Normativa alquiler turístico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "tiempo" y "compromiso" de todas las Administraciones para impulsar el parque de vivienda pública, que en España es siete puntos inferior a la media europea, en una respuesta en la sesión de control al Gobierno del PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, ha exigido al jefe del Ejecutivo "retoques" en la Ley de Vivienda, que "ha asustado" a muchos propietarios, para mejorar la seguridad jurídica en el sector ante los "agujeros" al no regular los pisos turísticos o de temporada.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado en Consejo de Ministros el Real Decreto que regula los alquileres de corta duración, donde se incluyen el alquiler turístico, de temporada o los de habitaciones, y que pretende estar en vigor antes de final de año. La normativa desarrolla la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para que las viviendas que quieran arrendarse en alguna de estas opciones obtengan un número de registro para poder comercializarse en las plataformas de gestión.

En Valencia hay más de 50.000 viviendas destinadas al alquiler turístico, siendo esta una de las tres ciudades con más viviendas destinadas a este fin.

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación administrativa urgente del Proyecto de Real Decreto por el que se crea la 'Ventanilla Digital Única de Arrendamientos' y se regula la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya confirmó que el Ejecutivo se plantea introducir los alquileres de temporada (aquellos arrendamientos que tienen una duración inferior a un año) en este registro obligatorio junto a los pisos turísticos.

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que urge a las comunidades autónomas para que pongan una mayor vigilancia sobre la actividad irregular en los alojamientos turísticos y a lanzar campañas informativas y de concienciación para desincentivar su uso. En la proposición no de ley presentada, los socialistas denuncian las consecuencias de estas viviendas clandestinas que no cuentan con licencia para ejercer como actividad económica como generan tensión en el mercado, problemas de convivencia, además de un comportamiento de competencia desleal.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado el proceso de consulta pública del Real Decreto por el que se crea la 'Ventanilla Digital Única de Arrendamientos' y se regula la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración. Ahora, ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo consideren conveniente pueden hacer llegar sus observaciones sobre la iniciativa sometida a consulta hasta el día 8 de octubre. Se creará un registro obligatorio de este tipo de arrendamientos para identificar al anfitrión, la duración y ubicación del inmueble, y que las autoridades determinen si se está haciendo un uso adecuado de estos alojamientos.

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha propuesto y notificado 17 sanciones por valor de 80.000 euros cada una en dos edificios de la ciudad de Palma dedicados al alquiler turístico ilegal. En total, el importe de las sanciones propuestas asciende a un total de 1,36 millones de euros, al dedicarse a esta actividad sin disponer de la licencia oportuna para hacerlo. La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros.

En España, la tradición de comprar segundas residencias ha sido una constante durante décadas. Sin embargo, la manera en que estas propiedades se utilizan ha evolucionado significativamente en los últimos años. El influencer Juan Góngora y responsable de “Alojamientos El Velero” en Almería, habla de esta tendencia inmobiliaria en España. En su opinión, la ubicación es uno de los factores más importantes al seleccionar una segunda residencia destinada al alquiler turístico: debe estar en un lugar accesible, segura y cerca de puntos de interés. También avisa de la importancia de cumplir con la legislación local vigente.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asegurado que su Ejecutivo afrontará nuevas medidas en materia de vivienda ante lo que ha reconocido como el "mayor de los problemas" a los que se enfrentan los jóvenes y muchas familias en el país. Sánchez ha garantizado que en los próximos meses se van a aprobar nuevas medidas destinadas a ampliar el parque público de vivienda, se va a perseguir la especulación o se va a fijar un mejor equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los residentes, sin concretar las actuaciones.

Los vecinos de los dos rascacielos que la promotora AQ Acentor construyó en el Paseo de Martiricos (Málaga) se quejan del alquiler turístico en algunas de las 450 viviendas que albergan estos edificios. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha solicitado a la Junta de Andalucía dar de baja del registro de viviendas turísticas a 121 pisos que se encuentran en este residencial.

El nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana prevé mayor autonomía de los ayuntamientos para decidir el modelo de ciudad que quieren y limitar el uso de estos inmuebles. Entre las novedades, se imponen sanciones más duras, de hasta 600.000 euros para las más graves, además de la prohibición de los cajetines para llaves o la obligación de ofrecer servicio de recepción.

El alquiler turístico genera unos 6.000 millones de euros al año, según la compañía de gestión turístico GuestReady, que asegura que en 2023, el sector turístico aportó 186.596 millones de euros, el 12,8% del PIB. Se estima que cada turista que se aloja en un alquiler turístico gasta alrededor de 100 euros diarios en la economía local, ya sea en restaurantes, tiendas, atracciones turísticas y transporte. Esta plataforma espera que en 2024 la cifra supere los 200.000 millones de euros, elevando su participación en la economía nacional al 13,4%.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha sugerido a los ayuntamientos que no "eviten" ver la "realidad" de las viviendas de uso turístico (VUT) y que los regulen través de "nuevas ordenanzas" para poder garantizar el acceso de los vecinos a un hogar. Durante una visita a las obras de rehabilitación del mercado de abastos de Betanzos (A Coruña), Rodríguez ha insistido en que "las entidades locales tienen en su potestad el ordenamiento, el planeamiento y la ordenación de su ciudad" y que deben hacer frente a esta realidad, ya que el aumento de las VUT presionan el precio de la vivienda y el alquiler.

El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha replicado a la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, que la legislación europea ya permite aplicar el IVA a los apartamentos turísticos, por lo que no hace falta esperar a una nueva directiva como sugiere la ministra.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el Registro estatal de pisos turísticos y de alquileres temporales no conllevará gastos y estará listo a finales del próximo año a más tardar. En este registro único deberán estar todos los alojamientos de corta duración, que incluirá pisos turísticos, viviendas de alquiler de temporada, los arrendamientos por habitaciones y también las embarcaciones flotantes destinadas a vivienda. Será el propietario el que tenga que incorporar esos datos al registro y que las plataformas deberán chequear que efectivamente estos datos son correctos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para cambiar el articulo 3 de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) en lo relativo a los alquileres de temporada, de forma que estén obligados a acreditar y justificar la causalidad para formalizar el contrato. Además, ha anunciado que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que ajuste y clarifique la potestad de los vecinos para poder vetar los pisos turísticos en su comunidad. También, ha destacado que ambos arrendamientos se incluirán dentro de la plataforma de registro único que el Ejecutivo quiere poner en marcha en 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que el Ejecutivo planteará el próximo miércoles a las comunidades autónomas y al resto de administraciones una serie de propuestas para "poner coto a los pisos turísticos". Entre ellas, las que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lleva avanzando como la creación de un registro estatal para controlar esta actividad o la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. CCAA y ayuntamientos cuentan con las principales competencias tanto en materia de turismo como de vivienda, mientras ya se han sucedido varias manifestaciones en Canarias, Baleares o Málaga para protestar contra la subida de precios y la falta de oferta.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha planteado introducir el IVA a los pisos turísticos y que tributen como cualquier actividad comercial para frenar el aumento de la oferta ilegal. "Tenemos que incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda a que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social", ha añadido. El alcalde Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado por su parte que reforzará la actividad inspectora y sancionadora para combatir los pisos turísticos, ante el riesgo de que afloren alquileres ilegales tras el anuncio de su prohibición a partir de 2029

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que estas viviendas ejercen una actividad económica. Rodríguez ha criticado que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial. El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reiterado por su parte mantener el equilibrio entre el derecho de los vecinos al descanso y la actividad económica de los pisos turísticos.

La vivienda ha sido uno de los puntos más destacados de la política nacional desde que Pedro Sánchez empezara a gobernar en 2018. En estos seis años se han aplicado cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha llegado la primera Ley de Vivienda estatal o el bono de alquiler joven. Además, con la llegada de la pandemia y la guerra en Ucrania se suspendieron los desahucios o se topó la subida de las rentas, mientras ahora se pretende eliminar la ‘golden visa’ y avalar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias. Todo este intervencionismo ha disparado la inseguridad en el mercado residencial, con una ‘espantada’ de la oferta y precios cada vez más altos ante una demanda que sigue buscando casa.

Volantazo en el Ayuntamiento de Barcelona en cuanto a materia de vivienda. El alcalde Jaume Collboni ha presentado su plan para hacer frente al problema de acceso a la vivienda que sufre la capital catalana, con “unos precios del alquiler disparados y cada día más caros”. Bajo el nombre Pla Viure, su medida estrella que causará un gran impacto implica recuperar los 10.000 pisos turísticos que hay en Barcelona en estos momentos, lo que supondrá eliminar los pisos turísticos de toda la ciudad. "En 2029 habrá desaparecido la figura del piso turístico tal como hoy la conocemos".

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que el Gobierno está ultimando la plataforma digital que permitirá a las comunidades autónomas detectar las viviendas turísticas que no cuenten con autorización para regular mejor el mercado. Esta plataforma desarrollará un registro único para las viviendas de uso turístico, que será obligatorio para que puedan incluirse en las plataformas de comercialización y será complementario a los números de registro que actualmente tienen en las CCAA.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que el Ayuntamiento va a limitar la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos a aquellos que cuenten con entrada propia en el edificio donde se encuentren, y hasta que se apruebe la ordenanza municipal que regulará esta actividad económica. Esta nueva normativa local establecerá las zonas y barrios más saturados, donde actualmente hay más de 12.100 viviendas inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía.

En una respuesta parlamentaria de diputados de Vox, el Gobierno sostiene que un aumento excesivo de viviendas turísticas "puede tener efectos no deseados sobre el precio de compraventa y rentas de alquiler a través de la reducción de oferta en estos mercados", aunque también ha destacado que la presencia de este tipo de viviendas "diversifica la oferta turística, atrae a distintos tipos de viajeros y promueve la interacción cultural, al proporcionar alternativas de alojamiento más personalizadas". El margen de actuación depende de las CCAA y los ayuntamientos, que ya están actuando en esta materia.

El alquiler turístico lleva en auge mucho tiempo debido a la alta rentabilidad que ofrece; muchos arrendadores obtienen lo mismo con una semana de alquiler vacacional, que con un mes de arrendamiento de larga estancia.  Sin embargo, este tipo de modelo puede generar muchas molestias a los veci