La proposición de ley catalana destinada a limitar determinadas compras de vivienda en las zonas de mercado tensionado ha recibido un duro revés jurídico. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) considera que varios puntos de la iniciativa impulsada por Comuns y respaldada por el Govern son contrarios a la Constitución y al Estatut de Cataluña.
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El dictamen, aprobado por unanimidad, no es vinculante y, por tanto, no supone la anulación ni la retirada automática de la propuesta. Sin embargo, obligará a los grupos que apoyan la medida a revisar su contenido si quieren reducir el riesgo de que una futura ley termine recurrida ante el Tribunal Constitucional.
La iniciativa pretendía modificar la normativa urbanística catalana para permitir que los ayuntamientos situados en zonas tensionadas condicionasen el destino de determinadas viviendas adquiridas. Los inmuebles afectados deberían dedicarse principalmente a residencia habitual o a alquiler permanente sujeto a la regulación de precios.
El objetivo declarado era impedir operaciones consideradas especulativas, como la compra de viviendas para desalojar a sus ocupantes, destinarlas al alquiler de habitaciones o revenderlas a corto plazo con una elevada plusvalía.
Dudas sobre el derecho de propiedad y la libertad de empresa
Según el Consell, la regulación planteada afecta a derechos y principios constitucionales como el derecho a la propiedad y a la herencia, la libertad de empresa, la seguridad jurídica y la autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales.
El órgano consultivo también cuestiona que estas restricciones se intenten introducir mediante la legislación urbanística. La propuesta vinculaba las condiciones impuestas a las viviendas con su calificación urbanística, independientemente de quién fuera el comprador.
El dictamen entiende que la regulación no ofrece suficiente claridad sobre algunas de las obligaciones que recaerían sobre los propietarios y compradores. Esta falta de precisión podría generar inseguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias.
Además, el CGE advierte de que la norma puede establecer limitaciones excesivamente amplias y no suficientemente justificadas sobre el uso y la transmisión de la propiedad.
Los reparos no afectan únicamente al contenido. El Consell también considera inadecuado que la proposición se haya tramitado mediante el procedimiento de lectura única, una vía abreviada reservada para textos cuya naturaleza o simplicidad permiten reducir el debate parlamentario.
A juicio del organismo, la complejidad y el alcance de la regulación exigían una tramitación más extensa. El procedimiento seguido podría haber afectado al derecho de participación política de los diputados.
El informe señala igualmente que no se solicitó la intervención del Consell de Governs Locals, pese a que la propuesta concedía a los ayuntamientos un papel central en la aplicación de las restricciones. Esta omisión podría vulnerar el artículo 85 del Estatut.
La aprobación de la ley queda en el aire
La propuesta comenzó su recorrido parlamentario en julio con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP. Junts, PP, Vox y Aliança Catalana rechazaron su tramitación. Junts y PP solicitaron posteriormente el pronunciamiento del Consell de Garanties.
Tras conocerse el dictamen, los partidos contrarios a la iniciativa han reclamado que sea retirada. Diferentes representantes del sector inmobiliario también habían advertido de sus posibles efectos sobre la seguridad jurídica, la inversión y la oferta de vivienda.
Los impulsores de la medida, por su parte, mantienen su intención de buscar una fórmula que permita limitar las adquisiciones consideradas especulativas dentro del marco constitucional. Para ello, deberán decidir si reformulan profundamente el texto, restringen su aplicación a los grandes tenedores o impulsan una nueva iniciativa mediante el procedimiento parlamentario ordinario.
La regulación formaba parte del acuerdo alcanzado entre el Govern y Comuns en materia presupuestaria y de vivienda. Su aplicación se planteaba inicialmente para los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado, en los que vive la mayor parte de la población catalana.
Por ahora, las compraventas de vivienda en Cataluña continúan sujetas a la normativa vigente. El dictamen no introduce restricciones nuevas ni modifica las operaciones inmobiliarias, pero deja seriamente comprometida la aprobación de la propuesta en su redacción actual.
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