El gobierno irlandés ha aprobado reformar la normativa de control de alquileres, en vigor desde 2016, para intentar solucionar la escasez de viviendas en arrendamiento que no ha logrado solucionar. Los cambios suponen ampliar el límite del 2% a la subida anual de las rentas en vigor a todo el país, no solo a zonas urbanas, pero deja fuera del tope a las promociones de obra nueva destinadas al alquiler, sobre todo apartamentos. También permitirá a los caseros subir con la inflación el precio en un nuevo contrato de arrendamiento si el anterior inquilino incumplió el pacto o rescindió el contrato voluntariamente. Las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de marzo de 2026.
Un gran número de jóvenes irlandeses están considerando seriamente la emigración de la isla en medio de una alta inflación que ha elevado los costes de la vida y, sobre todo, los precios de la vivienda hasta cotas prohibitivas. Según una encuesta del Consejo Nacional de la Juventud de Irlanda, siete de cada 10 ciudadanos de entre 18 y 24 años contempla mudarse al extranjero para mejorar su calidad de vida. El precio medio de la vivienda ya ha superado al pico de 2007, y en julio rozó los 300.000 euros, el país más caro de toda la UE.
El Gobierno irlandés ultima un nuevo decreto ley sobre el control de precios de los alquileres en zonas tensionadas. En diciembre de 2016, introdujo la norma de que los propietarios de pisos en alquiler en Dublín y en gran parte del país no podían aumentar las rentas en más de un 4% anual.
En apenas una generación Irlanda ha pasado de ser uno de los países más pobres de Europa a uno de los más ricos.
Royal bank of scotland (rbs) ha puesto a la venta una cartera de activos compuesta por 640 viviendas y un hotel, todos ellos situados en Irlanda, con un rebaja del 70% respecto al precio que registraban en el año 2007 Las viviendas que forman parte de esta cartera se localizan en dublin y cork
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