Las filtraciones de agua en una piscina pueden parecer un simple problema de mantenimiento. Sin embargo, cuando su origen se encuentra en un defecto de ejecución, pueden terminar generando responsabilidades incluso años después de finalizar los trabajos. La Audiencia Provincial de Tarragona ha confirmado la condena a una constructora a reparar sin coste las pérdidas de agua de una piscina construida en una vivienda. La resolución analiza el origen de las filtraciones y la responsabilidad de la empresa encargada de la obra.

El Tribunal Supremo vuelve a pronunciarse sobre uno de los conflictos más habituales en edificios residenciales: el uso de salidas de humos en locales de hostelería. En una sentencia de enero, el alto tribunal declara la nulidad del acuerdo de una comunidad de propietarios que pretendía obligar a un establecimiento a desmontar una chimenea instalada décadas atrás. La clave no se encuentra tanto en la instalación como en la conducta previa de los vecinos, que durante años toleraron su uso y conocían el proyecto de reforma del local para destinarlo a restaurante. Cuando finalmente decidieron prohibirlo, las obras ya habían concluido y la inversión estaba realizada.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha declarado injusta la desheredación de una nieta a la que su abuela había privado de la legítima alegando una supuesta falta de relación familiar. La sentencia, dictada el pasado diciembre, concluye que no se acreditó una ausencia de relación que fuera imputable a la legitimaria, requisito imprescindible para aplicar esta causa. El caso ilustra uno de los conflictos más frecuentes en las herencias: hasta qué punto el distanciamiento familiar puede justificar que un descendiente pierda la porción que la ley le garantiza.

Vender una vivienda heredada no siempre es tan sencillo como parece, y menos cuando el inmueble tuvo el dominio desmembrado, es decir, la nuda propiedad por un lado y el usufructo por otro. La Dirección General de Tributos (DGT) ha puesto orden en esta cuestión a través de una consulta vinculante. Desde el punto de vista fiscal deben diferenciarse dos momentos adquisitivos con régimen fiscal propio. En primer lugar, la parte adquirida por compraventa en 2006 se rige por las normas propias de las transmisiones onerosas, es decir, el precio satisfecho, junto a los gastos y tributos que procedan. La parte del valor de compra correspondiente al usufructo tiene la consideración de adquisición a título lucrativo y se determina conforme a las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El Tribunal Supremo ha aclarado una duda que estaba generando cierta inseguridad en los procedimientos de desahucio por falta de pago: ¿puede exigirse al fiador que consigne las rentas adeudadas para poder recurrir? La respuesta es no, al menos cuando ese fiador no impugne el desahucio ni la resolución contractual, sino únicamente su responsabilidad como garante. Así, la sentencia del alto tribunal fija un criterio relevante sobre la aplicación del artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procedimientos de desahucio con acumulación de reclamación de rentas frente a arrendatarios y fiadores.

Los equipos de climatización pueden parecer una solución sencilla para muchas viviendas. Sin embargo, cuando se instalan en un espacio que forma parte de los elementos comunes de una comunidad, esa decisión no puede adoptarla un propietario de forma unilateral. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha recordado en una sentencia en la que ordena retirar seis compresores de la cubierta de un edificio residencial, así como eliminar el resto de alteraciones. La resolución ofrece una importante aclaración sobre los límites que impone la Ley de Propiedad Horizontal.

La Audiencia Provincial de Granada ha confirmado la obligación de retirar un muro que obstaculizaba el acceso a una parcela colindante, recordando que la ley protege la posesión frente a actuaciones realizadas al margen de los cauces legales. Este tipo de conflictos suele partir de la idea errónea de que el propietario puede cerrar libremente su finca por el mero hecho de ser el titular. Sin embargo, este derecho de propiedad debe ejercerse dentro de los límites legales. Lo que el tribunal ha confirmado es que un nudo propietario, sin ser directamente el usufructuario de la finca, puede ejercitar las acciones de tutela posesoria.

Tener licencia del Ayuntamiento no siempre es el salvoconducto definitivo para llenar de mesas y sillas un patio o un soportal. El Tribunal Supremo lo reafirma en una sentencia donde confirma que la autorización municipal no atribuye por sí sola un título que legitime la ocupación de elementos comunes. Que el Ayuntamiento autorice una actividad no significa que quede alterado el régimen de propiedad del espacio. Si la zona afectada es un elemento común, su utilización queda sujeta a lo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y a los acuerdos válidamente adoptados por la junta.

Cerrar una terraza para ganar metros al salón es una de las reformas más habituales, pero también una de las que más conflictos generan. La última palabra, en este caso, la ha tenido el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente reafirma la doctrina consolidada en materia de propiedad horizontal: un acuerdo de la junta solo ampara aquello que autoriza expresamente, y no puede extenderse a actuaciones que supongan una ampliación de superficie o una alteración con incidencia en el título constitutivo y en los coeficientes de participación.

¿Qué ocurre cuando el acceso a una finca depende de atravesar la propiedad del vecino? El Tribunal Supremo acaba de responder a esta pregunta en una sentencia donde fija un criterio de gran importancia para quienes comparten accesos entre fincas en suelo rústico. En el caso resuelto, los dueños de un patio colocaron dos vallas de baja altura que podían abrirse manualmente. Los vecinos utilizaban ese espacio desde hacía años para acceder a su pajar con tractor o todoterreno, pero desde la instalación de las vallas, cada vez que querían pasar debían abrirlas a mano. El quid de la cuestión está en que el paso no quedó impedido y el Supremo lo considera una mera molestia, pero no altera la situación posesoria existente.