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La Agencia Negociadora del Alquiler pide medidas para agilizar la desocupación de viviendas

Desalojar sin esperar autorización judicial o endurecer el Código Penal en los delitos de usurpación de vivienda

Desokupación
Desokupación
Autor: Redacción

Ante el aumento de casos de okupaciones ilegales que se están produciendo y la creciente preocupación de los propietarios de viviendas, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) propone una doble reforma legal: por un lado para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando no tengan dudas de que se esté cometiendo un delito flagrante, puedan tramitar directamente en los primeros días la desocupación de la vivienda y el desalojo de los ocupas; y por otro lado que se endurezcan las penas del Código Penal en los delitos de usurpación de viviendas. 

En concreto, el primer cambio legal que propone la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) consiste en modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal permitiendo como medida cautelar que las desocupaciones sean tramitadas por órganos administrativos como son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero manteniendo siempre a salvo el derecho de los okupas, ya fuera de las viviendas, a iniciar los procedimientos judiciales a los que crean que tienen derecho.

José Ramón Zurdo explica la propuesta de ANA: “en la actualidad ni la vía penal, regulada sobre todo en dos artículos el 202 y el 245 del Código Penal, ni la vía civil regulada en la Ley de Enjuiciamiento civil, ni su modificación por la Ley 5/2018 del 11 de junio, del llamado desahucio exprés para las okupaciones ilegales, han solucionado, de forma rápida y eficaz, el problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, por este motivo proponemos esta doble reforma”.

“Por todo ello -prosigue Zurdo- al no existir una Norma Jurídica concreta que regule el fenómeno de la okupación, las competencias precisas para llevar a cabo los desalojos, y los plazos para ejecutarlo, solicitamos, a tenor de lo expuesto por la Fiscal General del Estado, que se legisle regulando estos aspectos. O al menos, se unifique el Ordenamiento Jurídico para que en toda España los fiscales ordenen las mismas instrucciones y aclaren definitivamente en esta materia, cuando se está ante un delito flagrante de okupación y cuáles son los plazos que disponen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para desalojar las viviendas”, concluye José Ramón Zurdo.  

“Nuestra propuesta sería que, nada más iniciarse cualquier procedimiento contra la okupación, la primera medida cautelar que debería tomarse, sería proceder al desalojo de los ocupantes y luego seguir el procedimiento con ellos fuera, una medida que en la actualidad está vigente en legislaciones de otros países”. “Sobre todo esta medida de actuación sería incuestionable en los delitos de allanamiento de morada”, aclara José Ramón Zurdo, Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

“Actualmente en nuestro país sucede todo lo contrario, y mientras los ocupas están ocupando la vivienda sine die, nuestro sistema judicial, que es muy garantista, está desbordado para resolver primero todos los recursos que les plantean los ocupas, mediante la presentación interesada de documentación falsa con la clara intención de dilatar los procesos”, subraya Zurdo.

El Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, alerta sobre la documentación que los ocupas suelen presentar, “desde falsos contratos de arrendamientos, Certificados de  Empadronamiento o bien el pago de los gastos de comunidad y de suministros, que los propietarios inocentemente dejan que paguen los ocupantes para no tener más costes, sin darse cuenta que ello les está perjudicando notablemente, porque desde la parte contraria este hecho se va a esgrimir como medio de prueba para justificar la legitimación de la ocupación”

Endurecer el código penal: de multas a penas de prisión

La Agencia Negociadora del Alquiler para mitigar este fenómeno de la okupación ilegal de viviendas, propone otro cambio legal, esta vez una modificación del Código Penal en la línea de endurecer las penas, en el caso de los delitos de usurpación de viviendas, evitando las simples multas y que éstas pasen a penas de prisión. “También exigir que la actual legislación se cumpla y que los jueces y los árbitros no caigan en las trampas que les tienden los ocupas para dilatar los procesos presentando documentación falsa”, advierte José Ramón Zurdo, Director General de ANA. 

Por último, desde ANA se apunta una medida tan práctica como tener simplemente una alarma conectada a una central receptora que acreditara el hecho de la okupación, y que avisara a la policía para que pudiera intervenir rápidamente antes de que los ocupantes les diera tiempo a tomar posesión completa de la vivienda, es una medida muy eficaz.  

En este sentido, desde la Agencia se recuerda que no existe en la legislación actual un plazo de 24 o 48 horas que ampare para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar para echar a los okupas sin autorización judicial, eso es un bulo que se ha extendido. Lo que si es necesario, para que la policía pueda entrar en la vivienda ocupada, es que se esté cometiendo un delito flagrante y los ocupas no tengan tiempo de acreditar ni de justificar la posesión de la vivienda ocupada.