pisos turísticos

Uno de los activos más codiciados de San Sebastián cambia de manos. Ubicado en el número 3 de la calle Zubieta de la capital vasca, situada a escasos metros de la playa de La Concha y junto a restaurantes y comercios 'premium', el inmueble tiene casi 2.000 m2 con ocho plantas y dos entradas independientes, una destinada a los alojamientos turísticos que gestiona la plataforma alemana Limehome y otra para los pisos de lujo de las plantas superiores, que se vendían desde 1,8 millones de euros. El comprador del edificio, cuya fachada data de finales del siglo XIX, ha sido un 'family office' madrileño, del que aún se desconoce la identidad.

¿Ese piso turístico que has visto en internet es legal o no? Ahora puedes saberlo en segundos. El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una nueva herramienta digital que permite a cualquier persona comprobar de forma rápida si un alojamiento turístico cuenta o no con licencia. Un ‘fast check’ municipal pensado tanto para turistas responsables como para vecinos hartos de los pisos ilegales... y una vuelta de tuerca más en la política de persecución a esta actividad, que desde el sector se califica como excesiva y poco equilibrada.

La plataforma estadounidense ha eliminado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España, después de un primer requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras detectar publicidad ilícita. Los pisos se ubicaban en Canarias, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. La cartera liderada por Pablo Bustinduy ha puesto en valor la colaboración con la empresa tras el envío de esta solicitud para que los anuncios se ajusten a la legalidad vigente.

El 61% de los destinos turísticos ha detectado que existe una relación directa entre el incremento de las viviendas de uso turístico (VUT) y los problemas de acceso a la vivienda para los residentes, un conflicto para el que el tres de cada 10 municipios no contempla ningún tipo de regulación, según el II Observatorio de Turismo Sostenible en España. El estudio alerta de la necesidad de integrar las políticas de vivienda y planificación urbana dentro de las estrategias turísticas para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

El auge del alquiler de viviendas con fines turísticos ha generado un importante debate jurídico en el ámbito de la propiedad horizontal. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permite a las comunidades de propietarios limitar los pisos turísticos mediante el acuerdo de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Sin embargo, esta posibilidad se limita exclusivamente a los denominados pisos turísticos, es decir, aquellos que están debidamente inscritos en el registro correspondiente y cuya explotación se asemeja a la de un establecimiento hotelero. No afectaría, por tanto, a los alquileres vacacionales, en régimen distinto al derivado de la normativa sectorial turística, tal y como recuerda Helena Pascual, abogada en Versus Estudio Jurídico.

Entre 2021 y 2023, las pernoctaciones en las 10 ciudades más visitadas y populares de la UE se multiplicaron por un 2,5, hasta superar las 200 millones de noches reservadas en hoteles. Un estudio de Airbnb revela que casi el 80% de las pernoctaciones en la UE durante 2024 se concentraron en el sector hotelero, defendiendo su modelo más diversificador. "Los hoteles registraron cinco veces más pernoctaciones que Airbnb a lo largo de 2023", afirman. Además, desde la plataforma ha criticado que donde se limitan los alquileres turísticos, como Ámsterdam o Barcelona, el turismo masivo se agrava, con más visitantes y precios cada vez más altos.

Los Registradores de la Propiedad han comunicado la generación de más de 100.000 números de registro único de arrendamientos (NRUA) en todo el territorio nacional, que será obligatorio presentar en las plataformas en línea que permitan formalizar contratos de alquiler a distancia a partir del próximo 1 de julio, en el marco del Real Decreto 1312/2024 por el que se regulan los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, que incluyen los pisos turísticos y los alquileres de temporada. En los portales de anuncios clasificados, como idealista, no aplica esta nueva obligación. El incumplimiento de este exigencia puede acarrear sanciones económicas y legales.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha llamado a la cooperación y a la cogobernanza entre administraciones con el objetivo de dar con una solución conjunta que permita elevar el número y el ritmo de casas construidas, además de blindar el parque público de vivienda. Además, ha defendido el paquete de medidas fiscales anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el IVA al 21% para pisos turísticos o las subidas al 25% para las socimis, que cree positivas para el sector.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que hay que acabar con los pisos turísticos ilegales, "como los 15.000 que existen en Madrid y que están colisionando con familias que precisan una vivienda y que no pueden tenerla en sus barrios". Rodríguez ha destacado que esas 15.000 unidades ya son más de lo que va a ser capaz de levantarse en el nuevo barrio de Campamento. Además, ha añadido que los pisos turísticos legales requieren de regulación y que "han pasado de ser una cosa colaborativa a un negocio y queremos que tributen como actividad económica que son".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha emplazado a los titulares de Consumo a nivel autonómico a que actúen y, en su caso, sancionen a las empresas que gestionan viviendas turísticas que "se anuncian de forma ilegal en sus respectivas comunidades", según un comu

A partir del próximo 1 de julio, comenzará a funcionar en España la normativa europea que regula los alquileres de corta y media estancia, que incluye un registro único para este tipo de arrendamientos obligatorio para determinados casos. De acuerdo con el reglamento europeo 2024/1028, todos los inmuebles destinados al uso turístico o de temporada estarán obligados a contar con un código de registro cuando se publiciten en plataformas digitales que permitan formalizar contratos de alquiler a distancia. En los portales de anuncios clasificados, como idealista, no aplica esta nueva obligación.

La escasez de oferta de viviendas en alquiler está suponiendo un gran problema para miles de familias en nuestro país, con precios cada vez más altos. España ha perdido más de 200.000 pisos que se anunciaban en idealista en 2020, pero la demanda sigue exigiendo más casas para vivir. Con datos de idealista, AirDNA y el Ministerio de Vivienda, analizamos por dónde ha podido 'huir' la oferta de vivienda en alquiler permanente: se culpa de todo a los pisos turísticos y de temporada, pero el superávit que tienen solo representa el 46% del stock del alquiler que ha desaparecido. La incertidumbre y la inseguridad jurídica generada por la intervención del Gobierno en el mercado también empuja a los propietarios a vender sus propiedades o directamente a dejarlas vacías.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) dudan de algunas de las nuevas reducciones en el Impuesto de la Renta (IRPF) incluidas en la proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, ya que consideran que no serán eficaces para aumentar el parque residencial en arrendamiento: "Se sobrevaloran los efectos de los incentivos fiscales para promover políticas públicas". Por su parte, el Consejo General de Economistas (CGE) descarta que aumentar el coste fiscal de los inmuebles vacíos para que los propietarios pasen a ofrecerlos alquiler sea eficiente, porque en la mayoría de los casos son segundas residencias o casas en los pueblos.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la proposición de ley que ha presentado su grupo en la Cámara Baja para subir los impuestos a los pisos turísticos y bajárselos a los caseros que alquilen sus inmuebles a precios asequibles frente a las críticas que han vertido sus socios de Sumar y Podemos. López ha comentado que mientras que a sus socios de izquierda no le gustan las bonificaciones a los propietarios, a los partidos de derecha no les gusta aumentar los gravámenes a los pisos turísticos.

La Junta de Andalucía ha decidido recurrir ante los tribunales, como ya ha anunciado el Gobierno de Canarias, el Registro único de pisos turísticos impulsado por el Gobierno central, alegando "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional". El Decreto Estatal de Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración está en vigor desde el pasado 2 de enero, pero no será efectivo hasta el 1 de julio.

La empresa de alquiler vacacional Olala Homes ha lanzado su nueva marca corporativa, Olala!, para abarcar los negocios de alquiler vacacional, hotelería y restauración dado el crecimiento y la consolidación de estos sectores dentro de la empresa.La marca ha sido lanzada este jueves en el marco del S

El PSOE ha registrado una proposición de Ley que incluye una subida del IVA a los pisos turísticos al 21%, para que tributen como actividad económica, así como aumentar los impuestos sobre la vivienda vacía y modificar el régimen de tributación de las socimis, que subiría al 25% si no promueven vivienda de alquiler asequible. Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que ha detallado que también se creará un nuevo impuesto estatal para gravar la compra por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, y se extenderán las bonificaciones en el IRPF por rentas por debajo de mercado en zonas que no se hayan declarado de mercado tensionado.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el Plan Reside que supondrá el final de los pisos turísticos dispersos en el centro histórico, por lo que los apartamentos vacacionales se concentrarán en edificios enteros dedicados a ello. Además, se extenderá a toda la ciudad la obligatoriedad de contar con un acceso independiente para instalar una vivienda de uso turístico, y sólo en planta sótano, baja o primera. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha insistido en que esta nueva norma incrementará las viviendas residenciales, mejorará la convivencia entre turistas y residentes y ordenará la oferta turística.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Airbnb contra las resoluciones del Ministerio de Consumo que imponen a la plataforma de pisos turísticos el bloqueo de casi 66.000 anuncios que no cumplen con las normativas autonómicas en esta materia. El tribunal avala las actuaciones de Consumo e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata que se encuentran repartidos por Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o País Vasco.

Sumar ha registrado una batería de medidas legales en el Congreso con las que propone más impuestos para desincentivar los pisos turísticos en las Islas Canarias y multar a aquellos que ejerzan su actividad sin una licencia en el archipiélago, que quieren declarar como zona tensionada. Estas propuestas se enmarcan en dos enmiendas que el grupo plurinacional ha registrado a la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que ahora se está tramitando en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. Ahora las enmiendas se discutirán en la ponencia de la comisión y, si tiene mayoría, se incorporará al articulado.

Madrid prepara la luz verde al Plan Reside, la nueva normativa que redefine el mapa del alojamiento turístico en la capital. La medida más destacada es la prohibición de pisos turísticos dispersos en edificios residenciales dentro del denominado “centro histórico”, donde solo podrán operar en bloques de uso exclusivo. Fuera de esa zona, se permitirá su presencia bajo ciertas condiciones. Uno de los puntos más controvertidos ha sido la exclusión de Tetuán de ese ámbito restringido, pese a las reiteradas peticiones de asociaciones vecinales que reclamaban su inclusión para frenar la presión turística en el barrio.

El Govern catalán ha aprobado el Decreto ley que retrasa la entrada en vigor de la modificación del Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos hasta el primer periodo de liquidación que se abra a partir de la entrada en vigor del decreto. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Sílvia Paneque, ha explicado que la voluntad es dar seguridad jurídica al sector mientras los cambios en la tasa se debaten en el Parlament. Este impuesto duplica, y en algunos casos triplica, el importe de la tasa turística fijada por ley en 2017.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Decreto Estatal del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para el Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración al entender que invade competencias de las comunidades autónomas. Cabello ha destacado que se apoyan en el dictamen del Consejo de Estado que identifica duplicidades de competencias, como ya ocurriera con algunos puntos de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

El pleno del Parlament catalán ha avalado el decreto del Govern que modifica el impuesto de estancias en establecimientos turísticos y ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley, pero ha rechazado otro decreto que modificaba el primero, con el objetivo de que la tasa turística se comience a aplicar en octubre y no el 1 de mayo como estaba previsto. El Govern aprobará el martes un decreto para aplazar la entrada en vigor de la nueva tasa turística. La modificación de este impuesto duplica, y en algunos casos triplica, el importe de la tasa turística fijada por ley en 2017, como las viviendas de uso turístico en toda Cataluña, que pasarán a pagar de 6 a 12 euros por día.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de Sumar que tiene por objeto dar más facilidades a las comunidades de vecinos para limitar el uso de viviendas residenciales como pisos turísticos, una iniciativa que ha salido adelante con el voto a favor del PSOE, la abstención de Vox y el 'no' del PP. De este modo, la Cámara Baja insta al Gobierno a estudiar y adoptar las medidas necesarias para facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral de los acuerdos que adopten las comunidades de vecinos en torno a la limitación de los pisos turísticos. Por ejemplo, a limitar o bonificar los aranceles que se aplican para reducir la carga económica que supone este trámite.