El cambio climático y, por lo tanto, el incremento del nivel del mar, pondrá a las ciudades costeras en una tesitura de riesgo de cara al futuro. No solo preocupa el ascenso acuático, también las largas sequías que se prevén, el aumento en frecuencia e intensidad de las tormentas y la erosión de la costa. Por ello, la consultora Arup ha desarrollado varias iniciativas para prevenir los daños futuros como diseñar infraestructuras resilientes, construir parques naturales y zonas verdes o buscar soluciones basadas en la propia naturaleza.
El Ministerio para la Transición Ecológica está inmerso en la nueva modificación del Reglamento General de Costas, una regulación que busca paliar el impacto del avance del mar, debido al calentamiento global. Esta normativa está de nuevo en revisión después de que el Tribunal Supremo tumbara parte del texto el pasado enero por un defecto durante su tramitación. Entre sus principales medidas está que el Estado podrá expropiar apartamentos, hoteles o chiringuitos en primera línea de playa, a cambio de ceder a los propietarios (personas o empresas) su uso durante 30 años y, en determinados casos, más otros 30 años prorrogables.
El Gobierno ha aprobado el reglamento que desarrolla la reforma de la Ley de Costas, aprobada en mayo de 2013. El Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, revisa aspectos como los criterios técnicos que son necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre (dpmt).
Greenpeace alerta de la cantidad de suelo declarado como urbanizable en los municipios del litoral.
El consejo de ministros tiene previsto analizar hoy el anteproyecto elaborado por el ministerio de medio ambiente en el que se recoge, entre otras cuestiones, una reforma de la ley de costas.
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