La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la presidenta del BEI, Nadia Calviño, se han reunido para abordar esta cuestión e impulsar la rehabilitación
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Edificio de obra nueva
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Europa Press ,

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, han mantenido una reunión este 29 de octubre para explorar vías de colaboración con el fin de financiar la construcción de un parque de vivienda público en España acorde a los estándares europeos.

Durante la reunión, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Vivienda, ambas dirigentes también han analizado vías para financiar la rehabilitación del parque público ya existente, así como para la rehabilitación energética de viviendas vinculada a la transposición de la Directiva Europea relativa a la eficiencia energética de los edificios y para el desarrollo de nuevas técnicas de construcción, especialmente la industrializada.

En la reunión, además de la ministra y la presidenta, han asistido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y la directora de Gabinete de la ministra, Eva Cuesta.

Por parte del Ministerio de Vivienda han estado presentes el jefe de la Oficina del BEI en Madrid, Fernando Torija, la directora de Finanzas Públicas, María Serrano, y la directora del Gabinete de la presidenta, por parte del BEI, Elena Galán.

Aumentar el parque público de vivienda

España dispone de un parque público de vivienda del 2%, mientras que la media europea se encuentra en el 9,3%. El objetivo del Gobierno es acercar el parámetro doméstico al promedio comunitario y, a más largo plazo, intentar que a medio plazo un 20% de las viviendas forme parte del parque público para poder garantizar el derecho a la vivienda. 

En el contexto europeo, la disponibilidad de vivienda protegida en alquiler varía considerablemente de un país a otro. Según estudio de la consultora inmobiliaria Savills, Finlandia cuenta con un 13%, seguido de cerca por Suecia con un 19%, y Dinamarca con un impresionante 20,9%. Por otro lado, países como Rumanía y Bulgaria se encuentran en la parte inferior de la tabla, con tan solo un 1,5% y un 2,5% respectivamente de su stock de vivienda destinado a la protección.

Entre los países de Europa occidental, Países Bajos destaca con un notable 30% de su stock de vivienda dedicado a la protección, seguido por Austria con un sólido 24%. En contraste, Luxemburgo presenta un modesto 5,1%, mientras que Bélgica y Alemania muestran cifras más bajas, con un 6,5% y un 3,9% respectivamente.

En Europa Central y del Este, República Checa y Eslovaquia comparten cifras cercanas al 9%, mientras que Hungría se sitúa en un modesto 3%. Eslovenia presenta un 6%, reflejando un compromiso intermedio con la vivienda protegida en alquiler en la región. Portugal y Rumanía son los únicos países con datos peores a los de España, que empata con con Bulgaria-

Estos datos subrayan la diversidad de enfoques y políticas en toda Europa con respecto a la vivienda protegida, destacando la necesidad de acciones coordinadas para abordar las crecientes demandas de acceso asequible a la vivienda en toda la región, según JLL.

Casi 60.000 viviendas de alquiler social en desarrollo

Actualmente hay en marcha más de 59.879 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo, a las que se suman las 14.000 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las 10.411 activadas por el Fondo Social de Viviendas.

En este sentido, el Ministerio de Vivienda tiene sobre la mesa cinco programas para contribuir a alcanzar la meta de levantar unas 184.000 viviendas en alquiler social o a precios asequibles repartidas por toda España, cifra que incluye las 50.000 viviendas a movilizar por la Sareb y las 11.000 del Fondo Social.

En concreto, el objetivo inicial es poner a disposición de la ciudadanía unas 123.040 viviendas sociales de la mano del Plan de Recuperación, el Plan Estatal de Vivienda, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y acuerdos con entidades locales.

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