El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que afecta directamente a numerosas urbanizaciones y edificios situados en primera línea de costa: las comunidades de propietarios, al carecer de personalidad jurídica propia, no pueden ser formalmente titulares de una concesión administrativa para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Así lo establece la Sala Tercera en su sentencia 1420/2025, de 5 de noviembre (recurso 1972/2024), en la que analiza el intento de una comunidad de propietarios de Andratx (Mallorca) de obtener la concesión de un solárium y piscina parcialmente ubicados en terreno demanial, esto es, de titularidad pública.

El Tribunal Supremo ha resuelto un nuevo conflicto vecinal que, en esta ocasión, gira en torno a la instalación de una chimenea en un edificio residencial. Resuelve sobre la validez de un acuerdo comunitario que exige al actual propietario del local el cese del uso de la salida de humos y el desmontaje de la chimenea instalada al poder existir autorización tácita. el Supremo considera nulo el acuerdo de la comunidad de propietarios, que se fundamenta en que permitió tácitamente el uso continuado y la reforma de la salida de humos, con conocimiento y sin oposición durante un largo periodo.

La Audiencia Provincial de Navarra ha recordado que un propietario que quiera recurrir una condena al pago de deudas con su comunidad de vecinos debe pagar o consignar antes de apelar. No después ni durante el recurso, sino antes. El caso se inicia con la reclamación de una comunidad de propietarios de Pamplona frente al titular de un local en la planta baja del edificio, al que se le atribuía una cuota de participación del 11% tras diversas segregaciones del local original. En las juntas celebradas en 2020 y 2021 se aprobaron las obras de instalación de ascensor y el reparto de su coste, y en febrero de 2022 se liquidó la deuda acumulada a este propietario por el impago de las derramas, que ascendía a 14.682,44 euros.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha puesto coto a la subida de cuotas a los pisos turísticos acordada por una comunidad de propietarios cuando la actividad ya se venía desarrollando antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de marzo de 2019 (Real Decreto-ley 7/2019), en relación con la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que introdujo cambios significativos para la regulación de este tipo de alojamientos turísticos. Recordemos que la modificación normativa permitía que la comunidad aprobara un incremento de hasta un 20% de la cuota de gastos comunes para aquellos propietarios que dedicasen su vivienda a la actividad turística por el uso intensivo de elementos comunes. Pero sin efectos retroactivos.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre una cuestión que en los últimos años ha generado inseguridad jurídica: si las ayudas públicas para la rehabilitación de edificios o viviendas pueden computarse como ingresos y provocar la pérdida del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Sala de lo Social del Alto Tribunal aclara que estas subvenciones no deben tenerse en cuenta como renta a efectos de esta prestación.

Cuando se adquiere una vivienda en subasta judicial es frecuente que surja una duda clave: ¿desde cuándo debe el nuevo propietario hacerse cargo de las deudas con la comunidad de propietarios? El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre el momento en el que el adjudicatario de un inmueble en subasta pasa a ser deudor frente a la comunidad. Según el alto tribunal, no comienza con la firma de la escritura pública ni con la inscripción en el Registro de la Propiedad, sino con la adjudicación judicial del inmueble.

Iciar de las Casas, hija del conocido arquitecto Manuel de las Casas, Premio Nacional de Arquitectura, ya fallecido, ha conseguido trasladar su legado a la carpintería de ventanas de madera, en la que constantemente innova sin perder artesanía y precisión en su fabricación. Prueba de ello es su empresa, WECO Windows, que ha recibido varios premios por su innovador sistema de ventanas. Durante una entrevista con idealista/news, la arquitecta ha resaltado el valor de la madera y ha recordado la importancia de las ventanas: "Es tecnología invisible y diseño consciente para transformar espacios".

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los conflictos más habituales en las comunidades de propietarios: las consecuencias sobre reformar una vivienda sin pedir permiso. En una sentencia dictada en enero, el Alto Tribunal concluye que no es legal unir físicamente dos inmuebles situados en portales distintos sin acuerdo comunitario, aunque no se modifiquen las cuotas ni se inscriba el cambio en el Registro de la Propiedad.

Álvaro Pardo, arquitecto en Innovación y Sostenibilidad en PAEE Construcción Passivhaus-ECCN, explica a idealista/news cómo fueron los inicios de YZ HUB, un proyecto colaborativo en el que varias empresas líderes del sector se han unido para llevar sostenibilidad, la digitalización y la industrialización para desarrollar una vivienda pasiva en Camarma de Esteruelas (Madrid). Pardo repasa qué ventajas tiene la construcción industrializada y cómo ayudaría llevar a los jóvenes a la obra para que conocieran 'in situ' el proceso de construcción, sobre todo en un momento marcado por la falta de trabajadores y el relevo generacional. "Es necesario cambiar la percepción del sector y volver a hacerlo atractivo", asegura.

La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una sentencia en la que pone el foco en la controvertida repercusión de tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basuras cuando estos conceptos se incluyen en el contrato de arrendamiento. El litigio enfrentaba a arrendadora e inquilino por el pago de las rentas devengadas entre marzo de 2020 y mayo de 2021. El arrendatario alegaba, entre otros motivos, que la renta incluía indebidamente los gastos de comunidad e IBI. Sin embargo, la Audiencia desestima el recurso de apelación del inquilino y le condena al pago de 7.800 euros en concepto de rentas devengadas, además de las costas.