Con el paso de los años está aumentando el tiempo que deben esperar los propietarios en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de las viviendas. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia se situó en 10,9 meses en 2022, frente a los 9,6 meses de un año antes o de los 4,9 meses de 2018. Si sumamos lo que tardan las apelaciones en las Audiencias Provinciales, el plazo total se amplía hasta 20,5 meses, aunque Andalucía, Baleares, Canarias o Castilla y León se acercan a dos años. Los expertos piden cambios normativos para acelerar la recuperación de los inmuebles.