El Gobierno tramitará de forma urgente una ley para aumentar el control del alquiler de temporada

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para cambiar el articulo 3 de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) en lo relativo a los alquileres de temporada, de forma que estén obligados a acreditar y justificar la causalidad para formalizar el contrato. 

También ha anunciado que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que "ajuste y clarifique" los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos para que tengan capacidad de decisión sobre si permiten o no el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios.

De igual manera, ha declarado que estos alquileres temporales se incluirán dentro de la Plataforma de registro único de alquileres de corta estancia que el Ejecutivo quiere crear según el reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, del que también formarán parte los alquileres turísticos, los alquileres por habitaciones o incluso el arrendamiento de embarcaciones flotantes.

“Es necesario establecer todos los mecanismo necesarios para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos y salvaguardar los arrendamientos de temporada para lo que son”, ha señalado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Lo busca la medida, según la ministra, es dar seguridad jurídica y garantías a los alquileres tradicionales ante el auge de esos otros tipos de arrendamientos.

Así lo ha trasladado la titular de vivienda tras la reunión con el Grupo de trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales, donde ha detallado que el Ejecutivo recogerá también en este real decreto las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato y, de esta manera, justificar que realmente "el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria".

A la reunión de este grupo de trabajo han estado presentes representantes de otros Ministerios y miembros de la sociedad civil, tales como miembros del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo.

También, con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.

"Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios", ha asegurado Rodríguez.

La ministra ha avanzado que quieren dar prioridad a este real decreto para tenerlo listo ante del final del verano (septiembre). Mientras, como ya se avanzó, tanto el MIVAU como el Ministerio de Industria y Turismo pretenden tener listo para 2025 una plataforma estatal y única de datos que ofrezca datos públicos y homologables con la UE sobre pisos turísticos, y también de los alquileres de temporada.

Reacciones a los planes para regular más los alquileres

Más beligerante con los pisos turísticos se ha mostrado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), que ha ha criticado que la proliferación de pisos turísticos es un problema de "primera magnitud.

Bustinduy ha vuelto a apostar por desincentivar fiscalmente esta actividad con el objetivo de poder combatir ese uso turístico de las viviendas y que prime que los pisos se destinen al uso residencial. Hace unos días, pidió introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos en España y que tributen "como cualquier actividad comercial" para frenar el aumento de la oferta ilegal.

En línea con estas declaraciones del ministro se ha mostrado el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín. "El plan del Ministerio de Vivienda para cambiar la Ley de Propiedad Horizontal es claramente insuficiente. Le pasa la pelota del problema a los vecinos. Esta solución no es eficaz, porque en las grandes ciudades ya hay bloques enteros destinados al alquiler turístico donde no hay comunidad de vecinos que pueda oponerse".

Por su parte, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España celebran que lo expresado por el Ministerio coincide en gran medida con las propuestas que en su día los agentes inmobiliarios hicieron llegar al Gobierno para evitar el fraude en el sector del alquiler de temporada. “Es muy importante que no se modifique la legislación, sino que únicamente se lleve a cabo un despliegue reglamentario para la preservación del alquiler de temporada”, han asegurado los API tras la reunión. Sin embargo, han recordado que la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) corresponden a las CCAA y ayuntamientos.

Asimismo, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) ha apoyado la existencia de un mercado del alquiler más transparente y con más seguridad jurídica, pero también ha señalado que se debe hacer con "una regulación equilibrada que vaya a la raíz del problema", en referencia a la "falta de oferta de vivienda en alquiler y a precio asequible".

Así lo ha expresado la secretaria general de la asociación, Beatriz Toribio, tras participar en la reunión del Ministerio de Vivienda, quien también ha insistido en que el incremento de este tipo de arrendamientos se debe "a la inseguridad jurídica provocada por la Ley de Vivienda, que ha originado una drástica reducción del alquiler residencial. No hay un problema de fraude con el alquiler temporal, sino de inseguridad jurídica y sobrerregulación a la hora de firmar un contrato de alquiler residencial, lo que está provocando el trasvase de un tipo de alquiler a otro".