Ayuntamientos de España

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha denunciado, durante una jornada organizada por Asprima, que los ayuntamientos, pese a ser "los más cercanos a los ciudadanos y los que mejor conocen sus problemas, entre ellos la falta de vivienda", siguen infrafinanciados. Ha señalado la falta de recursos económicos y la escasa digitalización como los dos principales obstáculos para impulsar la construcción de viviendas. Además, ha advertido de que los consistorios tienen 23.000 millones de euros inmovilizados que no pueden destinarse a políticas de vivienda por culpa de la regla de gasto.

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Siclun, ha denunciado durante una mesa redonda en SIMA 2025, la “falta de recursos que tienen algunos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, aquellos con menos de 1.000 habitantes”. Este problema, llevado al mundo inmobiliario, está provocando que los Ejecutivos locales “no puedan conceder ni tramitar licencias urbanísticas. La falta de digitalización es tal que en algunos municipios necesitan los documentos correspondientes en papel”, ha asegurado el secretario, lo que provoca un encarecimiento de precios.

El Gobierno ha aprobado la asignación para 2025 de los importes necesarios para atender las obligaciones pendientes de pago de determinadas Entidades Locales con sus proveedores, por un total de 366,7 millones de euros. Hay un grupo de entidades que estarían obligadas a acogerse a esta medida, en concreto las que tengan un Periodo Medio de Pago (PMP) excesivo, es decir, de más de 60 días, de manera reiterada, y que, por volumen de deuda, suponen una mayor contribución a la reducción del PMP global del subsector local.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha aprobado una serie de medidas de revisión de las condiciones financieras de las operaciones pendientes de determinados ayuntamientos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, entre la que destaca la ampliación hasta los 20 años de la amortización de los préstamos. Las medidas beneficiarán a 85 municipios y a un capital pendiente de más de 4.223 millones de euros. El objetivo es ayudar a las entidades locales a que su carga financiera sea sostenible a medio plazo.

La formalización de contratos y la concesión de subvenciones ligadas al Plan de Recuperación que activó el Gobierno con los fondos europeos Next Generation se está ralentizando. Según los datos recopilados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en 2024 se activaron 13.348 millones de euros en total, frente a los más de 14.100 millones de un año antes, lo que sitúa el acumulado hasta ahora en 43.553 millones, lo que representa el 54% de los fondos que tiene asignados España. En el caso de la rehabilitación y regeneración, el balance es de 2.868 millones de euros, el 45,6% del presupuesto.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el Gobierno presentará en las próximas semanas el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular, con el que busca ganar "agilidad" en la construcción de vivienda. La ministra de Vivienda también ha avanzado que en las próximas semanas se firmará con los 68 ayuntamientos más afectados por la DANA la ayuda de 10 millones de euros para la reconstrucción de las zonas más afectadas por la riada, y ha avanzado que ya hay registradas más de 5.000 viviendas de corta duración en el registro único.

El Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) es un tributo local que grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. Se trata de un impuesto que en los últimos años está generando mucha litigiosidad, fundamentada muchas veces en las irregularidades formales que los Ayuntamientos cometen al exigirlo a los contribuyentes. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala las vías que tienen las empresas para recuperar este impuesto.

Rosa Gallego, CEO de Q-Living, habla sobre los desafíos que enfrenta el sector de la vivienda asequible, señalando especialmente la falta de apoyo de algunas administraciones locales. Según Gallego, “algunos ayuntamientos controlan el crecimiento poblacional y no fomentan el desarrollo de suelo”, lo que dificulta la creación de nuevas viviendas y retrasa el crecimiento del mercado. Gallego también explica cómo la compañía ha logrado gestionar una inversión de 250 millones de euros para desarrollar más de 1.500 viviendas, y cómo el reciente ajuste en los módulos de la vivienda protegida ha sido crucial para hacer viables algunos proyectos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que las nuevas formas de alquiler turístico de viviendas "requiere de una atención preferente" y, al respecto, ha anunciado que la próxima semana mantendrá una reunión con las comunidades autónomas para "apoyarlas en esta necesa

En España muchos son los Ayuntamientos de gran población que se han saltado a la torera la creación de un Tribunal Económico-Administrativo municipal, pese a que así lo obliga la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

La Sociedad que gestiona los activos rescatados de la banca ha puesto en marcha una iniciativa con 520 ayuntamientos de pequeñas y medianas poblaciones para ofrecerles la posibilidad de adquirir suelos con fines sociales. Con rebajas entre el 30% y el 40%, estas poblaciones podrían usar estos terrenos para la construcción de equipamiento público, y en algunos casos, donde la normativa lo permita, la construcción de viviendas para familias vulnerables.

Pese a que la mayoría de Ayuntamientos ha rebajado su deuda durante los últimos años, el pasivo total de las Administraciones Públicas, que incluye al Gobierno central y los autonómicos, ha crecido a cierre de 2022 a 23.019 millones de euros.

Los ayuntamientos recaudaron el año pasado 1.306 millones de euros gracias a la plusvalía municipal, un impuesto que se aplica en la compraventa, la donación y las herencias de viviendas y otros inmuebles urbanos y que es el más importante a nivel local, tras el IBI. La cifra supone un recorte de 835 millones respecto a 2021, como consecuencia de la anulación del método de cálculo del impuesto por parte del Constitucional y los nuevos sistemas de revalorización que aprobó el Gobierno. Desde 2016, los entes locales han 'perdido' prácticamente la mitad de la recaudación por este tributo.

Son muchos los ayuntamientos en España que han modificado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los últimos años, un tributo que es la principal fuente de recaudación de las Administraciones Locales. Según un análisis del Instituto de Estudios Económicos, basado en datos de Hacienda, Pozuelo de Alarcón, Palma, Barcelona, Sagunto y Madrid son las localidades que más han bajado el IBI urbano a los contribuyentes entre 2019 y 2022, mientras que Villareal, Mataró, Mollet del Vallès, Reus y Leganés son las que han aplicado las mayores subidas. El informe sitúa a Reus y Girona como los municipios con mayor presión fiscal normativa del IBI actualmente y a Boadilla del Monte como el más competitivo.

El Gobierno ha abierto un nuevo plazo para que las entidades locales se adhieran al programa de ayudas estatales para rebajar en al menos un 30% el precio del transporte público colectivo a los usuarios habituales hasta el 31 de diciembre de 2022.En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado, med

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recibido un total de 1.407 solicitudes por parte de los ayuntamientos para recibir hasta 2.079 millones de euros destinados a rehabilitar sus edificios públicos. El objetivo de este programa lanzado por el Gobierno y financiado con los fondos europeos es mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad o conservación del parque edificatorio. La cantidad solicitada triplica el presupuesto del denominado Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles una orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que cuantifica en unos 500 millones el importe a percibir por las entidades locales como compensación por la mensualidad del IVA de 2017.

Se abre una vía muy importante para recuperar lo pagado por la plusvalía municipal por parte de contribuyentes que viven en grandes poblaciones. Dos sentencias de diferentes juzgados ponen en evidencia la falta de un Tribunal Económico-Administrativo municipal en muchos Ayuntamientos, pese a que la regulación española así lo establece. Estos tribunales se encargan de resolver, por ejemplo, los recursos contra liquidaciones y autoliquidación de tributos locales, como es el caso de la plusvalía municipal. ¿Y cómo afecta la ausencia de estos tribunales a los contribuyentes? El Ayuntamiento que no cuente con uno priva al contribuyente de acudir a una vía más barata para defenderse del fisco.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado solicitar una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda para proponer la puesta en marcha de un fondo compensatorio por la pérdida de ingresos sufrida por el cambio en la forma de calcular el impuesto de la plusvalía municipal, después de el Constitucional lo fulminara. Este tributo se aplica sobre las ventas, herencias y donaciones de inmuebles y supondrá unas pérdidas de casi 80 millones de euros anuales a los grandes ayuntamientos.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que los ayuntamientos perderán un mínimo de 78 millones anuales con la nueva regulación de este impuesto que se aplica sobre las viviendas vendidas, donadas o heredadas. Afirman que la medida provocará un agujero a 35 capitales y ciudades de más de 150.000 habitantes, siendo Barcelona, Málaga, Zaragoza y Murcia los más afectados. En cambio, Madrid o Santander podrían verse beneficiadas y aumentar su recaudación.

Los socios de Gobierno anunciaron la semana pasada un acuerdo para desatascar la Ley de Vivienda y poco a poco se van conociendo más detalles sobre las medidas estrella que incluye la normativa. Una de las más criticadas ha sido la de destinar el 30% de las promociones de obra nueva a vivienda protegida, incluyendo vivienda de alquiler social. Pero el Ejecutivo afirma que no es una medida obligatoria, sino que los ayuntamientos decidirán si la ponen en marcha o no. En el caso de hacerlo, deberán compensar a los promotores.

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una ordenanza municipal para reducir los plazos de obtención de una licencia urbanística. En concreto, el consistorio ha acortado los trámites burocráticos de 16 a 3 meses y responde así a una de las demandas históricos del sector constructor y promotor.

Gaspar González-Palenzuela, director de RSC de Sareb, explica a idealista/news cómo funcionan los convenios que han supuesto que la Administración pública pueda destinar cerca de 2.300 pisos a sus distintos proyectos de alquiler social. El directivo destaca el compromiso de la entidad para ayudar a resolver el problema de acceso a la vivienda, pero matiza que "son parte de la solución, no la solución".