En España en 2012 se construyeron de media 53.000 viviendas protegidas. Diez años después solo se han construido poco más de 9.500. Es evidente que existe un problema en este segmento. Por este motivo, idealista/news ha reunido a José María García, viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid; a Francisco Pérez, CEO de la promotora Culmia y a Juan Antonio Gómez-Pintado, CEO de la promotora Vía Ágora y presidente de APCE para abordar esta cuestión. El precio del módulo de la vivienda, la falta de suelo y el exceso de burocracia para conseguir licencias, los problemas más repetidos por los ponentes.
Las viviendas de protección oficial (VPO) son aquellas casas que se destinan a personas con rentas bajas. Normalmente, se otorga su concesión mediante un sorteo público. Asimismo, el Estado ofrece viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, de compra o de alquiler con opción a compra.
El pasado 29 de agosto el instituto de la vivienda de Madrid (ivima) adjudicaba a la sociedad anónima azora y su socio, el banco de inversión goldman sachs, 32 promociones de vivienda en alquiler y en arrendamiento con opción de compra, garajes, trasteros y locales por 201 millones.
La ceoe (confederación española de organizaciones empresariales) propone al gobierno que para promover un parque de viviendas protegidas en alquiler se recurra al capital privado, a través de contratos de concesión o de colaboración público-privada (cpp)
Lazora, el mayor patrimonialista de vivienda protegida en alquiler de España, presenta su campaña de verano 2010 por la que se compromete a pagar el importe de una mensualidad a quien alquile una de sus viviendas de vpo hasta el 15 de septiembre Las 20 promociones asociadas a esta camp
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