ICIO

El Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) es un tributo local que grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. Se trata de un impuesto que en los últimos años está generando mucha litigiosidad, fundamentada muchas veces en las irregularidades formales que los Ayuntamientos cometen al exigirlo a los contribuyentes. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala las vías que tienen las empresas para recuperar este impuesto.

El Tribunal Supremo podría pronunciarse próximamente sobre las consecuencias de que decenas de ayuntamientos en España estén cobrando el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sin haber acordado en el Pleno el bautizado ‘acuerdo de imposición’ y haberlo publicado posteriormente, como establece la Ley de Haciendas Locales de 1988. Abogados y expertos fiscales recomiendan a promotoras, empresas de reformas y grandes patrimonios a recurrir antes de que el Alto Tribunal se pronuncie, para poder ejercer su derecho a reclamar las cantidades abonadas si el fallo les es favorable. Entre los consistorios afectados están los de Barcelona, Getafe, Majadahonda, Boadilla o Alcorcón.

La normativa española señala que es competencia de los ayuntamientos la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, como el IBI, la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El problema viene cuando dichas competencias no se llevan a cabo por el personal funcionario del consistorio, sino por empresas privadas o públicas que contrata el propio ayuntamiento. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que se trata de una práctica perseguida por los Tribunales y que podría suponer la anulación de actos tributarios que finalmente se notifiquen a los contribuyentes.

El aumento de promociones de obra nueva no ha pasado desapercibido para los ayuntamientos que cada vez abren más inspecciones a las promotoras para comprobar que han liquidado correctamente el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), uno de los tributos que regulan los propios consistorios. El objetivo no es otro que recaudar más, tal y como señala Francisco Javier Iniesto, socio de derecho fiscal y tributario del despacho Vaciero.

Los ingresos por impuestos y tasas de los ayuntamientos en 2018 se situaron por encima de los 39.400 millones de euros, tras crecer un 3% más que en el ejercicio previo, gracias sobre todo al tirón de los tributos relacionados con el ladrillo. La recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el ITP-AJD y el que grava las licencias urbanísticas crecieron a doble dígito, mientras que el IBI supone ya más de un tercio de los ingresos.

El Ayuntamiento del municipio de Salou, en Tarragona, aprobará a principios de noviembre una subida del 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que están permanentemente desocupadas y cuyos propietarios son entidades financieras e inmobiliarias. El consistorio cree que todos esos pisos podrían convertirse en casas con alquileres sociales.

Las promotoras estaban acostumbradas a amenazas de expropiaciones, revisiones al alza de la base imponible de las obras, nuevas tasas, etc, pero ahora las nuevas promotoras, los bancos, denuncian un chantaje de los ayuntamientos con nuevas tretas recaudatorias ilegales como el impuesto de construcci

Los ayuntamientos se han lanzado a la revisión al alza de los presupuestos de ejecución de obras de los promotores.

El ayuntamiento de pamplona también está notando el parón del sector inmobiliario. El consistorio ha reducido sus recaudaciones casi a la mitad este año a través de los impuestos relacionados con la construcción.