Agencia Negociadora del Alquiler

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) considera que el objetivo del Gobierno de ayudar a las familias vulnerables en pleno rebrote del covid-19 no se cumple al paralizar los desahucios. Cree que genera inseguridad jurídica y provocará una contracción de la oferta y de nuevas inversiones en materia de alquiler, lo que acabará lastrando el acceso a la vivienda de los inquilinos con menos recursos, y recomienda dar ayudas directas para pagar la renta. La Agencia Negociadora del Alquiler cree que prolonga los impagos que sufren muchos propietarios.

Ante el aumento de casos de okupaciones ilegales, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) propone una doble reforma legal: por un lado para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan tramitar directamente en los primeros días la desocupación de la vivienda y el desalojo de los okupas; y por otro lado que se endurezcan las penas del Código Penal en los delitos de usurpación de viviendas.

Si un propietario particular decide ocuparse del alquiler de su vivienda, debe saber que se arriesga mucho a un posible contagio. Por eso, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, cree que la alternativa más segura es dejar el proceso en manos de profesionales. Son quienes tienen los conocimientos y los medios técnicos necesarios para garantizar una mayor seguridad tanto en las fases de desescalada como ante un posible repunte de la pandemia.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, asegura que la principal causa es la debilidad económica de los solicitantes de este tipo de alquileres, con ingresos, en muchos casos insuficientes para poder pagar las rentas y los gastos asociados al alquiler, lo que limita el cumplimiento de sus obligaciones. Esto comportaría que el riesgo de impagos fuera altísimo, lo que afectaría de forma negativa a la rentabilidad.

Actualmente la ocupación ilegal se puede combatir civil o penalmente. La vía civil suele ser más rápida debido sobre todo a lo garantista que es la vía penal. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, recuerda que en 2018 se aprobó una ley de desahucio exprés para lograr echar a los okupas en un mes, pero no ha tenido el éxito esperado. Todavía se tarda entre 6 y 7 meses en recuperar la vivienda ocupada ilegalmente.

En el alquiler se pueden producir dos tipos de morosidad: una inesperada y otra profesional, donde los inquilinos conocen las leyes y los trucos para engañar a los propietarios. Los síntomas más frecuentes que se repiten entre los morosos profesionales son que suelen ofrecer hasta seis meses de renta por adelantado, el alquiler supone más del 35% de sus ingresos o pretenden que los suministros sigan a nombre de los arrendadores.