Parque público de viviendas

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 ha puesto en marcha la primera convocatoria para adjudicar viviendas públicas de alquiler asequible que finaliza el próximo 21 de septiembre. Son apenas 638 unidades repartidas por cinco CCAA, en 11 provincias y solo 42 municipios. Pese a esta pequeña convocatoria, hay ciertos puntos en la información presentada a los usuarios interesados en el portal estatal que no cumplen con los criterios de obligado cumplimiento en los anuncios de las viviendas, como la inclusión de la etiqueta de eficiencia energética, ni los requisitos que se deben cumplir para los pisos que se encuentran en zonas de mercado residencial tensionado.

El primer portal público de vivienda en alquiler asequible arranca con una oferta de apenas 638 pisos repartidas por 42 municipios de cinco comunidades autónomas, la mayoría en poblaciones de menos de 50.000 habitantes y fuera de las grandes ciudades como Barcelona o Valencia, y ninguna oferta en Madrid o Málaga. La cifra contrasta con las cerca de 27.000 unidades disponibles que Sareb traspasó al Estado en 2025 y que aún no están habilitadas para vivir. La Comunidad Valenciana concentra el 62% de la oferta, solo 32 casas se encuentran en capitales de provincia y menos del 15% en localidades declaradas zonas de mercado residencial tensionado.

La nueva empresa pública de vivienda Casa 47 ha hecho la presentación oficial del portal que ofrece las viviendas del parque estatal en régimen de alquiler asequible, con poco más de 600 unidades repartidas por toda España. Pedro Sánchez ha prometido que se añadirán otras 1.500 unidades por todo el territorio nacional durante la clausura del evento. Las viviendas de Casa 47 mantendrán su carácter público para siempre, con contratos que tendrán una duración inicial de 14 años, con posibilidad de ampliarse hasta los 75 años y por las que los inquilinos no tendrán que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta.

Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno incorporar al parque público de vivienda en régimen de alquiler aquellos hogares amenazados con desahucio. Para ello, propone reservar una partida presupuestaria específica y que la medida pueda articularse a través de la empresa estatal de vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo también plantea en la iniciativa "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.

El Tribunal de Cuentas le ha leído la cartilla a Sepes, la Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), y que se ha convertido en la encargada de gestionar el parque residencial público que pretende ampliar el actual Gobierno. El auditor ha analizado la actividad de Sepes entre 2018 y 2023 (desde que Pedro Sánchez es presidente) en la que cuestiona su eficacia, con retrasos en la venta de viviendas y parcelas que ocasionan mayores costes de mantenimiento y conservación.

El BOE ha publicado la orden por la que establece los criterios que deben cumplir las 40.000 viviendas que Sareb irá traspasando a la nueva empresa estatal de vivienda que el Gobierno está creando a partir de la entidad Sepes. Los pisos pasarán a formar parte permanentemente del parque público en alquiler asequible siempre y cuando sean aptos según criterios geográficos, como que se encuentren en poblaciones superiores a 5.000 habitantes; económicos, como que aquellas viviendas de más de 85 m2 no podrán tener un valor tasado superior al 40% de la media; y técnicos, como que no presenten problemas estructurales.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el 40% del presupuesto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 irá destinado a consolidar el parque público residencial a precios asequibles; es decir, de los cerca de 7.000 millones de euros en total, se destinarán unos 2.800 millones. Los proveedores de vivienda social tendrán un papel destacado en este nuevo plan y podrán acceder a subvenciones directas con las que poder promover alquileres asequibles. La ministra ha indicado además que espera tener preparado el texto en septiembre para ponerlo a disposición de las CCAA.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido de que la vivienda está haciendo de cuello de botella en el crecimiento de la economía española, por lo que ve vital una regulación distinta a la actual que permita aumentar la oferta residencial porque "si no la espiral de precios va a continuar". Asimismo, se ha mostrado partidario de impulsar un mayor parque de vivienda pública, por lo que ha valorado como "un elemento positivo a futuro" el traspaso de 40.000 viviendas de Sareb a Sepes.

El Defensor del Pueblo ha iniciado 30 actuaciones de oficio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y otras administraciones como las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y con los 10 ayuntamientos más poblados de España con el objetivo de conocer las políticas públicas que están llevando a cabo para garantizar el acceso a una vivienda "digna y adecuada". En concreto, solicita las medidas y/o planes que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada, así como para incrementar el parque público.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha llamado a la cooperación y a la cogobernanza entre administraciones con el objetivo de dar con una solución conjunta que permita elevar el número y el ritmo de casas construidas, además de blindar el parque público de vivienda. Además, ha defendido el paquete de medidas fiscales anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el IVA al 21% para pisos turísticos o las subidas al 25% para las socimis, que cree positivas para el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la intervención pública en el mercado de la vivienda porque "no funciona" tras una pregunta de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Sánchez ha defendido que medidas como la Ley de Vivienda han permitido bajar el precio de los alquileres en Cataluña, a lo que Nogueras le ha respondido que "es imposible encontrar una vivienda digna que se pueda pagar" y ha espetado al presidente que todavía no se ha visto ninguno de los pisos que anunció que iba a crear. "Siguen vendiéndonos humo", ha reprochado.

La junta general extraordinaria de accionistas de Sareb ha acordado paralizar temporalmente la comercialización y venta de todos los activos inmobiliarios susceptibles de formar parte del parque estatal de viviendas de alquiler social y asequible hasta que se defina su colaboración con Sepes y los ministerios competentes en la generación de este parque público residencial. Esta medida se extenderá como máximo hasta el 30 de junio de este año, o hasta la celebración de la junta general de accionistas en la que se acuerde el alcance de dicha colaboración.

La Federación de Cosumidores y Usuarios (CECU) ha pedido que el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que abarcará hasta 2029 y se encuentra actualmente en consulta pública, incluya más fondos a las comunidades autónomas para que incrementen la vigilancia a algunas agencias inmobiliarias ante las prácticas abusivas que realizan, entre las que están el cobro de comisiones o de seguros de impago a los inquilinos, pese a que están prohibidos desde la aprobación de la Ley de Vivienda. También reclama más recursos para que las CCAA compren viviendas y las destinen al parque público.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado en Bilbao que la Administración General del Estado no pondrá "ni un euro ni un suelo para iniciativas que no garanticen vivienda pública y asequible a perpetuidad", manteniendo su discurso de que "lo que nace público permanezca público". Además, ha pedido a las CCAA que aún no lo han hecho blindar el parque de vivienda pagado con fondos estatales o autonómicos para ir recuperando su peso y equipararse al entorno europeo. Rodríguez ha vuelto a defender la limitación de precios de precios del alquiler como una manera de revertir a corto plazo el esfuerzo que hacen las familias por pagar sus arrendamientos.

El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo 11 de marzo una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine el 80% de sus inmuebles a alquiler social, con el objeto de crear un fondo social de vivienda. El objetivo es crear un parque de vivienda social que permita dar respuesta a la grave situación de emergencia residencial de los últimos años. También se plantea que la sociedad ceda el 50% de sus terrenos urbanizables, reformar la ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos puedan invertir en vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado durante un encuentro informativo que el parque de vivienda social en España ha pasado de un 2,5% al 3,4% del total, tras sumar 162.000 viviendas protegidas en los últimos cinco años, lo que supone un incremento del 35% en términos absolutos. También ha adelantado que el Gobierno va a licitar a lo largo del próximo trimestre la construcción más de 1.600 viviendas a través de la nueva empresa estatal, que serán públicas con carácter permamente y estarán repartidas en diferentes regiones, y que ha arrancado el proceso de consulta pública previa del próximo Plan de Vivienda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado en el Senado que la nueva empresa pública de vivienda va a garantizar que se construyan más casas con fondos públicos a precios asequibles y que siempre serán protegidas. El PP en la Cámara Alta ha criticado al Gobierno por haber agravado la crisis de la vivienda en España y de haber enfrentado a propietarios con inquilinos con la aprobación de la Ley de Vivienda. Mientras Rodríguez achaca a los populares su escasa lucha contra el fraude de los pisos turísticos ilegales y el escaso interés por llevar adelante la reforma de la Ley del Suelo.

Nuevo choque de pareceres entre los socios de Gobierno. El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha criticado la "disonancia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar una nueva empresa pública de vivienda mientras se está privatizando la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que gestiona cerca de 16.000 viviendas. Sumar ya ha retado al PSOE a plasmar en los Presupuestos Generales del Estado la nueva empresa pública de vivienda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que la empresa pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno tendrá como germen la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que será reconvertida y "fortalecida para abordar el problema de la vivienda de manera integral": desde el suelo, a la urbanización y la construcción de vivienda hasta su movilización y gestión. Rodríguez ha indicado que se dispone de mucho suelo propiedad de la Administración General del Estado (AGE), procedente de Sepes, el Ministerio de Defensa, Adif o incluso de Sareb. También ha asegurado que los Ministerios económicos llevan un año trabajando en la fórmula jurídica para dar respuesta a esta nueva empresa.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, han mantenido una reunión este 29 de octubre para explorar vías de colaboración con el fin de financiar la construcción de un parque de vivienda público en España acorde

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que exige prohibir la venta de suelo y vivienda pública, así como extender de forma permanente la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en aquellas promociones y ayudas que se deriven de los planes estatales de vivienda. La formación dentro del gobierno de coalición lamenta que la actual regulación permite que estas viviendas pierdan su calificación de protección con el paso del tiempo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven que el Gobierno aprobó la semana pasada y ha asegurado que nadie ha podido demostrar que esta ayuda esté inflando los precios del alquiler. Durante su comparecencia ha defendido que no se está produciendo una disminución de la oferta de viviendas, sino de "rigidez", porque los inmuebles no están saliendo del mercado, sino que están cambiando de destino hacia otro tipo de arrendamientos y que los contratos son más "estables". Además, ha propuesto a las CCAA blindar la vivienda pública y sacar más suelo al mercado entre las críticas del resto de partido de la Cámara.

El parque público de vivienda solo ha sumado 244 nuevos inmuebles entre julio de 2023 y septiembre de 2024, cifra muy alejada de las 100.000 unidades anuales que el Banco de España calcula que hacen falta durante los próximos 15 años para que España pase de un peso actual del parque estatal de un 2% y se acerque a la media europea del 9,3% de todo el volumen residencial. Este dato se ha conocido tras una respuesta parlamentaria al diputado y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez. Sin embargo, el Gobierno añade que tiene cerca de 60.000 viviendas públicas de alquiler social en distintas fases de desarrollo.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando a desarrollar una norma con rango de ley que garantice la calificación permanente de las viviendas protegidas, impidiendo que las comunidades autónomas puedan revocarla, una medida que se incluyó en la Ley de Vivienda de 2023 pero que el Tribunal Constitucional tumbó por suponer una invasión de las competencias autonómicas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quiere acordar con las comunidades autónomas en el próximo Plan Estatal de Vivienda que los fondos públicos destinados a políticas de vivienda se mantengan "siempre públicos". Rodríguez ha indicado que el próximo Plan de Vivienda 2026-2029 que se está negociando actualmente priorizará que "todo el desembolso y esfuerzo público no acabe nunca más en manos de los fondos privados o desamortizados.