La construcción de vivienda de protección oficial (VPO) avanza de forma desigual en Catalunya. Entre 2015 y 2025, 830 municipios, el 88% del total, no iniciaron ninguna vivienda protegida. La actividad se concentró en 117 localidades y, en 27 de ellas, no alcanzó los diez pisos entre los construidos y los que se encuentran en obras.
La falta de promociones también afecta a las capitales de comarca: 22 de las 43 no registraron inicios de VPO durante este periodo. Entre ellas figuran Amposta, Cervera, Olot, Puigcerdà, Ripoll, Solsona, Tàrrega, El Vendrell y Vielha e Mijaran, según los datos oficiales del Govern catalán.
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En las ciudades de más de 50.000 habitantes sí se iniciaron promociones de vivienda protegida, aunque con diferencias importantes. Cerdanyola del Vallès contabilizó 25 pisos; Rubí, 30, y Vic, 39.
Barcelona encabezó la actividad, con 6.230 de las 21.535 viviendas protegidas iniciadas en Catalunya. En el mismo periodo se terminaron unas 16.000 en el conjunto del territorio, de las cuales 4.792 (aproximadamente el 30%) corresponden a la capital catalana.
Viladecans ocupó la segunda posición, con 1.620 viviendas iniciadas, pese a ser el decimonoveno municipio por población. Le siguieron L’Hospitalet de Llobregat y El Prat de Llobregat. Badalona y Terrassa, tercera y cuarta ciudad por habitantes, se situaron en el quinto y noveno puesto, respectivamente.
La concentración territorial es uno de los rasgos más destacados del balance. Cinco comarcas metropolitanas acumularon 19.339 viviendas protegidas iniciadas, cerca del 90% del total catalán. Las cifras muestran una distribución muy desigual de la nueva oferta, según recoge 'Expansión'.
Ante este escenario, la Generalitat mantiene el objetivo de incorporar 50.000 viviendas al parque público. Según el balance aportado por la consellera de Territori, Sílvia Paneque, se han movilizado 10.000, el 20% de lo comprometido. Esta cifra incluye distintas vías de incorporación, como compras mediante tanteo y retracto, adquisiciones a grandes tenedores y operaciones vinculadas al fondo de emancipación juvenil del Institut Català de Finances (ICF); por tanto, no equivale a 10.000 viviendas de nueva construcción.
Desde el sector promotor, la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) advierte de la distancia entre la oferta y la demanda. Su presidente, Xavier Vilajoana, señaló que en la región metropolitana hay casi 35 solicitudes inscritas por cada vivienda protegida iniciada y reclamó suelo, licencias, financiación y seguridad para impulsar promociones asequibles.
El reto pasa por aumentar el ritmo de construcción y extender la oferta a los municipios que llevan años sin nuevas promociones protegidas.
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