderada por Carles Puigdemont trabaja desde hace meses en el denominado Plan 8 millones, una estrategia que pretende ordenar el crecimiento demográfico y redefinir el acceso a los servicios públicos en función del grado de arraigo de la población. El documento, aún en fase de revisión, establece diferentes escalones de acceso a derechos sociales para los extranjeros que llegan a Cataluña.
En el último nivel se sitúan los denominados “derechos de alta intensidad”, que exigirían acreditar una mayor integración y vinculación con el territorio. El ejemplo más claro es el acceso a vivienda protegida, donde Junts propone elevar significativamente los requisitos.
La iniciativa ya ha tenido un primer reflejo en Sant Cugat del Vallès, el mayor municipio gobernado por el partido, con cerca de 97.000 habitantes. Allí, el alcalde lleva más de un año defendiendo la ampliación del periodo mínimo de empadronamiento necesario para acceder a un piso social, pasando de los tres años actuales a diez. Este requisito podría cumplirse de forma continua o discontinua, según la propuesta.
En marzo del año pasado, Junts presentó una moción en el Ayuntamiento de Sant Cugat para impulsar este cambio y trasladó la iniciativa al Parlament de Cataluña, instando a modificar el marco legislativo que regula el acceso a la vivienda pública. Además, pedía al Govern liderado por Salvador Illa que incorporara esta medida en el plan de construcción de 50.000 viviendas públicas antes de 2030.
Sin embargo, la propuesta no prosperó en la Cámara catalana. Solo contó con el apoyo del Partido Popular y Vox, mientras que partidos como el PSC, ERC, los Comunes y la CUP votaron en contra. Por su parte, Aliança Catalana optó por la abstención.
Pese a este revés parlamentario, Junts ha seguido avanzando en la misma línea desde el ámbito municipal. En Sant Cugat, el consistorio ha intensificado los controles sobre el padrón para evitar fraudes en el acceso a ayudas sociales y vivienda protegida. En agosto de 2025 se detectaron 300 empadronamientos irregulares y, en el último año, se ha dado de baja a unas 4.000 personas tras comprobar que no residían realmente en el municipio.
Además, se ha endurecido el proceso de empadronamiento: aunque el trámite puede iniciarse de forma telemática, es obligatorio completarlo presencialmente en un plazo de tres meses. En caso contrario, se activa automáticamente una inspección domiciliaria. A estas medidas se suman controles aleatorios para detectar sobreocupación de viviendas o movimientos sospechosos en el padrón.
El planteamiento de Junts entronca con propuestas similares defendidas por el Partido Popular, que apuesta por priorizar el acceso a ayudas en función del grado de vinculación con el territorio, medido a través del tiempo de empadronamiento y el arraigo efectivo, aunque sin establecer diferencias en función de la nacionalidad.
En este sentido, la formación independentista insiste en reforzar el “sentimiento de pertenencia” como criterio clave para acceder a determinados servicios, evitando introducir distinciones explícitas entre ciudadanos españoles y extranjeros, como sí plantean otras fuerzas políticas.
El control de la política migratoria se mantiene, además, como una de las prioridades estratégicas de Junts. Prueba de ello es el acuerdo alcanzado con el PSOE para delegar competencias de extranjería a la Generalitat, una medida que, por ahora, sigue bloqueada en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios.
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