El sueño de la casa propia con jardín y piscina ha sido durante generaciones el símbolo más reconocible de la aspiración de clase media en Australia. Sin embargo, esta idea se ha vuelto inalcanzable para una gran parte de la población por los elevados precios de la vivienda en las grandes ciudades, como el caso de Sídney, cuyo precio medio se sitúa en 1,3 millones de dólares australianos (790.000 euros al cambio actual), según la empresa inmobiliaria Cotality.
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Ante este escenario, el Gobierno australiano ha presentado un paquete de reformas fiscales que sus impulsores califican como las “más profundas de los últimos 25 años”. El objetivo es corregir los desequilibrios generados por décadas de incentivos que, en la práctica, han favorecido a los inversores frente a quienes intentan acceder a su primera vivienda.
El núcleo de la reforma afecta a dos figuras fiscales que han moldeado el mercado australiano durante décadas. Por un lado, el conocido como ‘negative gearing’, un mecanismo que permitía a los propietarios desgravarse las pérdidas económicas en caso de que los beneficios por arrendar una vivienda fueran inferiores a los gastos (hipoteca, mantenimiento o gastos). A partir de ahora, esta ventaja solo se aplicará a inmuebles de obra nueva, para evitar así la inversión en vivienda usada.
Por otro lado, la bonificación del 50% sobre las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de inmuebles, que está presente en el país oceánico desde 1999, será sustituida por un sistema de indexación ajustado a la inflación, con un tipo mínimo del 30%.
Este mismo gravamen también se implantará sobre los ‘fideicomisos’, vehículos de inversión utilizados por los propietarios para transferir bienes a entidades financieras que se encargan de su gestión.
Para no penalizar la inversión ya realizada, el Gobierno ha optado por blindar el patrimonio existente, por lo que los inmuebles adquiridos antes de la entrada en vigor de estas nuevas normas quedarán exentos de los cambios fiscales.
Un debate con múltiples frentes
Según diversos economistas consultados por el diario ‘Financial Times’, estas nuevas medidas podrían desencadenar una caída de la inversión en vivienda y, a su vez, una desaceleración en las unidades de obra nueva. Por otro lado, las voces favorables celebran que la política fiscal empiece a inclinar la balanza hacia los compradores jóvenes.
Sin embargo, los detractores plantean varias objeciones: advierten de que reducir los incentivos a la inversión privada podría contraer la oferta disponible y presionar al alza los alquileres, perjudicando precisamente a quienes no pueden comprar. La reforma podría suponer la construcción de 35.000 viviendas menos en los próximos diez años por la caída de la inversión privada, según estos expertos.
Para compensar ese déficit potencial, el Gobierno ha anunciado un fondo de 2.000 millones de dólares australianos (1.200 millones de euros) destinado a financiar infraestructuras básicas que faciliten la urbanización de suelo y permitan edificar 65.000 nuevas viviendas, dentro de un plan más amplio que contempla 1,2 millones de casas en esta década.
El prestigioso medio asegura que varios expertos consultados insisten en que ninguna reforma tributaria resolverá la crisis si no se aborda el problema de fondo: Australia sencillamente no tiene suficientes viviendas.
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