Plusvalía Municipal

La Dirección General de Tributos ha resuelto una consulta hecha por un contribuyente sobre si puede dejar de pagar las cuotas de un fraccionamiento de la plusvalía al haber sido declarada inconstitucional y, por tanto, resulta imposible recaudar este tributo. Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda rechaza esta posibilidad porque la sentencia del Constitucional impide beneficiarse de la declaración de inconstitucionalidad a los que no reclamaron la devolución de la plusvalía antes del 26 de octubre de 2021, fecha en que se hizo pública dicha sentencia.

La Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado cómo deben tributar las empresas promotoras y constructoras en la nueva plusvalía municipal, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó la forma de cálculo de este impuesto. Las compañías deben pagar este tributo cuando compren terrenos para levantar viviendas y posteriormente venderlas.

En 1999 el Gobierno español modificó la normativa que regula la plusvalía municipal, el impuesto que se paga al vender un inmueble y desde entonces los extranjeros no residentes en España quedan liberados de declarar y pagar este tributo. Es decir, el Estado les ha liberado de esta obligación, pero se la traslada, por ley, al comprador. Conviene tener en cuenta cinco cuestiones básicas a la hora de comprar un inmueble a un extranjero no residente, como, por ejemplo, que es posible exigir al vendedor el impuesto pagado.

Europa acaba de condenar a España a indemnizar a aquellos contribuyentes que vean el derecho comunitario vulnerado. Aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sólo cuestiona los requisitos para reclamar en caso de infracción del Derecho europeo, interesa preguntarse si dicha resolución podría abrir la puerta a flexibilizar los requisitos exigidos para reclamar una indemnización cuando se haya vulnerado la Constitución española. En esta situación se encuentran aquellos contribuyentes afectados por la última declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal.

En España, aceptar una vivienda en herencia puede suponer un gasto más que un beneficio. Por ello, a veces, se opta por rechazar el testamento y de ese modo no perder dinero. Para saber si es rentable o no, hay que calcular la cuantía de los impuestos. En este artículo explicamos por qué rechazar una herencia y cómo hacerlo.

Han pasado ya más de siete meses desde que conocimos la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el sistema objetivo de cálculo del impuesto de plusvalía municipal. Y, también, desde que se aprobó el Real Decreto que modificó la forma de cuantificar el citado impuesto, para adecuarla a las exigencias del Constitucional. Es momento de analizar cómo dicha sentencia ha cambiado la forma de reclamar la devolución de la plusvalía pagada, y cuáles son las perspectivas de futuro de la mano de José María Salcedo, socio de Ático Jurídico.

Los contribuyentes que vivan en municipios que no se han adaptado al Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó el impuesto de plusvalía municipal para que sea constitucional están de enhorabuena: podrán reclamar la devolución de este impuesto tan controvertido y que se declaró inconstitucional por su sistema de cálculo. Esta nueva normativa entró en vigor el pasado 10 de noviembre y estableció que en el plazo de seis meses los ayuntamientos debían actualizar su ordenanza fiscal del impuesto. Muchos consistorios no lo han hecho, con lo que se abre una vía para solicitar la devolución de la plusvalía.

Las devoluciones masivas de la plusvalía, seis meses después de la sentencia del Constitucional que tumbaba este impuesto por el método de cálculo, están colapsando a muchos ayuntamientos, según la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL). Pese a que el Gobierno puso en marcha una reforma exprés del tributo, estos funcionarios denuncian la externalización por parte de los consistorios de los servicios de inspección de los tributos locales.

Casi todas las transacciones están gravadas y es difícil escapar del control de Hacienda. Sin embargo, en ocasiones los contribuyentes están exentos de pagar impuestos. En el caso de la venta de una vivienda, las ganancias patrimoniales obtenidas pueden estar exentas cuando el dinero se reinvierta en la compra de otra vivienda habitual o en su rehabilitación o si el vendedor es mayor de 65 años. Eso sí, casi nadie hoy por hoy está libre del pago de la plusvalía municipal, salvo si vendiste en pérdidas.

El cambio normativo para que el impuesto de plusvalía municipal sea legal y constitucional entró en vigor el pasado 10 de noviembre. La norma no tiene efectos retroactivos, con lo que muchos más contribuyentes de lo que espera el Gobierno pueden librarse de pagar este tributo. Ahora la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado los escenarios en los que los contribuyentes deben declarar la plusvalía tras transmitir una vivienda, pero no están obligados a pagar este impuesto. El Supremo, por su parte, da esperanza a los contribuyentes que han reclamado la devolución de este impuesto.

Algunos ayuntamientos de España están exigiendo el pago de la plusvalía municipal sin contar con un acuerdo previo de imposición válidamente publicado y aprobado por el propio Pleno del Consistorio. En este caso, sus ordenanzas estarían obligando a pagar un tributo que legalmente no puede ser exigido. Por eso ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir cuáles son las consecuencias: podría suponer la imposibilidad de cobrar la plusvalía. Te explicamos cómo saber si tu Ayuntamiento está en esta situación.

Algunos tributos municipales son voluntarios para los ayuntamientos, como es el caso de la plusvalía municipal. Esto significa que para que éstos puedan exigirlos a los contribuyentes, debe haber un acuerdo previo de imposición de estos tributos válidamente publicado y aprobado por el Pleno del consistorio. Y algunos ayuntamientos no aprobaron en su momento dicho acuerdo o no lo publicaron en el respectivo Boletín Oficial de la Provincia. En este caso, sus ordenanzas estarían exigiendo un tributo que, por no existir un previo acuerdo de imposición, sería inexigible. Ahora el Supremo decidirá cuáles son las consecuencias para el consistorio que no haya hecho los deberes legales y podría suponer la imposibilidad de cobrar la plusvalía a sus habitantes.

La declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal ha provocado que muchos ayuntamientos hayan devuelto este impuesto con intereses de demora a aquellos contribuyentes a los que se les cobró en función de un sistema objetivo de cálculo ilegal, según el Tribunal Constitucional. Así, aquellos ciudadanos que hayan ganado esta batalla deben saber cómo tributan estas cantidades en el IRPF, en qué ejercicio declararlas y cómo declarar la condena en costas a su favor en caso de haberse producido la victoria en vía judicial.

La Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de protección a las personas huérfanas víctimas de violencia de género ha introducido una modificación en la normativa del impuesto de plusvalía y que tiene efectos desde el 23 de marzo: los hijos de mujeres fallecidas por violencia de género o personas con discapacidad sujetas a patria potestad no estarán sujetos al pago del impuesto de plusvalía municipal a la hora de transmitirse la vivienda habitual.

Revés del Tribunal Supremo a la Administración tributaria. En una reciente sentencia del 17 de febrero de 2022 el Alto Tribunal considera que los informes periciales que elabora la Administración Pública son parciales. Y esto puede afectar a impuestos como la plusvalía municipal o el ITP, donde es frecuente que la Administración aporte informes periciales para obligar a los contribuyentes a pagar más impuestos.

La “nueva” plusvalía municipal aprobada mediante Real Decreto Ley podría ser declarada inconstitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del PP y Vox. Por ello, conviene plantearse recurrir todas las liquidaciones dictadas conforme a la nueva normativa y solicitar la rectificación de todas las autoliquidaciones presentadas para cubrirse las espaldas.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el PP y Vox contra la reforma del impuesto de la plusvalía municipal, en los que ambas formaciones cuestionan el decreto ley aprobado por el Gobierno de coalición y que fue convalidado por el Congreso el pas

El Tribunal Supremo tiene otro asunto entre manos relacionado con impuestos sobre la vivienda.

La nueva regulación de la plusvalía municipal aprobada “in extremis” por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de noviembre trae una desagradable sorpresa para los contribuyentes. En concreto, el Real Decreto-Ley 26/2021 prevé dos alternativas de cálculo de la plusvalía municipal: una objetiva, que es la que se ha estado usando hasta ahora aplicando al valor catastral del terreno el resultado de multiplicar el coeficiente previsto en la ley. Y otra fórmula real que es comparando los valores de adquisición y transmisión del terreno y tributar por la diferencia. Pero el contribuyente debe saber que si quiere usar este último método debe solicitarlo expresamente porque si no, se aplicará el otro método por defecto y puede salir perdiendo.

El Pleno del Congreso ha rechazado las alternativas del PP y Vox para recortar y suprimir, respectivamente, el nuevo Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), el conocido como 'impuesto sobre la plusvalía'. Así las cosas, el proyecto de ley seguirá su curso en el Congreso, donde ahora se podrán presentar enmiendas al articulado, aunque el decreto ley original continúa vigente tras ser convalidado.

Aquellos ayuntamientos considerados de “gran población” que no cuenten con un Tribunal Económico-Administrativo local, tal y como establece la normativa española, están contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo tiene actualmente sobre la mesa aclarar si procede anular las liquidaciones, sanciones, apremios o embargos procedentes de tributos tan importantes como la plusvalía municipal, el IBI, el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Desde que el pasado 26 de octubre de 2021 se diera a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, por la que se declaraba nula la fórmula de cálculo del impuesto de plusvalía municipal, se han escrito ríos de tinta, sobre desde cuándo se debían de aplicar los efectos de dicha sentencia. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala que es una confusa resolución tanto en su contenido, como en el momento de la aplicación de sus efectos: si cuando se dio a conocer, o cuando se publicó en el BOE. Ahora, la Dirección General de Tributos considera que la fecha de los efectos de la famosa sentencia es el 26 de octubre.

PSOE, PRC, UxS y Vox se han unido en la presentación de una moción para exigir la creación del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) por parte del Ayuntamiento de Santander, gobernado por el PP.  Este tribunal debía estar funcionando hace 19 años y su ausencia puede obligar a devolver millones de euros procedentes de impuestos tan importantes como la plusvalía o el IBI.

El Tribunal Supremo tiene un nuevo asunto sobre la mesa que resolver relacionado con los tributos locales. Debe aclarar si procede anular las liquidaciones, sanciones, apremios, embargos o recaudación procedentes de la plusvalía municipal y el IBI y de otros impuestos locales en aquellos ayuntamientos que hayan incumplido la obligación de establecer un Tribunal Económico-Administrativo local, tal y como establece la normativa española. Te mostramos un listado con los consistorios que han incumplido la normativa, como es el caso de Santander, Alicante, Pamplona o Alcalá de Henares.