El Alto Tribunal ha dictado una sentencia que marca un precedente en el equilibrio entre el derecho al honor y a la intimidad de una persona frente al derecho a la información en las comunidades de propietarios. En la resolución STS 4708/2024, la Sala de lo Civil ha estimado el recurso de casación interpuesto por una administradora de fincas que había sido condenada por colocar carteles informativos en espacios comunes de una urbanización de Alicante alertando de un inquilino que había sido desahuciado por impago.

El Tribunal Supremo ha ratificado que la propietaria de un bar en Madrid deberá devolver a la comunidad de vecinos el uso de un patio común que ocupó ilegalmente desde 2004, cuando lo techó sin permiso alegando problemas de humos y olores, pero en realidad para ampliar el local. La sentencia estima el recurso de la comunidad, que durante años reclamó sin éxito la demolición del cerramiento, al entender que la obra alteraba un elemento común y que su modificación requería la autorización unánime de todos los propietarios.

Un trabajador necesita más de 52 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media, un 40% más de tiempo del que requeriría sin intereses hipotecarios. En algunas comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares, el precio de un piso de 60 m² supera los 300.000 euros, lo que equivale a entre 20 y 25 sueldos anuales íntegros. “Una cifra del todo inasumible”, desvela el informe Convenios Colectivos y derecho a una vivienda, que la UGT ha presentado poniendo un especial foco en la relación de los salarios y el precio de los pisos en nuestro país.

Una nueva resolución de la Agencia Española de Protección de Datos ha acabado con una sanción económica de 1.000 euros a una comunidad de propietarios, en su condición de responsable del tratamiento de datos, por haber expuesto durante meses el acta de una junta en la que figuraba una relación de nombres, apellidos, dirección postal y deudas con la comunidad. Dice la resolución que “el acta de la junta general ordinaria, celebrada el 3/08/2023, fue publicada en una vitrina cerrada con llave, ubicada en el vestíbulo de entrada al inmueble, a la vista de todo el que entrara en el edificio".

Recientemente la Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado en una sentencia que es la comunidad de vecinos y no el propietario, que hace uso privativo de esa terraza, quien debe asumir los costes de reparación de los daños ocasionados por una deficiente impermeabilización. Deficiencias que han causado humedades en el salón comedor de la vivienda situado justo bajo la vertical de la terraza del inmueble superior. El informe pericial justifica que las filtraciones se deben al mal estado de conservación de la tela asfáltica, que habría expirado su vida útil, estimándose el importe de reparación en un total de 4.284,30 euros.

En el marco del Salón de la Construcción Construmat, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha presentado la II edición del Barómetro de la Vivienda de España que, elaborado por la consultora GAD3, vuelve a acaparar la atención del problema que tienen los jóvenes para poder acceder a una casa. Su presidente Narciso Michavila sostiene que estamos ante un modelo occidental que ha aportado pocos recursos a la vivienda: “de cada euro que se destina a política de vivienda, estamos pagando 12 euros en intereses de la deuda o 45 euros en pensiones. Esto no hay sistema que lo mantenga”, aportó Michavila.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a una inmobiliaria con una multa de 20.000 euros por fotografiar buzones de las comunidades de propietarios que visitaba, vulnerando los artículos 6 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Los hechos se remontan a abril de 2023, según manifiesta el reclamante, que en ese momento era un trabajador, cuando sus jefes reunieron a los empleados de la inmobiliaria instándoles a que realizaran fotos y videos de los buzones de las comunidades de propietarios de los inmuebles que visitaran para elaborar una base de datos.

Revolucionar el sector inmobiliario abordando la industrialización, descarbonización y vivienda asequible es el principal objetivo que persigue desde hace dos años la arquitecta Ana Lozano. Pero lo realmente innovador es que lo hace tomando como base la Inteligencia Artificial a través de su premiada startup Nidus Lab. Su desafío está claro: diseñar mejor sin renunciar a la creatividad y construir mejor, haciendo que cada proyecto genere valor desde la primera línea dibujada.

Mirador de Gràcia se ha convertido en la primera residencia de mayores certificada con el estándar alemán Passivhaus en Cataluña. Desde su ubicación en las colinas de Collserola, esta innovadora residencia ha sido diseñada por Joaquim Rigau. Alberga 75 habitaciones, entre dobles e individuales, para una capacidad de 143 residentes, distribuidas en ocho plantas con todo tipo de servicios comunes (gimnasio, lavandería, farmacia, peluquería, siete salas de estar, dos jardines en la azotea, etc.). La eficiencia de este complejo se traducirá en una reducción del 70% en los costes energéticos en comparación con otras residencias convencionales.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha presentado una batería de medidas para corregir e impulsar la actividad rehabilitadora en nuestro país, de manera que se pueda incrementar el exiguo 0,15% de viviendas que sobre el total se renuevan al año. “A este ritmo se tardaría 600 años en rehabilitar el parque edificado español, cuando Europa se ha fijado 2050 para llegar a la neutralidad climática”, ha expresado Toni Jaume, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares, en rueda de prensa. Entre las propuestas de carácter económico, el CGCAFE solicita la creación de la cuenta ahorro rehabilitación energética, similar a la ya extinta para viviendas.